Por Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
La crisis climática es una realidad innegable que está alterando significativamente los patrones climáticos en todo el planeta. Uno de los fenómenos más destructivos asociados a este cambio es la creciente frecuencia e intensidad de las trombas de agua, que a su vez han agravado el impacto de las riadas u otros efectos en diversas comunidades del Estado español, y, entre ellas, Euskad. Pero, también están otros fenómenos como la sequía.
Como cada año, la asociación británica internacional Christian Aid -formada por movimientos civiles, iglesias y organizaciones locales-, ha publicado el informe “Contando el coste 2023: Un año de colapso climático” con el impacto económico de los diferentes desastres climáticos que han azotado el planeta. Un listado con el que la entidad quiere concienciar sobre las consecuencias que tienen los distintos fenómenos asociados a la crisis climática no sólo para el medio ambiente y los seres humanos, sino también para el bolsillo de las y los ciudadanos.
La clasificación de los 20 desastres climáticos más costosos de 2023 incluye episodios en 14 territorios (Chile, China, España, Haití, Italia, Libia, Malawi, México, Myanmar, Nueva Zelanda, Perú, Vanuatu, el archipiélago estadounidense de Hawái y la isla estadounidense de Guam), algunos de ellos -por tamaño, geografía u otros factores- más propensos a experimentar catástrofes naturales.
En el caso del Estado español, según el citado informe, la sequía se situó en 2023 entre los diez desastres naturales ocasionados por el cambio climático que más caros salieron a los habitantes de las zonas afectadas, dentro de una clasificación mundial de 20 eventos entre ciclones, inundaciones e incendios. En concreto, ocupa el noveno lugar y costó a cada ciudadana y ciudadana 45,5 euros, lo que eleva el coste total a más de 2.100 millones.
Aunque el informe se refiere a la situación concreta del pasado mes de abril y en Cataluña, donde subraya que fue necesario imponer restricciones de consumo en 22 localidades, el cálculo se hace con respecto a toda la población del Estado español, porque durante todo el año se han sucedido fenómenos relacionados con el calentamiento y la falta de agua, como temperaturas inusualmente elevadas fuera del verano, como la que hizo que el 26 de abril se registraran 38,8 grados en el aeropuerto de Córdoba y que la falta de agua afectara de forma generalizada a la producción agrícola.
En lo que respecta a Euskadi, la situación es bastante diferente entre la vertiente cantábrica y mediterránea, y, en esta última, en la zona sur de Álava, las consecuencias de la sequía en 2023 ha ocasionado problemas en el pasto para el ganado, además de merma en la cosecha de los distintos cultivos del territorio.
El futuro tampoco es muy halagüeño, ya que, según los estudios y los datos que maneja el Gobierno vasco, se prevé una reducción anual de la precipitación y, especialmente, durante los meses de verano, que en nuestro caso se calcula entre un 15 y un 30% para el escenario de final del siglo XXI. Las temperaturas máximas extremas a fin de siglo podrán subir entre 1,5º C y 4º C y las mínimas entre 1 y 3º C. Este aumento térmico podría conllevar una mayor evapotranspiración,y, por tanto, pérdida de agua.
Pero siguiendo con el informe de la organización internacional de desarrollo Christian Aid (https://www.christianaid.org.uk/resources/our-work/counting-cost-2023-year-climate- breakdown), los datos que forman parte de él cada año sobre el impacto económico que tienen para las personas directamente afectadas por los mayores eventos climáticos relacionados con el calentamiento global tratan de concienciar de que el cambio climático tiene un impacto muy directo en la población mundial. En este caso, se cuantifica mediante el coste per cápita de las zonas afectadas por los 20 eventos climáticos extremos más costosos para las poblaciones que los sufren directamente.
“Estimar los impactos económicos de los desastres climáticos es una manera de entender el coste de la crisis climática”, ha explicado el director ejecutivo de Christian Aid, Patrick Watt. La organización recuerda, asimismo, que las cuantías económicas varían según las condiciones del país en que tenga lugar el evento climático. “Los desastres son peores para aquellos países que no pueden soportarlos debido a hogares menos resistentes, donde muchas personas trabajan en la agricultura vulnerables a las condiciones climáticas extremas y lugares que carecen de inversión gubernamental en prevención o reconstrucción”.
El coste para cada habitante de estos eventos climáticos extremos es muy relativo en función del número de personas que se toman en cuenta y de la proporción que representan dentro de la renta media en cada lugar. Así, los incendios de Hawai ocupa la primera posición en cuanto a coste per cápita, pero si la clasificación hubiera sido por parte de la población afectada, habría quedado por delante el ciclón de Malawi, los de Mexico, las de Miambar o las inundaciones de Libia.
Tampoco representa lo mismo un coste de 40-50 euros por persona en el Estado español, Italia o Estados Unidos que en lugares como Haití. Si se tiene en cuenta el coste de cada crisis climática por el PIB del país en el que ocurrió, los casos más graves serían los de Vanuatu, Guam, Myanmar, Malawi, Libia, Haití, Nueva Zelanda y Perú.
Es lo que la organización británica Christian Aid llama «la lotería mundial del código postal», que hace que «los desastres son peores para los países que son incapaces de afrontarlos porque tienen casas menos resistentes, más gente empleada en agricultura más vulnerable al clima extremo y lugares con falta de inversiones estatales para prevenir y reconstruir».
En fin, este informe u otros confirman que el cambio climático ha llegado a nuestras puertas, y, nos señala la necesidad imperiosa de redoblar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático con la mitigación, entendida como la intervención humana para reducir las fuentes de emisión o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI), que es imprescindible, pero insuficiente en la situación de emergencia climática en que estamos, y, que, por tanto, la adaptación, entendiéndola como el proceso de ajuste al clima actual o esperado y a sus efectos, se convierte en inevitable y de prioridad absoluta.
