Por Alberto Infante Campos, Daniel López-Acuña y José Martínez Olmos
El notable aumento en la incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en este invierno y la consiguiente presión asistencial que ello genera en el conjunto del sistema de salud es un problema de salud pública prioritario que requiere una respuesta de Estado clara, contundente y cohesionada no solamente para lo que resta de la temporada invernal sino también para los próximos años. Una respuesta anticipatoria y no reactiva. Y esto tiene que ser analizado desde ya, a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID y de las ultimas dos temporadas otoño-invernales en las que nos hemos visto golpeados por una tripledemia de virus respiratorios.
No basta con responder asistencialmente al problema cuando ya es demasiado tarde para prevenir y es poco lo que puede hacerse para mitigar sus estragos. Hay que adelantarse a los acontecimientos y adoptar estrategias preventivas con fundamento epidemiológico que protejan la salud de las personas además de contar con planes de contingencia sólidos, tanto autonómicos como estatales, para reforzar la capacidad asistencial durante los periodos críticos durante los que tenemos que lidiar con esta incidencia incrementada y su correspondiente presión asistencial.
Por ello resulta acertado que el Ministerio de Sanidad lleve próximamente al Consejo Interterritorial de Salud una serie de propuestas para hacer frente a lo que queda de temporada invernal 2023-2024 y, sobre todo, para consensuar medidas que permitan prevenir la ola epidémica del próximo otoño-invierno 2024-2025 y de los años sucesivos, frenar los contagios que puedan producirse y mitigar el impacto asistencial que pueda tener la tripledemia que venimos sufriendo desde el 2022.
Este año hemos enfrentado una situación critica en la que la incidencia de IRA alcanzó, en la semana 52 de 2023, casi mil casos por cada cien mil habitantes, tal como lo indica el informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Centinela de IRA (SIVIRA) que elabora el Instituto Carlos III con la colaboración de todas las CCAA. Una incidencia que, si bien ha tenido un pequeño descenso promedio para todo el país, situándose alrededor de los 930 casos por cien mil en la primera semana del 2024, aun muestra cifras superiores a los 1000 en siete CCAA (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana y Navarra).
La positividad para la gripe A en las detecciones realizadas ha llegado a casi el 50 por ciento, el número de casos de esta enfermedad se ha multiplicado por 10 en las últimas seis semanas. Y a ello se suman los casos de COVID que no son pocos y están además subestimados, así como los de Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y los del catarro común.
En años prepandémicos teníamos en el invierno una incidencia elevada de gripe estacional pero no estaba presente el SARS COV 2. Después, durante las fases más agudas de la pandemia no tuvimos este problema porque, desde 2020 hasta bien avanzado el 2022, el uso amplio de la mascarilla ayudó a prevenir los contagios y dio por resultado una incidencia mucho menor del conjunto de las infecciones respiratorias agudas.
Durante el invierno 2022-2023 tuvimos un recrudecimiento de las IRA que dio lugar a una primera tripledemia, aunque entonces había mejor cobertura de vacunación contra Influenza y COVID que en este. Es decir, el aumento de las IRA durante este invierno 2023-2024 no solo se debe a las condiciones climatológicas invernales. Obedece también a una insuficiente cobertura de vacunación contra COVID, Gripe Estacional y VRS, agravada por la disminución del uso de la mascarilla en espacios de alto riesgo de contagios.
Al adoptar estrategias pasivas de vacunación esperando a que los grupos diana pidieran cita a los centros de salud y no acometer una campaña masiva de vacunación llamando pro activamente a la gente, los sistemas de salud autonómicos cometieron un gran error que ha llevado a tener coberturas muy bajas. Esto debe ser revertido de inmediato y hay que seguir impulsando en los próximos días la vacunación, incluyendo la vacunación de los niños contra la Influenza y contra el VRS. Y sin descuidar la vacunación contra COVID con la nueva formulación de vacuna contra las nuevas variantes del virus ya que todavía restan cuando menos dos meses de temporada invernal.
Cabe resaltar que en septiembre del 2023 el Consejo Interterritorial adoptó por consenso una actualización de las “Recomendaciones de Vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en la temporada 2023-2024”. Sin embargo, en parte por inacción de los sistemas de salud autonómicos y estatal, y en parte por la parálisis causada por el largo proceso que hubo que recorrer hasta llegar a la investidura de gobierno, estas recomendaciones no fueron implementadas con la celeridad y la contundencia necesarias. Y, sobre todo, no fueron acompañadas de las potentes campañas de comunicación estatal y autonómicas necesarias para lograr buenas coberturas.
Es importante señalar que este incremento de las IRAs no es exclusivo de España. Ya el 15 de diciembre del 2023 el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) publicó dos informes que señalaban la presencia de este problema en toda Europa. En ellos se hacía un llamado muy enfático a elevar las coberturas de vacunación, a reforzar los sistemas de atención sanitaria y a emprender acciones de salud pública tales como el uso de la mascarilla en espacios de alto riesgo para mitigar el impacto de los patógenos respiratorios durante la temporada invernal en toda Europa.
De todo lo anterior se desprende que las dos medidas fundamentales que pueden adoptarse en este momento, para las que existe sobrada evidencia científica, son: a) la reintroducción obligatoria del uso de la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios, y b) el incremento en la cobertura de vacunación contra Influenza, COVID y VRS. Ambas están ampliamente recomendadas por el ECDC y por la OMS.
Reintroducir la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios mientras dure la temporada invernal para reducir contagios y proteger a personas vulnerables no debería ser objeto de posturas políticas antagónicas que no están fundadas en la evidencia científica y que en el fondo atentan contra la salud de las personas. Por ello, consideramos un acierto que el Ministerio de Sanidad haya implantado la obligatoriedad del uso de la mascarilla en ámbitos sanitarios, tras el Consejo Interterritorial del lunes 8 de enero, yendo más allá de la sola recomendación.
Una respuesta integral de salud pública y de planificación de las contingencias asistenciales posibles ante el incremento considerable de las IRAs implica:
a) reintroducir la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios,
b) intensificar las acciones de vacunación para alcanzar mayores coberturas contra COVID, Gripe Estacional (Influenza) y VRS,
c) intensificar las medidas de higiene como lavado de manos y uso de gel hidroalcohólico,
d)recomendar con firmeza el uso de mascarillas en el transporte público, en aglomeraciones y en espacios cerrados mal ventilados,
e) Intensificar la comunicación y la pedagogía social para que tanto las personas afectadas por IRA como las personas vulnerables e inmunosuprimidas, usen mascarilla para no contagiar o para protegerse,
f) alentar de forma activa a que la población diana se vacune, y
g) organizar los circuitos asistenciales en los picos de la epidemia reforzando los enfoques de relación entre profesionales y pacientes de forma virtual (videollamadas, contactos telefónicos) incorporando más a la enfermería en la gestión de la demanda y aprovechando el potencial de la farmacia comunitaria, entre otras medidas posibles, además de gestionar bajas laborales de forma automática mediante la acreditación de un test positivo tanto en consulta como en las propias farmacias comunitarias a fin de descargar la presión asistencial de las consultas de atención primaria.
El escenario más probable durante las temporadas otoño-invernales en los próximos años es que sigamos viendo una tripledemia de Gripe Estacional, VRS y COVID, lo que unido a la prevalencia del resfriado común implicará un importante riesgo de saturación del sistema sanitario, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Por ello debemos adelantarnos a los hechos y tener planes de contingencia para el reforzamiento de la asistencia sanitaria durante esos periodos, así como diseñar estrategias eficaces de vacunación con una perspectiva de salud pública y no solo de atención individual.
La magnitud, severidad y trascendencia de futuras tripledemias en años venideros dependerá de la protección que logremos con buenas coberturas de vacunación, de la prontitud con que vacunemos en el otoño, de la adopción de medidas de salud pública como la reintroducción del uso obligatorio de mascarilla en espacios de alto riesgo de contagio y de alta densidad de población vulnerable y población enferma, así como de la adecuada preparación de los sistemas de atención sanitaria para enfrentar los picos de demanda de atención.
Debemos aprender las lecciones que nos han dejado la pandemia de COVID y la tripledemia de este año. Por tanto, desde nuestro punto de vista, no más tarde que en septiembre del 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debería adoptar una estrategia estatal eficaz y temprana para hacer frente a la temporada otoño invernal del 2024-2025. Lo cual implica adoptar un plan de contingencia que incluya: un reforzamiento de la atención primaria y de la atención hospitalaria para atender las IRA; una estrategia proactiva de vacunación que logre tempranamente coberturas adecuadas de vacunación contra la Gripe, la COVID y el VRS; un protocolo para adoptar la re introducción del uso de la mascarilla en espacios de alto riesgo de transmisión y de concentración de población vulnerable durante la temporada otoño invernal; así como una potente estrategia de comunicación, de pedagogía social y de educación sanitaria que informe y sensibilice a la población y a los profesionales de la salud, alentando la vacunación oportuna y despejando dudas y temores. Lo importante es que esto sea una política de Estado y que las autonomías, sin importar el signo político de sus gobiernos, no se opongan simplemente por afán de protagonismo o por llevar la contraria, que todos pongan por delante la salud de la población.
