El viernes 22 de marzo se celebró una vez más el Día Mundial del Agua, en esta ocasión bajo el lema «Agua para la paz», que viene como el anillo al dedo. La escasez de agua, la mala gestión y el control por la misma ha llevado a provocar tensiones y conflictos entre países y regiones, a lo que hay que añadir el cambio climático.
Es bien sabido que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para la vida de todos los seres vivos del planeta, incluido el bienestar humano. Por eso garantizar el acceso al agua es un derecho humano básico. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno goce de la vida y de todos los derechos humanos». Sin embargo, este acceso justo al agua potable y saneamiento sigue siendo un desafío diario para millones de personas en todo el mundo.
El pasado lunes 18 de marzo, el Congreso de Diputados acogió una jornada organizada por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, para denunciar la utilización del agua en conflictos como Palestina, Siria o Ucrania. Tal y como se relata en la revista especializada en estos temas “Climática”, intervino entre otras personas, Nadua Abu Ghazalah, de la diáspora palestina. Esta activista narró con datos y cifras el “apartheid hídrico” que Israel está cometiendo en Gaza en paralelo a los bombardeos y los miles de asesinatos. Aseguró que la “población palestina sufre una constante vulneración del derecho humano al agua” por parte del Estado ocupante de Israel, y se está vulnerando el “principio de no discriminación” al darle un trato preferente a la población israelí.
Contó que en Palestina existe cierta abundancia de agua gracias a los acuíferos del Valle de Jordán. Sin embargo, desde la ocupación de 1967, las autoridades israelíes les han negado a los palestinos el acceso al agua a través de “estrictas políticas de control”.
Y finalizó: “Gaza está experimentando una grave emergencia hídrica por esta situación. La sed y el hambre son extremas. Ya son 27 los casos reportados de muertes por desnutrición y deshidratación, de los cuales 23 son niños. El plan es claro: hacer insostenible la vida de los palestinos”.
La voz institucional de la actividad la aportó Pedro Arrojo, histórico dirigente de los movimientos sociales en Aragón, creador de la Fundación Nueva Cultura del Agua en Zaragoza y actual relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
“Lo de Gaza -dijo- nos tiene a todos sobrecogidos. Se está usando el agua como un arma contra la sociedad civil. Pone los pelos de punta imaginar los enormes sacrificios que están haciendo víctimas inocentes, sobre todo mujeres y niños”.
Pero sin irnos tan lejos Europa también tiene sus conflictos por el agua. Es el caso del Estado español, donde la problemática del agua es muy grave, ya que existe un alto riesgo de desertificación y sequía en amplias zonas, que afronta crecientes demandas de agua para usos agrícolas, industriales y urbanos. Y, ello provoca enfrentamientos entre comunidades, y se está produciendo una sobreexplotación de los recursos hídricos existentes, o su contaminación y pérdida definitiva del recurso.
Precisamente, la Comisión Europea decidió llevar al Estado español ante los magistrados europeos en diciembre de 2022 por la “deficiente” respuesta ante el exceso de nitratos en, especialmente, las aguas subterráneas. Esos nitratos llegan allí tras haber sido aplicados como fertilizantes en los cultivos y por los desechos de la cabaña ganadera, sobre todo por la gran producción de estiércol del sector porcino. Ahora, el Tribunal ha decidido que España ha incumplido la ley de Calidad de Aguas al no implantarse todas las medidas obligatorias en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid además de no aplicarse acciones reforzadas en las tres primeras comunidades anteriores más la Región de Murcia.
También el cambio climático ya está teniendo importancia en los conflictos por el agua. El aumento de las temperaturas, la alteración de los patrones de precipitaciones y la mayor frecuencia e intensidad de sequías e inundaciones afectan ya a la disponibilidad y distribución del agua. De nuevo esto provoca problemas y tensiones por los cada vez más exiguos recursos hídricos.
En el caso de Navarra, las políticas de gestión del agua hasta ahora han creado una serie de problemas ambientales y conflictos sociales de cierta importancia, como una peor situación de los ríos y acuíferos con pérdida de biodiversidad, derroche de fondos públicos en beneficio del interés privado de unos pocos, como es el caso del recrecimiento del embalse de Yesa, privatización de grandes volúmenes de agua para riego,……, a lo que hay que añadir la crisis climática.
También hay que decir que ha habido algunos aspectos positivos, por ejemplo, en cuanto a los abastecimientos urbanos, con el Plan Director del Ciclo Integral del Agua del Uso Urbano 2019-2020, aunque mantiene una cierta continuidad con las políticas de gestión de la oferta, y la gestión del territorio fluvial y las inundaciones que han facilitado algunas actuaciones positivas, con el proyecto Life Ebro Resilience, a través de medidas de prevención, que eviten un incremento del riesgo de inundación; de protección, que disminuyan el riesgo ya existente; de preparación, que minimicen los daños que se producen en los episodios de inundación; y de recuperación, que permitan volver a la normalidad lo antes posible.
En el caso de Euskadi, si bien la situación es algo diferente, los estudios realizados indican que los recursos hídricos decrecerán debido a la crisis climática y será necesario adaptarse a la nueva realidad climática. Sí, que en lo que respecta al abastecimiento urbano se están haciendo los deberes, y habrá que seguir en esta linea, como he señalado en algún artículo anterior, ya que en la actualidad nuestra comunidad tiene el consumo de agua más bajo por habitante y día de todo el Estado español, con 97 litros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pero en el camino hacia una transición hídrica más justa ante la emergencia climática, es necesario introducir soluciones basadas en la naturaleza, máxima coordinación entre las respectivas administraciones y participación de los sectores sociales y ciudadanos en las políticas del agua, y una gestión adaptativa que se vaya ajustando a los cambios que nos está imponiendo el cambio climático. Soluciones basadas en la naturaleza, que permiten mejorar el uso de los recursos hídricos, y, que se trata de infraestructuras verdes y medidas naturales, que pueden complementar a las infraestructuras “grises” tradicionales y reducir los costes totales de los servicios de agua tanto en las ciudades como en el medio rural.
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
