El lunes 4 de marzo, la directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, presentó un informe titulado “Hechos, no falsificaciones: abordar la desinformación y fortalecer la integridad de la información”. El objetivo del documento es proporcionar un marco para desarrollar políticas que puedan combatir la desinformación en sociedades democráticas.
“El informe es un hito para la OCDE y presenta la primera evaluación completa de cómo los países están adoptando políticas y procesos y están creando instituciones para abordar este desafío”, dijo Pilichowski durante la presentación. Luego, agregó: “También describe un marco integral para fortalecer la integridad de la información. Este marco identifica muchas acciones que se pueden tomar y muchos actores que deben involucrarse: medios de comunicación, redes sociales, periodistas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y, en última instancia, ciudadanos”.
A continuación, el resumen ejecutivo del informe, al cual pueden acceder haciendo clic acá.
Resumen ejecutivo
En las sociedades democráticas, caracterizadas por la libertad de expresión y los debates abiertos como forma de alcanzar consenso en todos los niveles de la sociedad, la búsqueda de la integridad de la información es clave para la capacidad de las sociedades de mantenerse unidas. Para permitir un debate democrático informado se necesita acceso a diversas fuentes de información, fuentes de noticias múltiples e independientes y un discurso libre y abierto.
Ahora se reconoce ampliamente que la difusión de información falsa y engañosa, a veces difundida deliberadamente para engañar o inducir a error, desdibuja los debates públicos y alimenta la polarización, erosionando más ampliamente el tejido social de las sociedades abiertas. Las experiencias que no han hecho más que acelerarse en los últimos años muestran que las campañas de desinformación, orquestadas estratégicamente por actores nacionales o extranjeros, pueden tener consecuencias de gran alcance en muchas áreas políticas que van desde la salud pública hasta la seguridad nacional o la respuesta a la crisis climática. Ponen en duda la evidencia fáctica y agravan las divisiones sociales existentes, lo que dificulta la construcción del consenso social esencial para abordar desafíos políticos complejos.
La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero la digitalización ha cambiado fundamentalmente su alcance e impacto. Las tecnologías de la comunicación ahora permiten que cualquier persona con una conexión a Internet produzca y distribuya contenido, pero sin la responsabilidad de adherirse a la ética y los estándares periodísticos o académicos y científicos, construidos durante mucho tiempo para favorecer la integridad de la información.
Si bien esta mayor accesibilidad proporciona un acceso sin precedentes al conocimiento, puede fomentar la participación ciudadana y la presentación de noticias innovadoras, también proporciona un terreno fértil para la rápida difusión de información falsa y engañosa. El desarrollo del uso de la Inteligencia Artificial generativa magnificará aún más este desafío.
Por el lado de la oferta, los incentivos económicos de la viralidad y los algoritmos de recomendación frecuentemente priorizan el valor de la información como mercancía, más que como bien público. Esto se produce a expensas del periodismo de calidad, que ya enfrenta crecientes presiones económicas y entornos de alto riesgo. Por el lado de la demanda, estas nuevas tecnologías responden cada vez más a los impulsores psicológicos y conductuales que sustentan la forma en que las personas buscan, procesan y consumen información.
Muchos países han comenzado a examinar la idoneidad de las políticas e instituciones existentes para abordar eficazmente las realidades actuales y futuras de un entorno de información en rápida evolución. Es necesario actuar para contrarrestar la amenaza que plantea la creciente desinformación; al mismo tiempo, esta acción no debe conducir a un mayor control de la información en nuestras democracias.
Esta nueva realidad ha actuado como catalizador para que los gobiernos exploren más de cerca los roles constructivos que pueden desempeñar para reforzar la integridad del espacio de la información, es decir, cómo apoyar entornos de información que conduzcan a la disponibilidad de información precisa, basada en evidencia y fuentes de información plurales y que permitan a las personas estar expuestas a una variedad de ideas, tomar decisiones informadas y ejercer mejor sus derechos. Defender la integridad de la información es esencial para salvaguardar la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas.
La creciente apreciación de los países por la necesidad de actuar en este nuevo entorno de información pone de relieve la necesidad de hacer un balance urgente de las prioridades políticas emergentes y establecer un camino para la acción. Por lo tanto, este informe es una primera evaluación de referencia que presenta cómo los gobiernos están mejorando sus medidas de gobernanza y su arquitectura institucional para apoyar un entorno propicio donde la información confiable pueda prosperar, al tiempo que garantiza la protección vigilante de la libertad de expresión y los derechos humanos. También examina las sinergias entre diferentes dimensiones de políticas para proporcionar una mejor comprensión de las condiciones que contribuyen a la integridad de la información. Si bien el informe describe las prioridades y acciones políticas de los países, también busca avanzar en el debate sobre las recomendaciones de políticas.
Aunque los contextos de los países son diferentes, el informe destaca áreas comunes de preocupación y acción. En primer lugar, los gobiernos pueden seguir cambiando su enfoque de políticas ad hoc para contrarrestar las amenazas de desinformación a un enfoque más sistémico que fortalezca la integridad de la información de manera más amplia, apoyándose en todos los actores de la sociedad. Los gobiernos deben garantizar que sus políticas estén coordinadas, basadas en evidencia y evaluadas periódicamente para medir su eficacia. En este sentido, será importante identificar plazos para la acción y evaluación de políticas. Por ejemplo, las acciones políticas, como responder a las crisis inmediatas de desinformación, especialmente durante los períodos electorales, deben desarrollarse en paralelo con otras respuestas políticas, como invertir en la resiliencia social, destinadas a abordar las causas profundas del problema en juego.
Finalmente, como los flujos de información no conocen fronteras, los gobiernos no pueden resolver este problema por sí solos. El aprendizaje entre pares puede contribuir a mejores políticas en países democráticos que enfrentan problemas similares. Además, fortalecer la integridad de la información también requerirá que todos los actores en la primera línea de los sistemas de información –es decir , el sector privado, los medios de comunicación, el mundo académico y la sociedad civil– asuman sus responsabilidades y actúen juntos en apoyo de la integridad de la información.
Este informe presenta un marco analítico para guiar a los países en el diseño de políticas, considerando tres dimensiones complementarias:
Implementar políticas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de fuentes de información : esto incluye promover políticas que apoyen un sector de medios diverso, plural e independiente, con un énfasis necesario en el periodismo local. También comprende políticas que pueden utilizarse para aumentar el grado de responsabilidad y transparencia de las plataformas en línea, de modo que su poder de mercado y sus intereses comerciales no contribuyan desproporcionadamente a la desinformación vehicular.
Fomentar la resiliencia de la sociedad ante la desinformación : esto implica empoderar a las personas para que desarrollen habilidades de pensamiento crítico, reconocer y combatir la desinformación, así como movilizar a todos los sectores de la sociedad para desarrollar políticas integrales y basadas en evidencia en apoyo de la integridad de la información.
Mejorar las medidas de gobernanza y las instituciones públicas para defender la integridad del espacio de la información: Esto implica el desarrollo y la implementación, según corresponda, de capacidades regulatorias, mecanismos de coordinación, marcos estratégicos y programas de desarrollo de capacidades que apoyen una visión y un enfoque coherentes para fortalecer la integridad de la información dentro de la administración pública, garantizando al mismo tiempo mandatos claros y el respeto de las libertades fundamentales. También implica promover el aprendizaje entre pares y la cooperación internacional entre democracias que enfrentan amenazas de desinformación similares.
El objetivo de este marco emergente es avanzar en la conversación y desarrollar un lenguaje común para una orientación política práctica. Al generar comprensión sobre cómo son las respuestas políticas exitosas, este marco puede desempeñar un papel constructivo al informar el diseño y la implementación de políticas, así como servir como base para medir el progreso en esta área.
