Por Jaume Collboni y Denis Itxaso. Alcalde de Barcelona y líder de la alianza ‘Mayors for Housing’, y consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.
La política que escucha –y corrige– vale más que la que promete –y frustra–
Sábado, 14 de febrero 2026, 08:19
La vivienda es probablemente uno de los ámbitos de la gestión pública que exige un mayor depósito de confianza por parte de la ciudadanía. Los dilatados plazos de maduración de cualquier proyecto residencial superan con frecuencia el periodo de una legislatura y hacen difícil creer que esas propuestas vayan a ver la luz, o que lo hagan a tiempo de impactar favorablemente en el momento vital en el que más falta hacen.
Comprender esta circunstancia es esencial para construir una política empática y creíble. El derecho de las clases medias a una vivienda asequible es hoy el punto crítico en el que se juega buena parte del crédito del modelo social europeo. El populismo ha olfateado que un eventual fracaso de estas políticas puede desencadenar la frustración que precede al derrumbe de la confianza en el sistema democrático.
La crisis habitacional está, además, atravesada por múltiples factores que condicionan la percepción social del problema, dificultando su gestión. Hemos asistido al auge de discursos que relacionan migración con escasez de vivienda, mensajes diseñados para apuntalar las tesis delirantes del «gran reemplazo». Europa conoce bien las devastadoras consecuencias que estos enfoques han tenido en nuestro pasado reciente. Ignoran deliberadamente la crisis demográfica que padece el continente y distorsionan el debate apelando a bajas pasiones. El recurso al miedo puede ser eficaz cuando lo que se busca no es resolver los desafíos, sino impedir que se aborden de forma racional. Pero no nos engañemos, la capacidad del populismo para atemorizar y señalar presuntos culpables no está nunca a la altura que requieren las soluciones al problema, y tampoco lo pretenden.
Las causas de fondo por las que el número de hogares en Europa crece más rápido que la construcción de nuevas viviendas son mucho más complejas: longevidad creciente, un modo de vida más individualista, excesiva burocracia urbanística, concentración en áreas metropolitanas, mayor movilidad laboral o un sector de la construcción falto de mano de obra. Son vectores estructurales, difíciles de revertir y mucho menos rentables en términos de polarización política.
El extraordinario foco que ha adquirido la emergencia habitacional convierte esta cuestión en un escenario tentador para discursos simplistas. A menudo asistimos a planteamientos carentes de contraste técnico que sólo añaden incertidumbre o formulan promesas irresponsables, prácticas dañinas que alimentan la desconfianza y el descrédito sobre los que algunos pretenden construir su proyecto político. Por eso son imprescindibles la planificación rigurosa, las reformas legales, el aumento sostenido de la inversión y una gestión urbanística más ágil. La política que escucha —y corrige— vale más que la que promete —y frustra—.
En este marco adquiere pleno sentido el Plan Europeo de Acceso a la Vivienda, orientado a resolver los cuellos de botella que frenan la puesta en marcha de nuevos desarrollos residenciales. En la misma dirección, desde Euskadi y Barcelona trabajamos en reformas legales para aligerar la burocracia urbanística, la aplicación de zonas tensionadas y nuevos vehículos financieros de inversión que impulsen más vivienda.
En el reciente Congreso Internacional sobre zonas tensionadas House Action celebrado en San Sebastián, reivindicamos al unísono el derecho a permanecer en nuestras ciudades. La política democrática tiene en la garantía de ese derecho, uno de sus desafíos de mayor envergadura. Legitimar lo que hacemos exige ofrecer resultados en un horizonte próximo y desplegar procesos comunitarios de escucha genuina en los que, más allá de construir casas, colaboremos con los barrios para fortalecer su vida colectiva. El derecho a una vivienda digna, entendido en sentido amplio, implica atender todo lo que contribuye a mejorar la calidad de vida: servicios comunitarios, comercio de proximidad, conectividad, cuidado del espacio público. Esta mirada es especialmente útil cuando se plantean nuevos desarrollos, ante los que no es extraño que surja resistencia vecinal por miedo a la masificación o por incertidumbre hacia quienes llegarán.
La vivienda es un elemento clave para hacer frente al miedo y a los populismos, un nuevo pilar del estado del bienestar cuyo retorno social impacta en la etapa productiva de la vida, y la demostración de que la democracia social es útil en la consecución de los proyectos vitales.
La democracia, en definitiva, se pone a prueba en lo cotidiano: en la espera del ascensor, en la plaza con sombra, en la renta que debe pagarse a final de mes. Albert Camus escribió que «la verdadera generosidad con el porvenir consiste en darlo todo al presente». Darlo todo hoy en vivienda es invertir en confianza cívica para mañana. Si el hogar es el primer bien común, protegerlo –con empatía, método y constancia– es quizá la manera más concreta de proteger nuestra democracia.