Por Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino
Abuso de las obligaciones de transparencia
Las obligaciones de transparencia tienen su origen en los principios de gobierno abierto surgidos e impulsados por Obama, y organizaciones internacionales como Transparencia Internacional o la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, entre otras.
No se puede obviar que el impulso de la transparencia nace como lucha contra la corrupción y para la rendición de cuentas que impulse el control ciudadano de la actividad pública. Así, en España, desde la legislación básica y las leyes autonómicas se ha regulado el derecho de acceso a la información pública y las obligaciones de publicidad activa de la información que puede ayudar a ambas finalidades, al control de las actuaciones de los gestores públicos y también para que la información contribuya a conformar una opinión en la ciudadanía que active su implicación en la vida pública.
Sin ánimo de extenderme en ello, pero como evidencia de lo que expongo, debo hacer referencia al preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, donde se recoge claramente que:
“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.”
Así las cosas, las obligaciones de publicidad activa tienen que ver con cómo se organiza la administración (sus órganos colegiados, las ofertas de empleo público, los bienes muebles e inmuebles y de valor artístico que poseen, las cartas de los servicios que prestan …), con sus cargos públicos (sus salarios y registro de bienes, su agenda de actividad…), con la planificación de su actividad, de su producción normativa, de los presupuestos que gestiona (incluyendo la deuda pública, datos sobre la estabilidad presupuestaria…), de los contratos y convenios que suscribe, de las subvenciones que otorga, y también con información medioambiental relevante y de ordenación urbanística…
En materia de transparencia, sobre la legislación básica las comunidades autónomas han ido ampliando sus obligaciones de publicación sobre los ámbitos mencionados anteriormente, y también con información interesante para fomentar la sociedad del conocimiento, como por ejemplo la difusión de los resultados de proyectos de investigación financiados con fondos públicos en formatos abiertos, de forma que puedan ser reutilizados y explotados.
Reitero que el principio de transparencia pública, que debe estar bajo los principios de veracidad y objetividad, persigue que la ciudadanía pueda conocer las decisiones de los responsables públicos: cómo se adoptan las mismas, cuáles son los objetivos perseguidos o la finalidad para la que se dictan, qué medidas se van a implementar, en su caso, para llevar a cabo lo decidido, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables.
Ello va unido a la finalidad de que, con una comunicación y un diálogo de calidad con los ciudadanos y las ciudadanas se facilita su participación y colaboración en las políticas públicas, imprescindible para un buen gobierno.
¿Pero qué grado de veracidad, objetividad y transparencia, contiene la publicación aislada del origen de los detenidos en una actuación policial?
Personas expertas en la materia y en criminología coinciden en que el origen étnico o la nacionalidad apenas explica nada cuando se pretende analizar las causas de la delincuencia. Lo determinante no es el origen de las personas delincuentes sino los factores sociales como la pobreza, la exclusión, las familias desestructuradas o el fracaso escolar, que sí correlacionan con la comisión de actos delictivos.
Las entidades que trabajan con la población inmigrante muestran su gran preocupación por el efecto que puede tener la publicación de esta información aislada en la percepción pública, estigmatizando y atribuyéndoles un vínculo con la delincuencia. Además de resultar imprescindible vincular el análisis de la información de origen con estos factores sociales, que son la verdadera causa de los actos delictivos, también se requerirían datos sobre si los detenidos terminan resultando condenados, el tipo y el grado del delito cometido, si ha habido o no cumplimiento de la condena … etc. Y estos análisis requieren rigor y profesionalidad para obtener resultados válidos y fiables.
Además, no es verdad que no se publique información sobre delitos, ya que por ejemplo el Portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico
publica trimestral y anualmente información abundante sobre cibercriminalidad, delitos de odio, sobre la propiedad industrial, o la propiedad intelectual, violencia contra la mujer, infracciones por hechos vinculados con armas o explosivos, con drogas y con la seguridad ciudadana.
En el caso del uso de los servicios sanitarios por las personas inmigrantes, resulta evidente la intencionalidad poco ética de inferir un consumo no equilibrado con su contribución al ingreso público. Sobre esto también resultaría imprescindible añadir variables como su procedencia de entornos de pobreza, su nivel de ocupación, su verdadera contribución al sistema de la seguridad social etc… Y sobre ello hay ya muchas estadísticas y análisis a las que los interesados pueden acceder con rigor.
Entre otras muchas tenemos la Encuesta Nacional de Salud que proporciona abundantes datos que sirven a revistas profesionales como la de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que concluye en el año 2025 que las personas inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que la población autóctona en las clases medias y bajas. Sin embargo, en las clases altas el acceso es similar en ambos grupos. Por lo tanto, el menor acceso de las personas inmigrantes al sistema sanitario podría estar relacionado con la intersección de ambos factores: su condición de inmigrantes y su pertenencia a clases sociales más bajas.
Concluyo, por tanto, que publicar información aislada sobre el origen de las personas detenidas o sobre el consumo de servicios públicos, contribuye a generalizar de manera simplista la imagen de todo un grupo social que comparte origen, y además, fomenta discursos xenófobos y racistas, lo que refuerza estereotipos y prejuicios sociales al generar una causalidad falsa entre origen y delincuencia, no aportando absolutamente nada para evitar nuevos delitos, o sobre el gasto social que generan las personas inmigrantes frente a su aportación al sistema, que es una información falsa.
Así que resulta evidente la mala intención que subyace en la petición de esa información aislada, que nada tiene que ver con la transparencia sino con promover una narrativa pública basada en la desinformación, la manipulación y la generación de actitudes xenófobas en la población española. Ello pone en riesgo la madurez de nuestra democracia y, desde luego, no ayuda en nada a mejorar la convivencia.
Por Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino
Jubilada, que fue responsable de proyectos de innovación pública en el ámbito del buen gobierno