Por Jorge Freytter Florian, Sebastián Fuentes, Xabier Llodio y Silvia López-Rodríguez.
A poco de cumplir los Diez años del Acuerdo de Paz, más de 500 firmantes han sido asesinados/as y las instituciones creadas para garantizar verdad y justicia afrontan recortes y desarticulaciones. Mientras tanto, el nuevo Gobierno cierra espacios de diálogo, refuerza la vía militar y estrecha sus alianzas de seguridad con Estados Unidos e Israel
Cuando el próximo noviembre se cumplan los primeros cien días del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Colombia llegará también a los diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Desde J.A. Freytter Elkartea consideramos que ambas fechas obligan a preguntarse qué queda hoy de aquel compromiso y hacia dónde pretende conducir el nuevo Gobierno la solución del histórico conflicto colombiano.
El punto de partida resulta preocupante. Las primeras decisiones apuntan hacia un regreso a la política del garrote: fortalecimiento de la respuesta militar, recuperación de lógicas contrainsurgentes, mayor protagonismo de las redes de inteligencia y de las operaciones de búsqueda y una concepción de la seguridad que vuelve a colocar al enemigo interno en el centro de la actuación del Estado. El Gobierno ha ordenado reforzar el control territorial mediante la Fuerza Pública y ha hecho de la seguridad uno de los ejes centrales de su mandato.
A ello se suma el riesgo de recuperar fórmulas de privatización y mercenarismo militar, en lugar de fortalecer las respuestas políticas, sociales e institucionales necesarias para afrontar las causas que durante décadas han reproducido la violencia en Colombia.
Esta orientación adquiere todavía mayor gravedad cuando se observa la situación de quienes firmaron la paz. En septiembre de 2026, la Universidad Nacional recogía el dato de 514 firmantes del Acuerdo asesinados desde 2016, además de amenazas, desplazamientos y otras violencias que han acompañado el proceso de reincorporación. A esta realidad se suma otra mucho menos visible: firmantes que han terminado en procesos migratorios o en el exilio.
Al mismo tiempo, se están reduciendo los recursos destinados a instituciones nacidas del propio Acuerdo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibirá en el proyecto presupuestario de 2027 una cantidad inferior a la solicitada por la propia institución, una decisión que De La Espriella ha defendido públicamente en nombre de la responsabilidad fiscal. Desde nuestra perspectiva, no puede tratarse como una simple cuestión técnica: limitar los recursos de estos mecanismos supone debilitar instrumentos concebidos para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
De La Espriella ha construido parte de su discurso presentando la política de Paz Total del Gobierno anterior como un fracaso. Frente a aquella lógica de diálogo, el nuevo Ejecutivo reivindica el endurecimiento de la respuesta estatal y ya ha cerrado varios de los procesos de negociación heredados de la anterior administración.
Pero cerrar las posibilidades de diálogo con las estructuras armadas recicladas del conflicto y reducirlas a categorías como “terrorismo” o “narcoterrorismo” no elimina las causas que siguen alimentando la confrontación. La desigualdad, la concentración de la tierra, el abandono de amplios territorios, la exclusión social y la desigual presencia del Estado no se resuelven mediante operaciones militares.
La cuestión no es negar la existencia de violencia ni de economías ilegales. El problema aparece cuando se pretende convertir crisis históricas y estructurales en un problema exclusivamente de orden público. La militarización puede desplazar el conflicto, pero no resolver sus raíces.
El giro también se observa en la política exterior. El nuevo Gobierno ha reforzado rápidamente su relación con Estados Unidos. La visita del secretario de Estado Marco Rubio estuvo acompañada de compromisos para ampliar la cooperación en seguridad, mientras Colombia solicitaba apoyo en tecnologías como drones y sistemas de radar.
Desde J.A. Freytter Elkartea consideramos necesario preguntarse hasta qué punto esta relación puede devolver la política de seguridad colombiana a esquemas de fuerte dependencia e influencia estadounidense ya conocidos durante anteriores etapas del conflicto.
También preocupa el acercamiento a Israel. Una de las primeras decisiones del Gobierno fue restablecer las exportaciones de carbón hacia ese país, revirtiendo las restricciones adoptadas por la administración anterior. Más allá de esta medida, resulta imprescindible analizar críticamente el peso político, económico y militar del Gobierno israelí en Colombia y su influencia sobre determinadas concepciones de seguridad, así como sobre la entrada de mercenarios israelíes de los sectores de seguridad privada vinculados a la creación y fortalecimiento del paramilitarismo.
Frente a ello, desde J.A. Freytter Elkartea defendemos que la cuestión central sigue siendo la solución política al conflicto y la centralidad de las víctimas. Colombia necesita justicia, memoria, participación política, garantías para quienes firmaron la paz y respuestas a las desigualdades sociales y territoriales que alimentaron durante décadas la violencia.
Este será uno de los debates centrales del III Seminario Internacional Colombia: Operaciones extrajudiciales, universidad, conflicto y paz. A 10 años del Acuerdo de Paz en Colombia, organizado por J.A. Freytter Elkartea el próximo 13 de noviembre en Bilbao.
Jorge Freytter Florian, Sebastián Fuentes, Xabier Llodio y Silvia López-Rodríguez