La recién concluida COP17 de la Organización de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, celebrada en Ereván, Armenia, ha dejado un amargo regusto entre la diplomacia ambiental internacional al chocar frontalmente contra un muro financiero. Mientras la ciencia advierte que un millón de especies rozan la extinción y existe una brecha de financiación anual de 700.000 millones de dólares, la cumbre no logró definir quién debe desembolsar los fondos indispensables para frenar el colapso ecológico antes de 2030.
El choque político entre los donantes tradicionales como Canadá, Reino Unido, Suiza, Australia o la Unión Europea y potencias no donantes como China, Rusia, Arabia Saudí y Argentina paralizó el avance. Ministros como Juan Carlos Navarro, de Panamá, denunciaron que los estados petroleros ricos eludan sus obligaciones financieras, mientras que Monique Barbut, de Francia, e Inger Andersen, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, constataron la urgencia de acelerar una acción global que actualmente marcha fuera de rumbo.
A pesar de los sombríos presagios y del distanciamiento expresado por expertos como An Lambrechts de Greenpeace sobre la fragilidad del Fondo Cali, el encuentro presidido por el ministro armenio Hambardzum Matevosyan logró destellos de avance multilateral. Las delegaciones acordaron reforzar el papel de los gobiernos locales, reducir subsidios perjudiciales para la naturaleza según destacó Eva Zabey de la coalición Business for Nature, y canalizar 1.800 millones de dólares adicionales aportados por Alemania, Islandia, Uzbekistán y España. Asimismo, la constatación de que más de 250 millones de hectáreas ya se encuentran en proceso de restauración abre una rendija de esperanza que deberá consolidarse en la cita de 2028 en Ecuador, donde los países intentarán traducir las promesas escritas en salvaguardas reales para el planeta.