Por Carleth Morales, Presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España Venezuelan Press
En Venezuela, la violencia y estigmatización de la prensa y los periodistas destacan como las restricciones más recurrentes al cierre de 2021 e inicio del 2022. Así lo revela el más reciente estudio del Instituto de Prensa y Sociedad IPYS, capítulo Venezuela, que destaca las vulneraciones discursivas, ejecutadas por actores del oficialismo hacia los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, como los patrones de ataque que más perjudicaron las libertades de expresión e información en Venezuela el pasado año.
Venezuela, con 28,4 millones de habitantes -y una diáspora cifrada por la ONU en más de 5 millones de personas- es, a día de hoy, uno de los países con menos libertad de expresión e información de Latinoamérica. Tras la llegada del chavismo, hace más de dos décadas, los ataques a la prensa han sido constantes, y este es hoy el resultado.
Un poco de historia
Las amenazas a la prensa libre en Venezuela comenzaron tan pronto el presidente Hugo Chávez alcanzó el poder, en 1999. Poco a poco, emisoras de radio y televisión, prensa escrita y los entonces incipientes medios online, vieron en la autocensura una manera de supervivencia.
Pero la represión se exacerbó en mayo de 2007, cuando al Gobierno no renovó la concesión por señal abierta de uno de los canales de televisión más importantes del país: Radio Caracas Televisión (RCTV). El presidente había advertido el 28 de diciembre del 2006 que se opondría a la renovación de la licencia por haber apoyado el movimiento político que lo derrocó brevemente el 11 de abril del 2002.
A partir de entonces, los medios fueron callando sus voces por miedo a las sanciones y las organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, IPYS, Espacio Público, Expresión Libre y Caracas Press Club, fueron alzando las suyas para documentar y denunciar el cierre de medios, el monopolio de la distribución del papel prensa, las limitaciones de acceso a Internet y otras violaciones a la libertad de prensa.
En 2018, tales organizaciones tenían contabilizados 115 medios cerrados, después de la desaparición de RCTV. Durante esos cinco años dejaron de circular 41 medios impresos, mientras que 65 emisoras de radio y ocho canales de televisión habían dejado de transmitir. Esta situación fue favoreciendo la consolidación de un discurso único impuesto por el Gobierno.
A inicios del 2021, el director de Espacio Público, Carlos Correa, declaró que en el país apenas había 992 medios de comunicación, siendo el 80% emisoras de radio y televisión.
Los desiertos informativos
Según el estudio Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela elaborado por IPYS, los desiertos informativos constituyen el hogar de 5.271.753 venezolanos, lo que significa que un 18% de la población no tiene acceso a las noticias. En 90 de los 335 municipios del país, es limitada la cobertura de las informaciones por parte de medios de comunicación como emisoras de radio, televisoras, periódicos y portales digitales. El estudio revela que otros 122 municipios son considerados desiertos de noticias moderados, y solo 105 municipios tienen suficiente cobertura informativa.
Solo en 2021, a través de su sistema de monitoreo y alertas, esta organización -que trabajaba en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión- constató 249 casos que acumularon 380 violaciones a las garantías de libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales. Y en 2020, fueron 374 hechos que incluyeron 636 violaciones. “Las limitaciones que hoy viven los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación en el país demuestran que se continúan aplicando controles excesivos que arriesgan la independencia, diversidad y pluralidad del periodismo”, destaca el informe.
Los ataques: Cifras y protagonistas
Los hechos confirmados por esta organización comprendieron 140 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 74 restricciones de acceso a la información pública, 68 por discurso estigmatizante, 26 por acciones de censura interna, 24 por censura previa, 17 por abuso del poder estatal, 16 acciones legales administrativas, 12 detenciones arbitrarias y 3 desapariciones forzadas.
IPYS también confirma que el año pasado se siguieron ejecutando detenciones arbitrarias acompañadas de procedimientos judiciales. Tales procedimientos habrían sido ejercidos por parte de funcionarios de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, así como de las autoridades de justicia.
El informe revela que las labores informativas de los trabajadores de la prensa también se vieron afectadas por las precariedades en el acceso a los servicios básicos como la electricidad y la gasolina, así como por las fallas de infraestructura en los servicios de telecomunicaciones.
Por otra parte, con apoyo de la Red Nacional de Corresponsales, la organización constató que, a lo largo de 2021, se registraron 34 casos en los que se vieron vulneradas al menos 41 estaciones radiales y nueve programas informativos o de opinión, ocho de ellos por cierre y uno, por censura interna. Los datos de este monitoreo demuestran que 17 de los episodios documentados fueron hechos de censura, otros 11 corresponden a agresiones y ataques a las emisoras, y seis fueron causados por fallas eléctricas o de infraestructura.
2022: Bloqueos y ataques digitales
Entre enero y los primeros 10 días de febrero de 2022, IPYS Venezuela también registró siete casos en el ámbito de los derechos digitales, que comprendieron 10 vulneraciones a las libertades informativas divididas en: 12 restricciones de acceso a portales informativos en la web; seis incidencias de discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación; y un ataque que vulneró la seguridad de un sitio web noticioso. Dichos episodios afectaron a 14 periodistas, 13 medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de las libertades informativas y un activista por los derechos humanos. También se ha pretendido difamar las labores de IPYS Venezuela y Espacio Público, entre otras organizaciones dedicadas a monitorizar la vigilancia de las libertades expresión e información en Venezuela.
