Por Antonio Rubio vía republica
Robert A. Caro, dos premios Putlizer, dijo que el tiempo acerca a la verdad. En España tardaremos mucho tiempo en saber la verdad oficial, entre 50 y 60 años que es el tiempo que el Gobierno socialista propone en el anteproyecto de Información Clasificada para los documentos que tengan el sello de “secreto”.
Y eso supone que algunas generaciones nunca tendrán toda la información, toda la verdad. Sin embargo, hoy vamos a recuperar parte de la verdad periodística de cinco casos que durante los último 50 años han marcado nuestra historia: Atentado de Carrero Blanco (1973), intento de golpe de Estado del 23-F (1981), Guerra sucia y Grupos Antiterroristas de Liberación (1983-1987), caso Mikel Zabalza (1986) y asesinato del padre Ignacio Ellacuría (1989). En esos cinco casos intervinieron los servicios secretos españoles por acción u omisión.
Se da la circunstancia de que dentro del propio PSOE se han levantado algunas voces contra el anteproyecto del Gobierno. Odón Elorza, diputado vasco y representante del Congreso en la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha hecho pública su posición a través de un twitter: “Los papeles del 23F, los GAL, caso Zabalza y otros, han de ser públicos ya. En 2022 una ley de Secretos Oficiales debe servir a la Democracia”.
Margarita Robles, ministra de Defensa y magistrada en excedencia vivió muy de cerca la investigación del caso Lasa y Zabala y tuvo que sufrir la presión de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio Gobierno cuando era secretaria de Estado de Interior. Robles manifestó el pasado día 2 que “espero que materias que yo en su momento seguí y trabajé, como el tema de los GAL, pueda desclasificarse para que toda la sociedad tenga conocimiento”. Y sobre la nueva ley ha aclarado que “es un anteproyecto susceptible de mejorar en el trámite parlamentario”.
Las víctimas también se han pronunciado. Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala que fue secuestrado, torturado, asesinado y enterrado en cal viva en 1983 por los GAL de la Guardia Civil, junto a José Antonio Lasa, considera que “las víctimas tienen derecho a saber la verdad”. Y ha sido contundente cuando ha señalado al presidente Pedro Sánchez como el responsable de proteger a los responsables de los GAL si finalmente se aprueban los 50 años para la desclasificación de los documentos secretos. Zabala ha ido aún más lejos y ha dicho: “Esto es una continuación de aquello que dijo Franco, atado y bien atado”.
Luis Carrero Pichot, hijo del que fuera almirante y presidente del Gobierno con Franco hasta que sufrió un atentado de ETA en diciembre de 1973, también es una víctima de la verdad. En noviembre de 2011, en una entrevista que me concedió en su casa, me reveló que “ETA fue la mano y alguien puso el dinero” y fue aún más contundente cuando me aseguró: “Nadie le dijo a mi padre que cambiara de ruta y si se lo hubieran dicho, lo habría hecho. Y tampoco rechazó más seguridad”.
Mi verdad periodística.
Son muchos los años que llevó investigando y estos son algunos de los casos a los que he dedicado más tiempo. Todos ellos entrarían dentro del anteproyecto de Información Clasificada con el sello de “secreto”. Algunos se convirtieron en notitia in criminis (la Justicia utilizó la información publicada para abrir o ampliar los sumarios) y otros todavía siguen abiertos.
1973.-Atentado de Carrero Blanco.
El 20 de diciembre de 1973 ETA atentó contra el presidente del Gobierno y almirante Carrero Blanco. El tiempo, el trabajo y fuentes que vivieron de cerca ayudaron a que nos acercáramos a una verdad oculta. El 27 de noviembre de 2011 revelé en el diario El Mundo: “Agentes del Estado Mayor tras el asesinato de Carrero”. También informé que “el etarra Argala fue fotografiado un día antes del atentado (en la zona donde el comando etarra llevó a cabo el asesinato) por los agentes que recibieron orden de retirarse”. Esos agentes eran 14 en total y el día del atentado ninguno de ellos estaba en su sitio.
El 28 de noviembre del mismo año Luis Carrero Pichot, hijo del almirante, me decía delante de una fotografía de su padre: “ETA fue la mano y alguien puso el dinero”. Y desmentía las noticias que se publicaron en su momento sobre que Carrero Blanco había rechazado más seguridad.
Meses antes, el 21 de febrero de 2011, con motivo del 30 aniversario del 23-F, hice un especial donde Ángel López Montero, que fue abogado del teniente coronel Antonio Tejero, recordaba lo que vivió y escucho durante el juicio del intento de golpe de Estado por parte del comandante José Luis Cortina, jefe de la Agrupación de Operaciones y Misiones Especiales (AOME) del CESID: “Como me jodan, saco hasta lo de Carrero Blanco”.
1981.-Intento golpe de Estado 23-F.
El 20 de febrero de 2011 Ángel López Montero, abogado de Tejero, consideró que era el momento de hablar del 23-F. Y habló: “Tejero tenía previsto entrar en la Zarzuela”. No se quedó ahí: “Cortina (que era el jefe de la AOME) me dijo que tenía que convencer a Tejero para que no lo implicara en el golpe”. También me contó sus vivencias personales: “El jefe del CESID reconoció en mi despacho que estaba en el golpe de los coroneles (fue un segundo intento por parte de un grupo de coroneles en octubre de 1982).
El 23 de febrero de 2006, con motivo del 25 aniversario del 23-F, publiqué: “Los soviéticos fueron avisados 15 días antes”. La informadora era Catalina Abad, más conocida en el CESID por el sobrenombre o alias de Kati. Abad era uno de las niñas que emigraron a la antigua URSS durante la Guerra Civil.
Toda esa información está recogida en un informe del CESID que consta de 40 folios y que fue elaborada en 1986 por los agentes “Roberto y “Zaragoza” y que guardaba el que entonces era director de los servicios secretos, el general Emilio Alonso Manglano.
Y con el sello de “confidencial” aparecen “Los papeles secretos del 23-F” que publicamos el 23 de febrero de 2006. En esos documentos se demuestra que el general Milans del Bosch ya tenía preparada “la maquinaria militar en Valencia” desde la 8,00 horas y que las embajadas de Estados Unidos y la Unión Soviética ya sabían que Tejero iba a entrar al Congreso.
1983-1987.-Guerra sucia y GAL.
En “Los Papeles del CESID”, que El Mundo publicó entre 1995 y 1996, y que provocó la dimisión o cese del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y la del director del CESID, el general Emilio Alonso Manglano, se recoge cómo y de qué forma se crearon los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Y entre esos documentos hay un manuscrito del sargento Pedro Gómez Nieto de septiembre de 1983, días antes de que un comando de la Guardia Civil secuestrara el 15 de octubre en Bayona a Lasa y Zabala, que transcribe la conversación que mantuvo en el despacho del entonces comandante de la Guardia Civil y jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo.
Ese documento está archivado en el CESID porque Gómez Nieto era agente de los servicios secretos e informaba a sus superiores del CESID. En el manuscrito, escrito con mayúsculas, se recoge, entre otras cuestiones: “Cuando menos se lo esperen preparamos otro golpe…actuar sobre ellos lo mismo que ellos hacen con nosotros…estudiamos el terreno para ir y para venir, o sea, dar el golpe y venirnos”.
El caso Lasa y Zabala fue investigado y juzgado y algunos de los autores materiales fueron condenados: Rodríguez Galindo y Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa, a 75 años.
En septiembre de 1996 publicanos que “Informes del CESID prueban el secuestro de mendigos para usarlos como cobayas”. La intención era inyectarles un anestésico a algunos etarras que estaban como refugiados en Francia para luego secuestrarlos y trasladarlos al cuartel de Intxaurrondo u otras dependencias.
También revelamos que el general Emilio Alonso Manglano tenía un archivo paralelo donde guardaba todos los informes que le llegaban sobre los GAL desde el entonces jefe de la AOME, el coronel Juan Alberto Perote.
Todos esos documentos, hoy, tendrían el sello de “secreto”.
1986.-Caso Zabalza.
Mikel Zabalza, conductor de autobuses en San Sebastián, perdió la vida en el cuartel de Intxaurrondo mientras un grupo de Guardias Civiles le aplicaban la tortura de la “bañera”.
“Se les ha ido la mano en el interrogatorio y el cuerpo no va a aparecer, como lo de los otros”. De esa forma tan directa informaba Pedro Gómez Nieto a su jefe en el CESID, Juan Alberto Perote. Cuando comentaba sobre “los otros” se refería a Lasa y Zabala.
Esas declaraciones de Gómez Nieto, que consta en una cinta que entregamos en la Audiencia Nacional pero que no tuvo recorrido judicial hoy se puede escuchar en el podcast GAL: El Triángulo que ha conseguido el premio Ondas 2022.
Gómez Nieto explica a su jefe que en Intxaurrondo se practicaron más torturas e, incluso, reconoce que él participó en alguna de ellas y aconseja como se tiene que realizar: “La capucha tiene que ser transparente para que se dé cuenta (se refiere a la persona que sufre la tortura) que se está yendo”.
Y sobre Zabalza hubo más verdad periodística: Un sorteo en Intxaurrondo eligió a los guardias que engañaron a la Justicia en el caso Zabalza”. Servicios especiales, abogados…y más gente: “Los tenientes del caso Zabalza recibieron instrucciones en la Dirección de la Guardia Civil…Viajaron a Madrid en compañía del abogado Jorge Argote”.
1989.- Caso Ignacio Ellacuría.
“El jefe o antena del CESID en El Salvador entre 1986 y 1989, Vicente López declaró a El Mundo el pasado día 15 (hablamos de noviembre de 2009) que el asesinato del padre Ellacuría no fue una decisión del Estado Mayor salvadoreño”.
Sin embargo, las actas de la reunión que llevó a cabo el Estado Mayor de El Salvador el 15 de noviembre de 1989 decían todo lo contrario y en ella, un manuscrito, se recogía el comentario del general Ponce: “Hay que proceder a su eliminación sin testigos…que el coronel Camilo H planifique la operación, él tiene experiencia en esos trabajos”.
Se da la circunstancia de que el agente del CESID que hacía de antena en la embajada española en El Salvador era muy amigo del general Ponce, según él mismo me reconoció. Y después ratificó Fernando Álvarez de Miranda, ex embajador español en aquel país: “El agente López tenía una excelente relación con el general Ponce y Ellacuría no se fiaba de él”
Ignacio Ellacuría, que era rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno de los líderes de la Teología de la Liberación en Latinoamérica fue asesinado el 16 de noviembre de 1989, un día después de la reunión del Estado Mayor, junto con cinco compañeros jesuitas y la señora de la limpieza y su hija por el grupo Atlacat.
El documento/manuscrito publicado sirvió para que la Audiencia Nacional reabriera el caso Ellacuría en 2008 y en julio del año pasado se llevó a cabo la vista oral después de que Estados Unidos admitiera la extradición del coronel Orlando Montano, que estaba en aquel país de manera ilegal. Montano fue condenado a 133 años como autor intelectual.
El 15 de noviembre de 2009 revelé: “La CIA sabía que los militares de El Salvador iban a matar a Ellacuría…documentos desclasificados de EE.UU que serán entregados a la Audiencia Nacional lo desvelan”. Y aportaba: “Analistas norteamericanos creen que el CESID tenía la misma información”.
En 2010 el lingüista, filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky recogió en su libro “Esperanza y realidades” la importancia que tenía el manuscrito que revelé sobre el Estado Mayor de El Salvador e indicaba: “…se vio confirmado en noviembre de 2009 por la publicación en la prensa española (diario El Mundo) de una copia del documento que ordenaba esos asesinatos…firmado por el jefe del Estado Mayor y sus compañeros, todos tan estrechamente relacionados con el Pentágono y la embajada que es difícil imaginar que Washington no estaba al tanto”.
Los documentos españoles siguen teniendo el sello de “secreto” y si se desclasifican tendremos que esperar a que se cumplan esos 50 años. Es decir, que en el caso del padre Ellacuría no podremos comenzar la tramitación de la desclasificación, si finalmente se aprueba el anteproyecto de Información Clasificada que ha presentado el actual Gobierno, hasta el año 2039.
