Por Ares Marbà i Sera
El desconocimiento y la falta de reconocimiento administrativo en torno a la violencia entre parejas del mismo sexo la hacen invisible a nivel político, jurídico, administrativo y social
Esta invisibilización contribuye a que las personas afectadas no se reconozcan como víctimas y, en caso de hacerlo, no sepan dónde acudir
La larga coleta de Astrid (nombre ficticio) se balancea y baila mientras ella corretea de un lado al otro de la barra, atendiendo a la clientela. Se trata de la misma barra en la que, hace ya tres años, se le paralizó el corazón cuando al levantar la cabeza descubrió aquel rostro: el del amor de su vida. Estaba ahí, frente a la puerta, con la mirada puesta en ella. «Sabes que no puedes estar aquí», le recordó. El jefe del bar le había prohibido la entrada. Una advertencia que quebrantaba una vez más.
– Sal. Solo quiero hacerte una pregunta.
Aceptó. Salió. Y respondió. La reacción fue inmediata. La agarró fuerte del cabello y la tiró al suelo. Astrid quedó inmóvil. De brazos abiertos y con la espalda pegada a las frías baldosas se dejó golpear mientras la clientela procuraba librarla de la brutalidad a la que su expareja la sometía, aporreándole el cuerpo y pataleándole la cabeza. «No te defiendas», se repetía a sí misma, recordando aquella frase que un ertzaina le dijo tras varias denuncias en vano: «Tienes que dejarte pegar para poder denunciar, no participes en la pelea». Y así lo hizo.
Alertados por la llamada de un cliente, los agentes llegaron a la terraza del bar, pero, para entonces, la persona con la que Astrid había compartido más de cinco años de su vida ya se había marchado. En esta ocasión, además de las lesiones fruto de otra agresión que no olvidará, le dejó otro recordatorio en la frente durante una semana y media: la marca del símbolo de Adidas de la suela de su zapatilla.
Mientras Astrid cuenta esta historia -una entre tantas-, un hombre se encuentra de brazos cruzados, apoyado sobre la barra de madera y sentado frente a un mosto al que apenas ha pegado dos tragos. Con el ceño fruncido, rompe su silencio:
- ¿Esto te hizo un tío? Denúnciale ya.
- Estamos hablando de una mujer.
- Ah, bueno, bueno… Eso ya…
- Claro, entre dos tías es diferente, ¿no? No importa.
Esa sensación de que lo que sufrió «no importa» la invade. «Llega a ser un tío y las cosas habrían sido muy diferentes», insiste. Y así lo cree. No se le quita de la cabeza que si su agresor hubiera sido un hombre la actuación policial y judicial habrían sido totalmente diferentes. Lo dice tras procesos judiciales que jamás la han reconocido como víctima y que han tratado las agresiones como una «pelea mutua» de la que ha sido partícipe. El fallo de la sentencia por el ataque en el bar dictaminó también una orden de alejamiento para ambas. Además, el juicio se hizo esperar demasiado tiempo: «Dos años. Estuve todo ese tiempo sin protección alguna». «Ahí fue cuando tuvimos muchas peleas, menos mal que nunca me pillaron sola», se alegra, con todo el regodeo que algo así puede causar. Pero nada dura para siempre: la orden de alejamiento caducará en un par de meses. «Creo que algo va a pasar, tengo esa sensación», comenta encogiéndose de hombros ante una realidad que ha asumido. Y la asume con la misma normalidad con la que pela y corta patatas para las tortillas que colmarán la barra del bar, sin inmutarse, mientras expresa en palabras horribles recuerdos pasados, como cuando le partió el labio de un cabezazo.
Aunque rompían la relación con frecuencia, esa ausencia jamás la mantuvo a salvo. Le viene el recuerdo de aquella noche. Eran las tres de la mañana. Astrid, antes de cerrar el bar, caminaba hacia el contenedor mientras sostenía entre sus dedos el extremo de un gigantesco saco de basura. Nada más abrir la tapa, como una sombra invisible y sigilosa sintió como alguien la sorprendía por la espalda. Era su expareja. Otra vez. Otra agresión. Ella se defendió, dando comienzo a otra pelea. Astrid sentía miedo. Y aún lo siente. «Al final no sabes por dónde te va a salir».
Le costó muchos años y esfuerzo poner punto y final a la relación. «Yo la quería muchísimo y es difícil romper con alguien a quien quieres, pero tenía que hacerlo, ella no me dejaba». Ni rompía con ella ni permitía que alguien más se le acercara.
«Me decía: “O eres mía o no eres de nadie, yo te voy a asesinar”», recuerda.
Hay amenazas que no se quedan en palabras. Como se recoge en la resolución 155/2013 de la Audiencia Provincial de Sevilla, que sentencia un suceso de la navidad de 2011, cuando Carmen y Guillerma, compañeras sentimentales, se disponían a consumar su amor. Que Carmen usara unas medias elásticas para atar las muñecas de Guillerma a la cama parecía el comienzo de un jugoso juego sexual. Que envolviera su cuello con sus dedos mientras mantenían relaciones, una picarona escena más. Pero aquella noche, no hubo lugar para la improvisación. Jamás sabremos si Guillerma imaginó, al sentir la presión sobre su cuello, que su final estaba premeditado. Dejó de respirar atada, indefensa y privada de cualquier oportunidad de protegerse. Carmen la estranguló hasta matarla.
FUERA DEL BINOMIO HOMBRE-MUJER
La muerte de Guillerma jamás se contabilizará entre las víctimas de feminicidios y el maltrato que sufrió Astrid jamás aparecerá en ninguna estadística oficial porque no existe protocolo establecido para identificar y cuantificar los casos de maltrato físico ni psicológico entre parejas del mismo sexo. Estos se pierden en las memorias anuales de la Fiscalía de Violencia Doméstica, sin distinción ni clasificación propia y junto a todos aquellos que se producen entre miembros del núcleo familiar con previa convivencia (hermanos, hijos, padres, o abuelos maltratados), a excepción de los señalados en el artículo 153 del Código Penal: «la esposa, exesposa y mujer que haya estado o esté ligada al agresor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia» -es decir, los casos de violencia de género-; entendiendo siempre como agresor la figura de un hombre.
No hay protocolo para identificar y cuantificar los casos de maltrato físico y psicológico entre parejas del mismo sexo
En la misma línea, en la página web del Ministerio de Igualdad, se indica el 016 como «el servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres». Pero, aunque Astrid cumpla la condición de mujer, de haber llamado, se la habría derivado a la policía o a la Oficina de Asistencia a la Víctima. Es más, le advirtieron que, ante otra agresión, tecleara el 112. El motivo, de nuevo: ser lesbiana.
Charo Alises es lesbiana, abogada y activista LGTBI y por los derechos humanos. El año pasado, en 2021, escribió una Guía Práctica de Atención a las Víctimas de violencia entre parejas del mismo sexo en la que describía su gran problemática: permanece en el anonimato y las personas que la sufren no lo manifiestan ni se reconocen como víctimas. Un contexto al que hay que sumarle la discriminación social hacia las relaciones LGTB.
La violencia entre parejas homosexuales es una realidad invisibilizada y desconocida que, en el marco legal, se trata bajo el paraguas de la violencia doméstica. Los recursos administrativos a los que pueden ampararse no son los mismos con los que se protege a las víctimas de violencia de género -aunque sean mujeres-. Es por ello que en tantas ocasiones no les queda más opción que refugiarse en el cobijo y servicio que ofrecen pequeñas asociaciones, las mismas que ponen de manifiesto la dimensión de esta lacra con nombre: violencia intragénero.
EXISTE Y TIENE NOMBRE
«Se denomina violencia intragénero a aquella que en sus diferentes formas se da en el interior de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo». Así se recoge en el Estudio sobre la violencia intragénero (2009) de Aldarte, el centro de Atención a Gays, Lesbianas y Trans del País Vasco. Un estudio que, para Lala Mujika, directora y psicóloga de la organización, «no sirvió de nada». «No era creíble, éramos una especie de astronautas -explica-, la gente no quería leerlo, no quería ni hablar ni entrar». Fue el primer acercamiento a esta problemática en el marco estatal. Entre sus objetivos estaban el de visibilizar y mostrar esta realidad y, aunque la metodología no permitía extender los resultados al conjunto del colectivo, ofreció una primera dimensión de esta lacra. Ocho años más tarde, en 2017, la psicóloga de COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid), Isabel González, encabezó otra investigación que determinó que el 30% de las personas homosexuales reconocía haber ejercido violencia contra su pareja. Además, un 26% de hombres y un 34% de mujeres admitía «haber tenido» relaciones de violencia intragénero.
Otros estudios refuerzan estos datos extraoficiales cuyas cifras se elevan hasta las de la violencia de género. La investigación Violencia de género dentro de las diferentes orientaciones sexuales en España, de tres profesores del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, concluyó que «la orientación sexual de las personas en relación a la violencia dentro de la pareja no tiene influencia». Aseguraron que una investigación de 1999 apuntaba, además, que «la violencia es más frecuente en parejas de hombres gays que entre parejas de heterosexuales, de la misma forma la violencia entre parejas de mujeres es menos frecuente que en parejas heterosexuales».
Según el estudio de COGAM, un 26% de hombres y un 34% de mujeres admitía haber tenido relaciones de violencia intragénero
La principal diferencia entre la violencia intragénero y la de género es que esta última alcanza todas las esferas de la vida cotidiana: se encuentra en la calle o en el trabajo, por ejemplo. Sin embargo, la intragénero se sitúa en el marco de la pareja. Como en la violencia de género, su objetivo último es el de dominar, controlar y someter a la otra persona; sean pareja, expareja, convivan juntos o juntas o no. Aunque comparte violencias típicas de la de género, como la física o la sexual, presenta algunas particularidades. En estos casos, se ejerce lo que se conoce como violencia sobre la identidad sexual, basada en los estereotipos: se hace creer a la pareja que, si no es de una determinada forma, no va a encajar en el colectivo LGTB.
Otras amenazas comunes son, por un lado, la de desvelar enfermedades como el VIH sin el consentimiento de la otra persona y, por el otro, lo que se conoce como outing: revelar su identidad u orientación sexual -tan solo un 34% de homosexuales se reconoce abiertamente como persona LGTB «con todo el mundo», según una investigación del proyecto europeo ADIM-. Además, desde el colectivo LGTB Madrid, COGAM, explican que en algunos casos se produce el «fenómeno de ataques homófobos o lesbófobos dentro de la pareja», con amenazas como que «a los homosexuales nadie los quiere o que no tendrá apoyo en ningún sitio». Otro rasgo distinguible a la «violencia de género heterosexual» es que «no es tan criminal», explica Mujika.
ORIGEN: ¿EL GÉNERO?
La mayoría de colectivos vinculados a esta realidad coinciden e insisten en mantener la división entre la violencia de género y la intragénero. Charo Alises es una de ellas e identifica que la violencia de género es de carácter estructural y se fundamenta en el sexismo, y que la intergénero, en cambio, es motivada por otros factores como la desigualdad y el desequilibrio que puede darse en la pareja a nivel económico, de salud o por la diferencia de edad. También influyen otras causas como la situación administrativa en el país de residencia, los capacitismos -prejuicio social contra las personas con discapacidad- y la mayor o menor visibilización de la víctima.
Un enfoque similar se desprende de los resultados de un estudio australiano con el que se vinculó la violencia intragénero a la necesidad psicológica de control dentro de la pareja. Sus autores defienden que estos casos deben desvincularse de la violencia de género porque en las relaciones LGTB la distribución de poder es distinta: alberga un mayor número de agresiones bidireccionales o actitudes coercitivas. Por este motivo no puede equipararse a la de género, unidireccional, donde el hombre ocupa un lugar de dominación ante la mujer por su condición de hombre.
En la otra cara de la moneda, estaría la Doctora en antropología social Olga Viñuales, quien asegura que las esferas sociales perpetúan esta violencia que se sufre de forma más cruenta en el ámbito privado. Si la sociedad transmite la idea de que lo femenino es inferior a lo masculino y de que en toda interacción debe establecerse una relación de poder manifestada, esta jerarquía penetra del mismo modo en las personas homosexuales. O lo que es lo mismo: nadie puede escapar de las relaciones de poder, independientemente del sexo.
Aldarte establece el mismo origen para ambas violencias. «El motivo es el género y cómo lo vivimos dentro de las relaciones de pareja, que no dejan de ser patriarcales», indica Mujika. Ella tiene claro el responsable: «La culpa es del sistema patriarcal de cuyas fuentes bebemos todas las personas y que induce a este tipo de relaciones: las de los celos, las posesiones, el control y el ‘yo’». Es por este motivo por el que en su asociación se distingue entre «violencia de género heterosexual» y «violencia de género homosexual».
Atribuir rasgos de género a la violencia entre parejas del mismo sexo es «un error conceptual de envergadura sobresaliente» para la filósofa Ana Pollán. Esta feminista sostiene que «la violencia ejercida dentro de la pareja homosexual no está respaldada ni generada por el sistema patriarcal, no se explica ni encuentra su causa en el género impuesto a cada persona que forma la pareja y que la sufre o ejerce». La expresión intragénero supone «involucionar» porque su uso implicará que los «trescientos años de lucha (del feminismo), uno después de otro, habrán sido en filfa». Así lo explica en su artículo La violencia intragénero no existe.
LA INVISIBLE
En la última década se ha recuperado la frase del británico Goerge Steiner para defender el uso del lenguaje inclusivo: «Lo que no se nombra no existe». Esta cita puede extenderse a la violencia entre parejas homosexuales. La pregunta es: ¿Por qué no se nombra? El estigma social, el feminismo y el propio colectivo LGTB son en gran parte responsables de esta invisibilización y falta de reconocimiento que se refleja en la escasa atención que estos casos ocupan entre las publicaciones de los medios de comunicación.
En cuanto al estigma social, «entra dentro de esas creencias de que todo es fantástico en el interior del colectivo LGTB y que todo es muy igualitario», sostiene Mujika.
«Con dos mujeres: ¿Cómo va a maltratar una mujer a otra? ¿O cómo un hombre se va a dejar maltratar por otro hombre?», añade. Estas suposiciones alimentan el mito de que en parejas homosexuales no hay maltratador ni maltratado, sino agresiones mutuas. «¿Porque hay dos géneros supuestamente iguales no hay desigualdad? Son relaciones donde uno tiene la sartén por el mango, donde hace lo que quiere con el otro emocionalmente», incide la psicóloga de Aldarte.
Lala Mujika, directora de Aldarte: “¿Porque hay dos géneros supuestamente iguales no hay desigualdad?”
Existe, además, una falta de implicación por parte de un amplio sector del feminismo y la negativa a incluir la violencia intragénero en su agenda. Es el caso de la que fuera presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales de 2003 a 2007 y responsable del Área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid, Beatriz Gimeno. En un artículo publicado en 2013 en Pikara Magazine, al que tituló Violencia no es de género escribía: «¿Tenemos que ser las activistas lesbianas las que visibilicemos la violencia que se puede dar -esporádicamente- en las parejas formadas por mujeres? Yo creo que no y por eso para dar pábulo a estas cuestiones conmigo no cuenten». Determinar que se trata de una violencia esporádica y el miedo a que el «neomachismo» deslegitime la lucha contra la violencia de género por reconocerse que en parejas del mismo sexo también existen agresiones son los motivos con los que justifica que con ella «no cuenten».
Las palabras de Gimeno producen tartamudeo en Saida Carbajal, una lesbiana bilbaína que ha sido víctima de violencia intragénero. «Esto lo dice supuestamente una diputada de un partido que aboga por la libertad de las mujeres, que acaban de decretar que si tienes la menstruación y te duele no vayas a trabajar; pero si tu mujer te pega dos hostias, qué más da, ¿no?». Para la activista por los derechos humanos, Charo Alises, la violencia intragénero no puede tacharse de «esporádica» porque «hay que tener en cuenta que es una violencia más invisible, con lo cual habrá una cifra importante». Aunque, para ella, la cifra es lo de menos. Siempre pone el mismo ejemplo, dice, el de las enfermedades raras: «Hay 5.000 personas que sufren unas enfermedades gravísimas, pero como solo hay 5.000 no vamos a hacer nada, que se mueran y se pudran, ¿no?».
Esta división entre feministas se extiende al conjunto del colectivo LGTB. No todos están dispuestos a sacar a la luz la violencia que se da en el seno de sus relaciones no heteronormativas. Una parte lo omite de sus discursos y líneas de actuación. Lo hace por miedo. Miedo a ver su imagen social, la del colectivo, perjudicada.
«Suficiente estigmatización hay como para que empecemos a hablar de que nos pegamos y nos maltratamos», señala Mujika, mientras trata de ponerse en el lugar de esta corriente que no comparte. Alises añade: «Alimenta mitos que existen hacia las personas LGTB, como que no podemos tener relaciones ni sólidas ni serias».
Los malos tratos en las parejas del mismo sexo tampoco ocupan demasiadas líneas en las hojas de los periódicos, ni aparecen en los espacios radiofónicos ni televisivos. Pero, cuando lo hacen, los masss media le otorgan un tratamiento informativo que recuerda al que recibía la violencia de género antes de 1997: reproducen imágenes del rostro de la víctima o del lugar del crimen, señalan como casusas los celos o delirios, caen en detalles sensacionalistas y se llega a calificar a la víctima como «amor fatal» del asesino. Así se desprende del estudio de Adolfo Carratalá, de la Universidad de Valencia, La información en prensa española sobre casos de violencia en parejas del mismo sexo, donde esclarece que se presentan «como crímenes pasionales o una narración de los hechos que disculpa al agresor» y que este trato «sitúa este problema lejos de ser considerado un objeto merecedor de atención política-social». Se refiere a titulares como: Un guardia civil mata a tiros en un gimnasio al novio que acababa de dejarle (Madrid, 2011) o Se investiga un posible crimen pasional en Tenerife, tras hallar dos cadáveres en un vehículo (Santa Cruz de Tenerife, 2007).
Estos titulares banalizan la gravedad de estos casos y los invisibilizan con clichés. Las consecuencias son graves, declara Lala Mujika: «Se están encubriendo casos de violencia intragénero relegándolos a relaciones tóxicas, donde no hay víctima ni maltratador». Es un arma de doble filo: por un lado, no se reconoce el papel ni de agresor ni de víctima y, por el otro, normaliza la violencia. «Pues si os pegáis os pegáis, no pasa nada», es una de las contestaciones a las víctimas que rebajan la gravedad de su sufrimiento, según Mujika.
NI SE CONOCE NI SE RECONOCE
- A mí alguna pareja me ha dado alguna hostia así tonta, pero porque a la persona se le ha ido la pinza.
- No tienes que excusar que porque a una persona se le haya ido la pinza te dé una hostia. Lo vemos diferente, pero es una agresión.
Estas palabras son una muestra más de lo que tanto se insiste Mujika: las personas que sufren violencia intragénero no saben reconocerla. Se trata de una conversación entre Keren y su pareja, Saida Carbajal. Carbajal es una rubia de pelo corto y costados rapados. «Una punki que todavía resiste», diría ella. Bilbaína afincada en Cataluña, tiene 37 años, es lesbiana y viste la bandera feminista allá donde va.
Sus numerosos tatuajes son las marcas que ha escogido, pero tiene otras que no se ven y con las que deberá lidiar por los restos. Esta bilbaína sufrió el infierno en sus propias carnes. Mientras luce la media sonrisa irónica que la caracteriza, recuerda aquel momento, años atrás, en que con una mano agarraba una maleta y, con la otra, sostenía un billete destino a Madrid. Marchaba de Barcelona huyendo de las palizas que le propinaba su pareja. «Me dije a mí misma que tenía que pirarme de allí», explica.
Esa valentía y empeño a la hora de dejar a la pareja es uno de los rasgos distintivos que identificó el Estudio de Aldarte sobre las víctimas de violencia intragénero.
«Muchas personas tienen la facultad de darse cuenta, de reaccionar y de irse», explica Mujika. Así lo confirma también el estudio sobre violencia intragénero de COGAM, que determinó que un 84% de estas víctimas de malos tratos han intentado romper la relación una vez se ha ejercido la violencia. «Como hemos tenido que buscarnos la vida mucho más en este caso igual es verdad que tenemos formas diferentes a la hora de defendernos y de reaccionar, y una de ellas es romper con la pareja», opina Mujika, esta vez, como lesbiana.
Un 84% de las víctimas ha intentado romper la relación una vez se ha ejercido la violencia, según el estudio de COGAM
Y con esa valentía Saida marchó de Barcelona. Lo que aún no sabía era que ese billete la llevaría de vuelta al infierno y que con él solo cambiaba el attrezzo de una pesadilla que estaba por terminar. Compartió piso con la que pronto se convertiría en su pareja. No imaginó que, de nuevo, las desconsideraciones y la soberbia de su nueva compañera irían a más. Tampoco supuso que aquel bofetón, por caérsele una pastilla de las manos, sería el primero de tantos.
Esta vez, sin nada a lo que aferrarse, se sentía sola. Y aislada. Lo hacía en una ciudad nueva en la que su vida social dependía de los amigos de su pareja. «Los pocos amigos que yo tenía -recuerda- eran malos, mi familia era mala, lo único bueno era ella». Pero las malas palabras también la apuntaban. Le repetía una y otra vez que era «una muerta de hambre y que, si necesitaba algo, su familia no la podría ayudar», aunque durante algunos meses las dos salieron adelante con la pequeña pensión que Saida, casi invidente, cobra por minusvalía. Necesitaba poner punto y final. Se concienció: si lo había hecho una vez, podría hacerlo una segunda. «Le dije que hasta ahí, que la dejaba». Una ruptura efímera. «En ese mismo momento me explicó que a su madre le habían detectado cáncer», recuerda. Fue un mes más tarde cuando lo descubrió: «Era mentira, se lo había inventado para tenerme amarrada».
La vivencia de Saida no es anecdótica. La mayoría de las víctimas sufren varios tipos de violencia de forma simultánea. Los datos del ya mencionado estudio de Aldarte arrojaron que un 40% de las personas entrevistadas habían sido aisladas socialmente, un 52% había recibido amenazas verbales y un 30% palizas, golpes o zarandeos.
CULPABILIDAD
La manipulación de sus agresoras logró que Saida se viera como la chispa que enciende la mecha, como la causa de que ellas perdieran los nervios. Se sentía responsable de los golpes que recibía. «A mí no me gusta pensar que es el resto. A veces lo pienso y digo: “Joder, soy yo”». Como solución a sus conductas y queriendo apagar ese sentimiento que la quemaba por dentro recurrió a un psicólogo gratuito de la seguridad social de Madrid. La trató por sus ataques de agresividad, jamás como víctima de violencia intragénero.
«El sentimiento de culpa es mucho más acentuado en parejas de gays y lesbianas», sostiene la psicóloga Mujika. Por lo demás asegura que «las secuelas son prácticamente las mismas que en la violencia de género heterosexual». Eso sí, el manifestarse y reconocerse como víctimas se hace más difícil en estos casos, como ha podido comprobar a lo largo de su trayectoria. Ella, que cada año atiende a personas que se acercan a la asociación para recibir ayuda psicológica, observa que en un gran número de ocasiones «no son conscientes de que están sufriendo maltrato» por ser una cuestión «que no se trata y que no existe a niveles oficiales». Muchas de estas víctimas acuden a su consulta y le hablan de lo deprimidas que están, le explican que «no saben qué hacer con su vida». «Empiezas a hablar con ellas de lo que parece una depresión, entonces te hablan de las circunstancias que están viviendo con su pareja y es cuando detectas que la raíz es una situación de maltrato».
Lala Mujika, psicóloga de Aldarte: “El sentimiento de culpa es mucho más acentuado en parejas de gays y lesbianas”
La manera de atender a estas víctimas «se aborda de una forma no muy distinta a como se trata la violencia de género tradicional», manifiesta la integrante de Aldarte. En ese proceso «hay que recuperar a la persona», explicarle que le o la han maltratado y hacerle entender que no es culpa suya. «Están muy dañadas, tienen un estado de ánimo muy bajo y un estado de la propia autoconcepción muy negativo».
FALTA DE APOYO
Tras asumir y tomar conciencia de su situación, las víctimas recurren a familiares y amistades como principal vía de comunicación y desahogo. Tan solo en un 12% de los casos se reconoce haber acudido a alguna asociación, una de cada diez personas no ha hecho nada y una de cada veinte ha buscado ayuda psicológica, según el ya aludido estudio del centro vasco, Aldarte.
A la dificultad de identificar el abuso se le añade el problema de explicar la situación que sufren a terceras personas, señala Lala Mujika. Asegura que su círculo «frivoliza» y «rebaja a una pelea de pareja» estas situaciones que las víctimas viven «con mucha gravedad». «No van a reaccionar como cualquiera reacciona cuando una mujer cuenta que está sufriendo violencia de género en su pareja. En estos casos todo el mundo la entiende y le dice: “Tienes estos recursos”». Por este motivo muchas de estas personas lo sufren en silencio. «No saben con quién hablarlo ni cómo porque está eso de que no me lo van a reconocer, me lo van a rebajar, van a rebajar mi sufrimiento y no va a importar», declara Mujika.
A esta falta de apoyo, que puede desembocar en que la propia víctima rebaje la gravedad de las actitudes de la persona agresora, hay que añadirle el desconocimiento de estas personas ante las vías a las que pueden acogerse, así como a la falta de recursos. «Te encuentras con personas que necesitarían activar recursos para poder salir de esa situación que está viviendo. Recursos como los que tiene una mujer maltratada (por parte de un hombre): económicos y de apoyo psicológico, por ejemplo; pero no los hay», denuncia Mujika.
Se trata de una acusación compartida por las asociaciones. «El problema es que judicialmente o legalmente las coberturas no son las mismas, ni por asomo», denuncia Begoña Gallego, policía nacional y presidenta de LGTBIpol, Agentes de la Autoridad por la Diversidad, una organización de policías nacida en 2016, precisamente, por un caso de violencia intragénero. «Vimos que las corporaciones policiales no estaban preparadas para el colectivo LGTBI, entonces quisimos hacerlo más visible». La necesidad está clara: más visibilidad para una violencia que para Gallego es, sin duda, «la gran invisible».
LA DENUNCIA ES CLAVE
Entre sus tareas, esta organización ofrece formación a los cuerpos de seguridad para que estas faltas no se tipifiquen como un delito de lesiones. También se ponen en contacto con las víctimas para acompañarlas y asesorarlas de forma adecuada en el momento de interponer la denuncia. Eso, claro, si deciden hacerlo -solo el 9% opta por querellarse, según el estudio de Aldarte-. Hay que tener en cuenta que para muchas de ellas denunciar implica tener que salir del armario y enfrentarse al miedo y a la vergüenza por reconocerse como personas homosexuales y, encima, maltratadas. Además, Gallego cree que la falta de denuncias también se debe a que «todavía no se entiende que una violencia entre parejas de un mismo sexo tenga que ser lo mismo» y que por este motivo «se deriva más a nivel asociaciones que a nivel institucional o policial».
Si se decide interponer una demanda, el papel de la policía es clave. «Es importante que quien la coja lo haga bien porque el juez se basa en lo que en ella manifiestes y, si no está bien plasmada, no tienes nada que hacer», subraya la agente. Y es importante, explica, porque puede darse el mismo factor que se da en tantas personas LGTB agredidas por su orientación sexual: entran a comisaría por delitos de odio y salen con una denuncia de lesiones. Lo ejemplifica de la siguiente manera:
«Si yo pongo que las dos se han pegado y se han denunciado, nadie es víctima aquí. Por el contrario, si pongo una ha pegado a la otra por un motivo y que tiene tal lesión, el juez no tiene otra que reconocer a una como víctima y a la otra como agresora».
Hay otro factor que obstaculiza a las personas LGTB interponer una demanda. Se trata de la inseguridad que pueden sentir por no saber «si le atiende una persona homófoba y su gestión se va a ver afectada por tener enfrente a una persona homosexual», denuncia COGAM. «Para qué hacerlo. Pelea de gatas, ¿no? Si luego vas a denunciar y se ríen de ti. No, déjate», lamenta la que ha sido víctima de malos tratos, Saida Carbajal, quien nunca denunció. Gallego, como policía, reconoce que el estigma existe dentro del cuerpo policial: «La policía es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad es machista, la policía igual. Te pones el uniforme y deberías ser apolítico, pero no es así».
Begoña Gallego, policía nacional y presidenta de LGTBIpol: “Es importante que quien coja la denuncia lo haga bien porque el juez se basa en lo que en ella manifiestes y, si no está bien plasmada, no tienes nada que hacer”
¿MISMOS DERECHOS?
Si se demandan los maltratos, con la denuncia interpuesta, el resto queda en manos de la ley. «Hay que tener leyes similares, tenemos que tener los mismos derechos», defiende Gallego. Leyes similares -pero diferentes a las de violencia de género- con las mismas garantías. Desde Aldarte, en cambio, optan por incluir a todas las víctimas en el marco legal de la violencia de género. «Estas leyes dejan a las personas fuera y hay que hacer otras leyes para estas personas que se quedan fuera. Esta dinámica es muy cansina», indica Mujika.
Así, esta problemática podría abordarse de tres formas: instando a un reconocimiento legal y específico diferenciándola de la violencia de género, instando a que se asimile como un tipo de violencia de género con el objetivo de garantizar el acceso a los recursos especializados de los que disponen las mujeres víctimas de violencia machista o manteniéndola como casos de violencia doméstica.
Una de las motivaciones para la creación de una ley específica para el tratamiento de violencia de género fue la protección de una situación de especial vulnerabilidad por entenderse su carácter estructural. La abogada bilbaína, Lorea Irizar, sostiene que esta vulnerabilidad margina a las víctimas homosexuales: «Si se supone que lo que proteges es una situación especialmente vulnerable que se da porque hay una relación afectiva o de pareja, con la vinculación que eso supone, no entiendo en qué se basa la diferencia cuando las parejas son del mismo sexo».
Es un ideario extendido, pero que Charo Alises desmiente: «La vulnerabilidad se contempla también en el caso de la violencia intragénero». «La gente no lo sabe porque ya hay otras personas de determinados partidos políticos que se encargan de fomentar el bulo de que, por ejemplo, los hombres víctimas de violencia intragénero no tienen absolutamente derechos como sí tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Esto no es así», incide. Se trata de un discurso político que ha calado hondo en el ideario social. Alises recuerda aquella llamada. «¿Diga?». Era de un centro social con una mujer homosexual gravemente malherida por una paliza de su pareja. «La víctima estaba cabreadísima diciendo que nada más tenían derechos las víctimas de violencia de género, tuve que explicarle que no es así».
Esta creencia está fundada por «la propaganda de la ultraderecha, que quiere que desaparezca el tema de la violencia de género», además de por «la falta de formación en la administración», argumenta Alises. Formación que escasea incluso entre sus compañeros de profesión, los abogados. «Yo he dado charlas a colegios de abogados sobre violencia intragénero porque sé que no conocen esa realidad», detalla.
PROTECCIÓN ¿SUFICIENTE?
De momento, los derechos de estas personas se recogen en el Estatuto de la Víctima, donde se les reconoce el derecho a recibir ayudas económicas; a reconocer a los hijos e hijas como víctimas indirectas; a que se adopten medidas de protección; a solicitar justicia gratuita, asistencia y apoyo de la Oficina de Atención a las víctimas; a la protección; y a que se evite el contacto entre la víctima y la persona maltratadora.
A diferencia de lo que sucede con la violencia de género, las víctimas de violencia intragénero extranjeras no tienen derecho a la concesión de un permiso de trabajo y residencia. En los malos tratos entre personas del mismo sexo, tampoco se contempla el derecho a solicitar medidas civiles respecto a sus hijos y/o hijas menores ni a que el Juez de Oficio se pronuncie en el Juzgado de Instrucción sobre aspectos básicos como su guarda y custodia o el uso y disfrute de la vivienda familiar, a no ser que la víctima las solicite de forma activa como medidas provisionales ante el Juzgado de Familia en un procedimiento aparte.
En cuanto a los hijos, Charo Alises explica que no se contempla «el cambio de centro escolar de los y las menores cuando hay un caso de violencia y la mujer o el hombre tienen que irse o se va de su domicilio habitual o su domicilio familiar». Las parejas de hombres y las parejas de mujeres no tienen el derecho de que inmediatamente se busque una plaza en el lugar donde vayan. «Esto crea una desigualdad ante situaciones que realmente son iguales. La génesis de la violencia no es la misma (que en la de género), pero las situaciones que provoca sí pueden ser las mismas, por lo que estas medidas deberían ser iguales también».
Sea cual sea el origen de los malos tratos, las situaciones que se dan en las parejas del mismo sexo pueden ser las mismas. La activista y abogada explica que uno de los motivos por los que las mujeres víctimas de violencia de género no denuncian es debido a que no tienen recursos económicos porque se han dedicado a trabajar dentro del hogar y a cuidar de la familia. Ellas se plantean: «¿Ahora a dónde voy si no tengo dinero? Por eso las medidas», constata la abogada. Sin embargo, esta realidad puede darse también en parejas homosexuales en las que uno de los miembros se haya dedicado a cuidar del hogar y de la familia y se encuentre supeditado al dinero de su pareja. «Eso le puede suponer un hándicap para denunciar, por lo que necesitarían también esas medidas que se facilitan a la mujer víctima de violencia de género».
Charo Alises, abogada LGTB: “La génesis de la violencia no es la misma, pero las situaciones que provoca sí pueden ser las mismas, por lo que estas medidas deberían ser iguales también”
Equiparar las leyes en esos aspectos es lo que reclaman desde COGAM, que exige soportes y medios que incluyan órdenes rápidas de protección; casas de acogida; asesoramiento psicológico y legal; y juzgados específicos con los que se garantizaría una formación directa y especializada por parte de jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad del Estado para que la entiendan, la comprendan y la traten de forma adecuada. El colectivo también denuncia que las víctimas no encuentran albergues que las acojan. El resultado es su regreso a la «escena del crimen», haciéndoles vulnerables a más episodios de violencia.
Hay casos en los que las mujeres consiguen de forma «no oficial» albergarse en casas de acogida para víctimas de violencia de género y recibir apoyo jurídico y psicológico, explica COGAM. Pero esta realidad se hace imposible en los hombres gays. Así lo corrobora también el único análisis estatal sobre los recursos de estas víctimas: el Informe Sobre la Situación de la Violencia entre Parejas del Mismo Sexo (FELGTB, 2011).
En él se estudiaron los recursos a los que se derivan a estas víctimas de malos tratos. De los veintiséis que se estudiaron, un 50% se trataba de recursos de apoyo a la comunidad LGTBIQ+, que presentan un problema: no son específicos para las víctimas de violencia intragénero. Se centran en temas de homofobia o de aceptación de la propia orientación sexual. El 27 % eran derivados a recursos de violencia de género, por lo que los hombres quedan fuera. Un 8% se derivó a centros de apoyo a las familias y servicios sociales, cuyo principal problema es que se suelen hacer en pareja, motivo por el que muchas de las víctimas deciden no acudir. Otro 8% se derivaba a las víctimas de delitos, donde tan solo son aceptadas si existe juicio. El 7% restante incluía un recurso para mujeres homo-bisexuales y otro específico para la violencia intragénero, el único de todo el estado en el momento del estudio: ALDARTE, en Euskadi.
Los resultados de esta investigación desvelaron las consecuencias de la falta de formación específica en las asociaciones, que ocasiona «idas y venidas de las víctimas de unos recursos a otros» y que en lugar de contribuir a «reforzar la decisión de denunciar o distanciarse de la persona agresora, provoca frustración y desanima a la víctima a pedir ayuda». Además, en algunos casos la víctima no deseaba acudir a pedir ayuda porque no había salido del armario y hacerlo le descubriría. También se encontraron casos en los que la familia y amigos habían rechazado su orientación sexual, por lo que la víctima no contaba con una red de apoyo cercana. Además, se daban contextos en el que la pareja o uno de sus miembros se encontrara dentro del colectivo LGTB. En algunos de ellos, la víctima no pudo acudir a la asociación LGTB porque el agresor, ya conociendo estos espacios, se hizo pasar por víctima y expulsó a la víctima verdadera.
EN EL ARMARIO
Mujika, quien está a la cabeza del centro promotor en el estudio de la violencia intragénero y en la atención específica a las víctimas de maltrato en parejas homosexuales, insiste en que el primer eslabón para avanzar en esta materia es darle visibilidad. Una visibilización que debe ir acompañada de información y concienciación. «Falta formar a todos los operadores que trabajan con este tema y que atienden a estas víctimas de delitos. Desde la policía, el sistema judicial, la fiscalía, todo el funcionariado y los servicios sociales y de psicología», persiste Alises, por su parte, que se dedica a esta tarea y se ha esforzado en redactar un manual al que tanto víctimas como personal administrativo puede acudir para formarse en esta materia.
Son las asociaciones las que destinan sus esfuerzos en cubrir aquello que la administración aún no contempla. La Confederación Española LGBT, COLEGAS, en un intento por dar voz a esta violencia silenciada dentro del colectivo y en sus esfuerzos por romper con la idealización de las vidas de las personas LGTB como resistencia al prejuicio y desprecio social hacia el colectivo, lanzó una campaña: «El arcoíris no enmascara la violencia intragénero». Con este lema exigían un Día Nacional que recuerde y visibilice esta violencia. Su propuesta: el 14 de abril. Fue ese mismo día de 2009 cuando un hombre mató a su exmarido de una puñalada en el cuello. Después, se suicidó. Fue el primer asesinato entre homosexuales casados cuatro años después de que España se convirtiera en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio entre homosexuales.
Paco Ramírez, de esta asociación, COLEGAS, lanzaba al aire: «¿Por qué si se nos consideró en 2005 matrimonios de primera si padecemos una violencia doméstica de segunda?». Mujika, en la misma línea, se pregunta: «¿El matrimonio gay de qué se diferencia del matrimonio que no es gay? No se entiende porque esta violencia es diferente. Yo no lo entiendo». Mientras, sigue lanzando interrogantes de lo que ella considera «una causa perdida»: «¿En qué se diferencia cómo se vive el amor en las parejas heterosexuales y en las parejas homosexuales?».
Saida Carbajal, víctima, no comprende tanta discusión y debate ante el sufrimiento que, como seres humanos, dice, «sentimos de igual forma». «Olvidamos que ante todo somos personas, independientemente de que nos guste un sexo u otro. Si tú estás con una persona qué más da el sexo del que sea si está ejerciendo violencia sobre ti, ¿no? Es lógico». Es un sufrimiento que ella ha vivido en primera persona y que asegura que le ha dejado secuelas: «Cambié bastante de carácter. Te crea muchas inseguridades».
Lo único que se sabe con claridad es que esta realidad pasa desapercibida ante nuestros ojos. Sigue encerrada en el armario. Como tantas personas que apresan allí su orientación sexual, sus deseos y sus ambiciones. Las asociaciones denuncian que mientras se mantenga ahí, silenciada, las víctimas seguirán sin ser capaces de identificar el abuso que sufren y lo vivirán en silencio, sin manifestarlo y sin relegarle mayor importancia. Mientras tanto, COLEGAS, en 2018, dio a conocer el número de asesinatos en el seno de parejas homosexuales que había detectado a través de los medios de comunicación, insistiendo en que tan solo son la punta del iceberg porque la mayoría permanecen ocultos: quince en diez años.
PERSONAS TRANS
A ojos de la ley, transexual es «la persona que se siente del otro sexo, y adopta sus atuendos y comportamientos; persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto». Los casos en los que el cambio de sexo no conste en la modificación del Registro Civil, solo se reconocerá como mujer si ha concluido con todos los tratamientos médicos para cambiar de sexo, ya que de manera fáctica, se considera, es el que tiene, aunque no conste formalmente. Es por este motivo por el que podrán ser tratadas como víctimas de violencia de género si su agresor es un hombre. Sin embargo, la situación se complica para aquellas que no han concluido la totalidad del tratamiento necesario para tener el sexo opuesto -según la ley-, es decir, cambio en el pecho y del aparato genital. Las mujeres trans que cumplan este último supuesto serán atendidas por violencia doméstica y no como víctimas de violencia de género. Los hombres trans que tampoco lo cumplan, podrían ser considerados como mujeres víctimas de violencia de género.
La directora del Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Trans del País Vasco, Lala Mujika, cuenta que las personas trans no viven tanto en pareja porque les es difícil llegar a conformar una. «No es fácil ser no heteronormativa en este sentido y encontrarse con alguien que te acepte. Eso es una realidad. Por otro lado, a muchas de estas personas no es un tema que les preocupe demasiado porque están centradas en otros aspectos», describe la psicóloga.
ANTEPROYECTO DE LEY
El borrador del Anteproyecto de Ley para la Igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales incluye y reconoce la violencia intragénero. Entre los derechos de las víctimas se recoge una administración integral y especializada para las víctimas de violencia intragénero por parte de las Administraciones Públicas, además de asistencia psicológica y orientación jurídica.
Charo Alises, abogada y activista LGTBI, sostiene que el borrador de este anteproyecto de ley «se queda corto». Tampoco se muestra optimista en cuanto su aprobación. Ella estuvo en el proceso de la primera vez que se intentó en 2017. No consiguió tramitarse porque las elecciones se adelantaron. «Cuando se convocan elecciones todos los anteproyectos y proposiciones de ley se quedan en nada». «Por lo que yo viví en ese momento y lo que estoy viviendo ahora, soy pesimista en cuanto a su aprobación. Ojalá que no tenga yo razón», ansia la activista LGTBI. En estos momentos, el Gobierno ya ha aprobado el anteproyecto, que ha sido remitido a las Cortes Generales.
*Este artículo ha recibido el Premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado que ha organizado la Asociación y Colegio Vasco de Periodistas, en colaboración con la Facultad de Comunicación de la UPV/EHU.
Guía para víctimas de violencia intragénero: https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/Guia_Breve_Victimas_Violencia_Intragenero.pdf
