Por Ángel ELÍAS ORTEGA, Miembro de la Promotora para una RBI en Euskadi.
Un importante logro en estos últimos meses en esta Comunidad Autónoma Vasca ha sido la aprobación del DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de ayudas a las familias con hijas o hijos, que con una dotación presupuestaria de 237.846.200,00 euros, ayuda económicamente a familias con hijas o hijos a su cargo por nacimiento, adopción, tutela o delegación de guarda para la convivencia preadoptiva. Esta ayuda, vigente con efectos retroactivos al 1 de enero de este año 2023, es de 200 euros mensuales y se concede a toda hija o hijo desde 0 hasta 3 años de edad, a lo que se suma otra de 100 euros mensuales por terceras o sucesivas hijas o hijos desde los 3 hasta los 7 años de edad, duplicándose todas estas ayudas si la hija o hijo tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o una situación de dependencia.
La persona beneficiaria deberá estar empadronada junto con la hija o hijo que motiva la ayuda, residir de forma efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, o acreditar cinco años continuados de residencia y empadronamiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco a lo largo de los últimos diez años.
Pero lo novedoso y trascendente es que desaparece la condición de necesidad económica, ya que hasta este Decreto la posible ayuda estaba en función de la renta familiar estandarizada, mientras que ahora este derecho es reconocido a todas las familias con hijas e hijos de hasta 3 años.
Aunque nuestro estado de bienestar lo configuran derecho a prestaciones universales e incondicionales en materias de educación, sanidad e incluso servicios sociales, sin embargo, hasta ahora todas las ayudas directamente monetarias estaban condicionadas a la acreditación de situaciones de necesidad.
Ello me lleva a demandar que se den pasos en la consecución de una renta básica incondicional (RBI), que gracias a sus principios de universalidad, incondicionalidad y acumulabilidad de rentas, además de ser eficaz para paliar situaciones de pobreza, es un instrumento preventivo, que al dar a todas las personas una cantidad equivalente al umbral de la pobreza, evita su aparición y permite incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, empoderándola en las elecciones laborales, de formación y de proyectos de vida, favoreciendo el emprendimiento de proyectos colaborativos y creando una sociedad más cohesionada. Además, supone en si misma un reparto de la riqueza, por lo que directamente permite disminuir las enormes desigualdades contemporáneas de ingresos y riqueza. A su vez, la RBI es un instrumento que, mejor que ningún otro, permite el avance en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, de Naciones Unidas.
Por ello, creo necesario que esta medida de una RBI esté en el debate público ante las próximas elecciones municipales y forales del 28 de mayo, precisamente, cuando el próximo 5 de mayo se cumplirá un año de que una propuesta de RBI, presentada como Iniciativa legislativa popular y avalada por más de 22.000 personas y 80 organizaciones sociales, fue debatida en el Parlamento Vasco, donde no fue aprobada, pero contó con el voto favorable de EH/ Bildu y Elkarrekin Podemos.
