Por Antonio Rubio vía republica
El anteproyecto de Información Clasificada sólo desclasificará documentos con más de 50 años.
1968. Es un año importante, transcendental e histórico para España. Nace Felipe VI, Massiel gana Eurovisión, estalla el mayo francés y los estudiantes galos se echan a la calle, la dictadura franquista instaura la ley de Secretos Oficiales y pone en marcha la Organización Nacional Contrasubversiva (ONC). La ONC estaba adscrita al Ministerio de Educación y formada por estudiantes afines al Régimen que hacían de chivatos y confidentes, más los bedeles (ex guardias civiles) y los inspectores de Policía que se matriculaban en la universidad para controlar a los estudiantes. Y al frente de todo ello el comandante José Ignacio San Martín, que trece años más tarde participó en el intento de golpe de Estado del 23-F y fue condenado a diez años de cárcel.
2022. Han pasado 54 años. Felipe VI ya es Rey, España es un Estado de Derecho, el dictador Francisco Franco murió en la cama en 1975, San Martín lo hizo en 2004, los servicios secretos han pasado por diferentes etapas y nomenclatura como Servicio Central de Documentación (SECED-1972), Centro Superior de Información de la Defensa (CESID-1976) y el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI-2001). Nuestro país ha tenido diferentes gobiernos democráticos: UCD, PSOE, PP y de Coalición (PSOE-Podemos) y ninguno de ellos, hasta ahora, había promovido un cambio de la ley franquista.
El pasado día dos el Consejo de Ministros puso en marcha el anteproyecto de ley de información clasificada, para sustituir la ley de Secretos Oficiales de Franco, pero el PNV, el principal propulsor de esa nueva Ley, ya ha indicado que está decepcionado por los plazos de desclasificación de información, cincuenta años y con posibilidad de ser prorrogable por otros diez más, Bildu considera que el Gobierno “no cumple con las promesas contraídas” porque casos de Derechos Humanos, como los GAL, no serán desclasificados y Unidas Podemos, a través de Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario, ha indicado que “ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad”. E, incluso, ha ido más lejos: “No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer”. Y, por último, el PP se ha quejado porque no ha sido consultado.
La Ley 9/1968 nos recuerda, una y otra vez, que “España es diferente”. Eslogan que esgrimió el ministro franquista Manuel Fraga en la década de 1960 como reclamo turístico hacia el extranjero. Hoy, “España es diferente” porque todavía tiene secuestrada su “memoria” y su “verdad”, denuncian historiadores, juristas, víctimas de la “guerra sucia” y periodistas de investigación.
Robert Allan Caro, periodista estadounidense y en dos ocasiones premio Putlizer, mantiene, enseña y esgrime: “El tiempo es igual a la verdad. Cuanto más tiempo le dedique uno a una historia, más cerca estará de la verdad”. En España, a diferencia de Estados Unidos, esa premisa no es ejecutable porque la “memoria” sigue clasificada.
Los historiadores no pueden acceder a la documentación necesaria para investigar cómo, quién, cuándo y de qué manera se produjeron determinados hechos del ayer. Y los periodistas de investigación que han revelado “secretos de Estado” como el intento de golpe de Estado del 23-F, las acciones de “guerra sucia” (Papeles del CESID y atentados de los Grupos Antiterroristas de Liberación, los GAL), torturas y asesinatos por parte de las Fuerzas de Seguridad (Caso Almería -1981- y Mikel Zabalza -1985-) y otros muchos se han topado con que los gobiernos del PSOE y del PP que no han autorizado a la Justicia la desclasificación de documentos ya publicados en Prensa y que, además, señalan a autores materiales e intelectuales con nombres y apellidos. De esta manera sólo tenemos y hemos podido llegar a la “verdad periodística”.
Las otras verdades, la judicial, la histórica, la filosófica y la política están por llegar. Y para ello sería necesario que esas informaciones, revelaciones, documentos y exclusivas periodísticas fueran desclasificadas con la nueva Ley de Información Clasificada que el actual Gobierno ha prometido que estará preparada para este año (por tramites será difícil que se cumplan esos plazos) y que será sancionada a principios de 2023, aunque no podrá entrar en vigor hasta seis meses después de su aprobación.
Joseph Pérez (1931-2020), historiador, catedrático de la Universidad de Burdeos y Premio Príncipe de Asturias mantenía que “la Historia siempre es contemporánea. Siempre hay algo que añadir y siempre habrá cosas que corregir y perspectivas nuevas». Y el mejor reportero del siglo XX, Ryszard Kapuscinski (1932-2007), reivindicaba que “la función del periodista de investigación es la de investigar y explorar la historia”.
Cuando el catedrático Pérez utilizaba los términos “añadir” y “corregir” se refería a la “tempestividad”, que es cuando los historiadores, periodistas de investigación y estudiosos aportan material, nueva documentación o revelan secretos del ayer para aclarar y rectificar como contó la Historia los hechos.
Uno de los puntos más conflictivos de esa nueva Ley de Información Clasificada es que el Gobierno pretende aplicar un periodo de 50 años, prorrogable a otros diez más, para los documentos que estén clasificados como “alto secreto”, 40 para los “secretos”, diez para los “confidenciales” y seis para los “restringidos”. La propuesta del PNV, que lleva seis años reivindicando un cambio, se centra en 25 años para desclasificar materias secretas y en 10 para las reservadas.
Historiadores, periodistas y juristas consideran que el tiempo que pretende aplicar el Gobierno a las materias reservadas es excesivo y ponen como ejemplo los 25 años que se aplican en Estados Unidos con los documentos de la CIA y otros.
En mayo de 1996 José María Aznar, que ya era presidente del Gobierno tras ganar las elecciones a un PSOE que se vio inmerso en casos de corrupción, “guerra sucia” y la revelación de los Papeles del CESID, declaró que “si investigara a los GAL se subvertiría la democracia” y su Gobierno se negó a desclasificar los documentos secretos de los servicios secretos que reveló el diario El Mundo entre 1995 y 1999. Tres jueces (Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y un juzgado de San Sebastián) solicitaron la desclasificación de 20 documentos para esclarecer las acciones de los GAL y de sus jefes policiales y políticos, petición que fue rechazada por el Gobierno de Aznar en agosto de 1996. El diario El País apoyó esa resolución.
Meses antes, el 8 de abril de 1996, el diario El Mundo publicó en portada un manuscrito del entonces sargento Pedro Gómez Nieto, adscrito al cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y miembro del CESID donde quedaba clara cómo y de qué forma se llevaba a cabo la “guerra sucia” contra ETA. Está fechado en 1983 y consiste en la transcripción de una cinta que el entonces sargento le graba al que era comandante de aquel cuartel en su despacho: “Un manuscrito demuestra que Galindo organizó el GAL de la Guardia Civil”.
Otra cinta, de la misma época y en esta ocasión grabada por Juan Alberto Perote Pellón que en aquella época era el jefe de la Agrupación de Operaciones Especiales del CESID al sargento Gómez Nieto revela que a Lasa y Zabala “le pegaron dos tiros…y le hicimos hacer dos agujero”.
Estos documentos, entre otros, revelados periodísticamente, no podrán ser desclasificado según el anteproyecto de ley de información clasificada hasta el año 2043, fecha en la que algunos de los autores intelectuales y los periodistas de investigación que investigaron aquellos temas ya no estarán por edad.
Javier Gómez de Liaño, ex magistrado de la Audiencia Nacional, instruyó el caso Lasa y Zabala –dos jóvenes vascos que se refugiaron en el sur de Francia fueron secuestrados, torturados, asesinados y enterrados en cal viva en 1983 por los hombres de Rodríguez Galindo– , y uno de los tres jueces que solicitó la desclasificación de los documentos del CESID. Hace unos meses, con motivo del podcast “GAL: El Triángulo”, que ha recibido el premio Ondas 2022, me declaró: “El gran argumento que entonces se esgrimía en España para justificar los GAL era por la razón de Estado, y mi respuesta fue modesta, pero fulminante: “Por delante de la razón de Estado, está la razón de Justicia”.
El Gobierno de Felipe González dijo no a la desclasificación de los documentos que revelaban la “guerra sucia” y a la pregunta de por qué el ya presidente José María Aznar mantuvo la misma postura que los socialistas, Gómez de Liaño respondió: “Me produjo una gran decepción la postura de Aznar. Yo creo que no venía de él. Creo que venía de alguien que le estaba recomendando, pidiendo: “Presidente no nos hagas más daño”. Y no sé quién sería el que le recomendó esa postura”.
Casos.
1973.-Atentado de Carrero Blanco (1973). Posible implicación de algún servicio secreto nacional o internacional. No se revelará hasta diciembre de 2023.
1975.-Macha Verde sobre el Sahara (1975). Cuál fue el papel realizado por algún importante dirigente/cargo franquista. Tendremos que esperar hasta el 2025.
1975.-Batallón Vasco Español (BVE). Acciones, palizas, torturas, secuestros y asesinatos del grupo terrorista BVE que recibió el apoyo y colaboración de policías y que fue financiado económicamente por algunas empresas del IBEX 35. Tendremos que esperar al 2025.
4.-Los sucesos de Montejurra (1976) en 2026
5.-La huelga y muertos de Vitoria (1976), 2026.
6.-“Semana negra de la Transición” con los asesinatos de Atocha y varios estudiantes (1977)…2027
7.-Atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario MPAIAC (1978),…2028
8.-Intento de golpe de Estado del 23-F (1981)….2031,
9.-Caso Almería (1981)…2031
10.-Intento golpe de Estado de los coroneles (1982)…2032.
11.-Escuchas ilegales y papeles del Cesid (1983 y 1991),…hay que determinar si el periodo de desclasificación arranca en el inicio o el final del periodo de “guerra sucia”….2033 ó 2041.
11.- A. Agosto y octubre 1995. Gómez Nieto cuenta a Perote en 1985. “Cuando se cargaron a Lasa y Zabala. Fueron dos tiros. Los primero, le hicimos hacer dos agujeros.
12.- Grupos Antiterroristas de Liberación (1983-1987)…se tendría que valorar si arranca en el inicio o en el final…2033 ó 2037.
12 A.- Paquete bomba del cartero.
12.- Atentado de El Descanso (1985)…2035
13.-Atentado contra HB en Madrid (1989)…2039.
14.-El Cesid y el asesinato del padre Ignacio Ellacuría (1989)…2039.
15.-Atentados del 11-M (2004)….2054
Mariano Sánchez Soler y “La Transición sangrienta”, entre 1975 y 1983, la violencia política acabó con la vida de más de seiscientas personas e hirió de gravedad a otras dos mil.
El historiador David Ballester ha puesto nombre y apellido a las víctimas de la violencia policial que hubo durante la Transición española. Según Ballester, del 20 de noviembre del 1975 al 2 de diciembre del 1982, 134 personas murieron por culpa de una mala actuación policial. Eran hombres y mujeres inocentes y sus muertes, precisa el historiador, son responsabilidad del Estado: «Estos agentes formaban parte del aparato del Estado y actuaban bajo las órdenes de mandos policiales y responsables políticos. No es que el Estado persiguiera a estas víctimas ni que ordenara matarlas, pero es responsable de los errores y crímenes cometidos por sus funcionarios». Ballester, doctor en historia contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona, documenta y contextualiza todas estas muertes a Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982) (Prensas de la Universidad Zaragoza).
Algunos de los autores materiales e intelectuales de aquellos hechos, atentados, desapariciones y secuestros aún permanecen y permanecerán en el anonimato.
Los tres casos más llamativos que todavía permanecerán bajo la nueva Ley de Información Clasificada serán el atentado de ETA contra el almirante Carrero Blanco, el intento de golpe de Estado del 23-F y la “guerra sucia” de los GAL. Y los tres tienen muchas sombras.
Son las 14,30 horas del 22 de marzo de 1982 y el comandante José Luis Cortina acaba de declarar en el juicio del 23-F por su posible implicación en los hechos. En el momento del intento de golpe de Estado él era el jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid y algunos de sus miembros dieron apoyo al teniente coronel Antonio Tejero.
El fiscal Claver ha hecho un duro interrogatorio al comandante del Cesid y al terminar el jefe de los espías está furioso. Habla por teléfono con un interlocutor desconocido y amenaza: “Como me jodan saco hasta lo de Carrero Blanco”. Ángel López Montero, defensor de Tejero, fue testigo de aquel suceso (ver El Mundo del 21 de febrero de 2011) y escuchó la integridad de la conversación detrás de una cortina.
Se da la circunstancia de que el 20 de diciembre de 1973, el mismo día que Carrero Blanco voló por los aires, los hombres del Cesid que estaban siguiendo y controlando a un grupo de árabes y soviéticos en la zona del atentado levantaron sus vigilancias y aquel día no fueron al trabajo.
(Ver El Mundo de….).
Con respecto al intento de golpe de Estado del 23-F la trama civil sigue detrás de la cortina, en la sombra. El único civil procesado y condenado fue García Carrés que en una cinta magnetofónica exclusiva que publicamos en El Mundo donde……….
Y por último, recordar que en 198…Felipe González aclaró, cuando se le preguntó y señaló como organizador de la “guerra sucia de los GAL, que “ni existen pruebas, ni existirán”.
Con la futura Ley de Información Clasificada seguiremos siendo “el país de la desmemoria”, como mantiene y defiende el escritor y periodista Lorenzo Silva.
