Por Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino- Responsable de proyectos de innovación pública en el ámbito del buen gobierno.
Pocos, pero muy dañinos
Aunque los casos de corrupción en España son pocos estadísticamente hablando, teniendo en cuenta que las estadísticas que se conocen son únicamente sobre los casos que llegan a la justicia, y que por cierto están muy bien publicados en la página del Poder Judicial –con datos reutilizables-, el impacto que tienen es enorme. Impactan sobre la imagen de la clase política, de los partidos y sobre todo en la credibilidad de las instituciones públicas, y del sistema democrático, que en pleno siglo XXI no debería estar cuestionado.
Contra la corrupción, denuncia y agilidad y determinación en los procedimientos judiciales para dirimir y condenar, pero ¿es esto suficiente?
El daño ya está hecho, y el “todo vale”, justificado en lo que hacen los que tienen el poder y abusan de él, entendido como un hecho generalizado, producirá no a tan largo plazo, un daño irreparable.
¿Qué buscan los sistemas de integridad institucional?
Buscan generar en las personas responsables de la política, en el personal que gestiona la cosa pública y en las entidades que prestan servicios o proveen de suministros a la administración pública, no solo la prevención de conductas inadecuadas, sino un acicate para producir conductas que incidan positivamente en el rendimiento de la gestión pública.
Implantar un sistema de integridad institucional es complejo y de largo alcance. Parte de compartir unos principios básicos como los siguientes:
- Las personas con cargo público o empleo público son representantes de la institución, y deben comportarse con la dignidad requerida y una ética basada en la honestidad y el interés por el bien público, actuando con objetividad, profesionalidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos, y velando por la convivencia, y la solidaridad entre las personas, siendo tolerantes a la pluralidad y a la diversidad.
Los códigos éticos de los cargos públicos están muy generalizados pero también demasiado banalizados
Los sistemas de integridad requieren muchos elementos, no fáciles de implantar y de hacerlos eficaces. Son muy conocidos los códigos éticos que los cargos públicos deben respetar cuando ejercen funciones públicas, y cuya regulación está muy extendida. Parecen códigos de conducta de sobra conocidos. Decir que una persona que ejerce un cargo público debe ser ejemplar, imparcial y buen profesional, parece no añadir mucho a la cuestión que queremos resolver. Sin embargo, ¿son estos los principios que mueven a los partidos para designar a sus candidatos o candidatas? Si hubiera que seleccionar con criterios y herramientas fiables y confiables a un cargo público, entre las competencias que debería demostrar, deberían, a mi juicio, centrarse en las siguientes:
- Su capacidad para liderar un proyecto transformador en la institución donde vaya a ser responsable, fomentando el trabajo colaborativo del personal a quien va a dirigir, con otras instituciones y con agentes cívicos y privados
- Sus habilidades para la comunicación efectiva, de modo que su obligado compromiso con la transparencia sea real, esto es, comunicar bien con objetividad hacia dentro y hacia afuera los objetivos, las prioridades, los medios para conseguirlos, las dificultades, las oportunidades…
- Su capacidad de autocrítica, para rendir cuentas y justificar periódicamente el uso de recursos, sus decisiones e incumplimientos, y para tomar medidas correctoras, e incluso poner su cargo a disposición de quien le nombró si sus resultados no alcanzan los mínimos pretendidos
- Su potencial para generar procesos innovadores que mediante la experimentación puedan conllevar un aprendizaje colectivo que incida en mejores resultados e impactos de las políticas que le corresponda dirigir. Claro está que, para ello, ya va siendo tiempo de implantar procesos de evaluación sistemáticos que cuestionen políticas arraigadas de efectos muy cuestionables. La innovación está reñida con el conservadurismo y el continuismo en las políticas públicas, resulta imprescindible experimentar formas nuevas de acometer los problemas complejos que hoy en día tenemos. Los cargos públicos han de ser audaces y creativos, ensayando soluciones alternativas con experimentos controlados y bien evaluados. ¡Cuidado con implantar sistemas de inteligencia artificial que sustituyan procesos personalizados de gestión, sin experimentar previamente y sin analizar riesgos que deben ser controlados!
- Su visión de la gestión pública, basada en la capacidad para abrirse a la escucha activa de la ciudadanía, a la colaboración y la justa ponderación de intereses y necesidades que incidan en el bien común, no solo atendiendo a las mayorías sino también a los colectivos minorizados, a los territorios olvidados, previendo los riesgos de desigualdades sociales o territoriales.
Las personas empleadas en la cosa pública no lo tienen fácil
Estos códigos éticos tienen también su aplicación en las personas empleadas públicas para el ejercicio de su actividad profesional. La deontología profesional en la gestión pública tiene, en su esencia, elementos similares a la de cualquier profesional del mercado privado, como la orientación a la ciudadanía –en lo privado es la orientación al cliente-, la excelencia en la asignación de medios y recursos a la finalidad pretendida, la contribución a la colaboración y al clima laboral en el trabajo, el autoperfeccionamiento en competencias profesionales para un desempeño óptimo de sus funciones etc…
Pero además tiene sus especificidades. En la gestión pública, los responsables políticos pueden cambiar cada cuatro años, y la gestión del conocimiento que hagan los equipos con la nueva dirección política resulta imprescindible. Comunicación efectiva y contribución al establecimiento de los nuevos planes de trabajo de la legislatura, es lo que debería esperarse por ambas partes. El criterio técnico es esencial, y el criterio político también, pero solo si está ajustado a la finalidad pretendida. Cada parte tiene su responsabilidad, y cada parte ha de asumir sus consecuencias.
Cada vez hay más procedimientos administrativos que conllevan la firma única del personal técnico: informes de legalidad, propuestas de adjudicación de contratos, propuestas de concesión de subvenciones, informes de evaluación de resultados e impactos de políticas o servicios, actas de órganos colegiados firmadas por las personas técnicas que ejercen la función de la secretaría … La integridad en estos actos administrativos es fundamental, y no siempre es fácil actuar sin omitir lo incómodo, polémico o contrario a los intereses de las partes más influyentes. Cuando se cuestionan los nombramientos de las personas funcionarias para toda la vida, se pone en riesgo esta debida independencia que tiene el serlo, aunque tenga también algunos efectos negativos, a mi juicio, más vinculados con una mala dirección profesional, procesos selectivos poco atinados… que con el hecho de serlo para toda la vida profesional.
Las empresas o entidades licitadoras en la contratación pública también han de ser íntegras
Los códigos de conducta son especialmente interesantes en los procesos de contratación pública y en la concesión de ayudas y subvenciones, ya que no solo se ven afectados los responsables públicos y las personas empleadas públicas sino también las entidades o empresas licitadoras o beneficiarias de las ayudas públicas, incluidas las ciudadanas o ciudadanos individualmente.
En el caso de los contratos, el código ético a asumir por parte de las empresas o entidades licitadoras conllevaría la ausencia de conflictos de intereses con el poder adjudicador, la participación competitiva y de buena fe, esto es, no realizar acuerdos económicos con otras empresas, no mantener contactos con cargos públicos que ofrezcan información que les proporcione ventaja competitiva, no aplicar comisiones sin servicio, regalos sin justificación o no cometer abusos en la relación al objeto-calidad-precio, entre otros.
Las entidades o personas subvencionadas también debe aplicarse el marco ético. Las inspecciones no deben ser el único recurso contra el abuso.
En el caso de las subvenciones, dirigidas a entidades, empresas y organismos beneficiarios de las ayudas, el marco ético tiene que ver no solo con la adecuada aplicación de la ayuda al hecho subvencionado, sino también con la rendición de cuentas y transparencia sobre su organización, quienes la lideran y si se dan conflictos de intereses, con qué fines actúa la organización, cómo ha gestionado las ayudas concedidas-sometiéndose fielmente a las auditorías y controles exigidos sin falsear la información-, contabilidad ajustada a derecho…
Una pequeña mención a las personas individuales beneficiarias de las ayudas, también merece realizar, en lo que se refiere a la veracidad de la información proporcionada para su adjudicación y el debido empleo de la misma. No parece muy adecuado a un marco de integridad el asignar a las inspecciones y controles el papel de detección de los abusos en la concesión de las ayudas. Los países nórdicos nos han enseñado mucho sobre la autorresponsabilidad ciudadana en el uso de los recursos públicos. Justificar los abusos por la generalizada opinión de los abusos de los otros –cargos públicos, funcionariado- es tan poco ético como hacerlo desde la gestión política o administrativa. Luego hablaré de la formación en competencias éticas muy útiles para cualquier cargo, persona empleada pública, puesto directivo empresarial o de entidad privada o cívica o ciudadanía en general.
Los órganos de garantía de la prevención de la corrupción adolecen de herramientas para ser útiles y eficaces: imprescindible la formación en integridad, la protección a las personas denunciantes y las antenas de prevención de riesgos de corrupción
Otro elemento básico de un sistema de integridad institucional son los órganos independientes de garantía que impulsan, promueven y velan por el cumplimiento de lo regulado en estos códigos y previenen de cualquier incumplimiento o mala conducta.
Para prevenir las conductas impropias resulta imprescindible promover la cultura de la integridad a través de los programas escolares y universitarios, y las escuelas en ciudadanía –para ciudadanía en general, responsables públicos y personas empleadas públicas, directivos/as empresariales, cívicos o privados de cualquier índole-. ¡Y qué decir de la cultura de la integridad en los medios de comunicación! ¿Cuándo va a medirse el daño que producen las fake news, las noticias amarillistas, parciales, descontextualizadas o interesadas que falsean lo realmente acontecido? Desarrollar desde la infancia y a lo largo de toda la vida competencias dialógicas y comunicativas, de colaboración basada en el reconocimiento y respeto a la diferencia, la empatía, promover el sentido crítico racional y las competencias críticas y propositivas, así como la conciencia sobre los derechos exigibles acompañados de responsabilidad y compromiso con el bien común… son retos ineludibles. ¡Cuántas veces nos sorprende el voto ciudadano hacia partidos o personas que han estado inmersas en grandes operaciones de corrupción! ¿A qué responde? ¿Nos genera más confianza alguien que sabe enriquecerse ilícitamente que quien promete equidad, justicia y solidaridad? ¿Creemos que va a defender mejor nuestros intereses privados? ¿Ha desaparecido el interés por el bien común? Son preguntas que producen cierto desasosiego.
Para resolver las consultas y dilemas éticos, y resolver quejas y denuncias, está pendiente, entre otras cuestiones, la debida protección a la persona denunciante. Tras una denuncia puede estar en juego tu trabajo, tu seguridad y la de tu familia. Hay mecanismos para proteger, en una primera fase el anonimato hasta la realización de las primeras investigaciones, y posteriormente, además de con la debida confidencialidad y rigor en la investigación, con la tutela efectiva para salvaguardar los riesgos que pueden darse en situaciones de denuncia a tus propios responsables, compañeros/as etc y, desde luego, con la celeridad en la resolución del caso.
Queda por último indicar que hoy en día, con las tecnologías de la información y los desarrollos de sistemas basados en la inteligencia artificial, es posible detectar, como si fuesen antenas, navegando a través de los datos generados por la administración, y de forma inmediata, posibles malas prácticas y riesgos de fraude o corrupción. Las antenas de prevención de riesgos de corrupción tratan de poner el foco en las actividades más susceptibles de generar riesgos de malas praxis, como son los contratos de obra pública, la emisión de licencias y autorizaciones, la función inspectora o auditora, las decisiones sobre aplazamientos de deudas, los procesos de selección del personal público –bien funcionariado o personal laboral en el sector publico de caracter público o público-privado-, la constitución de empresas mixtas público-privadas, el ejercicio de otros puestos de trabajo incompatibles con la ostentación de un cargo o empleo público, la delegación de competencias en organos subordinados, los usos de tarjetas de crédito institucionales o de patrimonio público fuera del horario habitual etc…
Queda mucho camino por recorrer, y a todos/as, en el ámbito público o privado, nos toca una parte que proteger para una sociedad más integra y saludable.
