Por Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino Responsable de proyectos de innovación pública en el ámbito del buen gobierno
Se suponía que la transparencia traería consigo una mayor credibilidad en las instituciones y en las empresas, pero se ha transformado en polémica de debates cada vez más silenciados.
Hace 10 años casi no habíamos oído hablar de transparencia, y hasta hace no demasiado tiempo, no había discurso político, de los medios de comunicación e incluso de representantes de altas firmas comerciales y empresariales, e incluso de los grandes bancos, que no contuviera a la transparencia como valor en alza, comprometiéndose con ella y otorgándole un papel relevante. Pero la transparencia se ha ido volviendo polémica, ocupando debates sobre su contribución o no a una buena gobernanza, debates que poco a poco han ido silenciándose.
Se presuponía que la transparencia traería consigo mayor credibilidad en los gobiernos y también, por qué no, en los productores de bienes materiales y de servicios, y a su vez, una ciudadanía más informada y más empoderada, y, en definitiva, una mejor democracia. La confianza no es ciega, se alimenta de información y evidencias.
Tenemos ya una legislación que regula el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, unas obligaciones de publicidad activa por parte de las administraciones, de los proveedores de servicios públicos, y también de las entidades subvencionadas etc…, pero realmente, ¿en cuánto hemos cambiado?.
Nuestra sociedad se enfrenta cada día a problemas y desafíos más complejos, con soluciones más complicadas de acometer. No se vislumbran soluciones únicas, ni definitivas, sino aproximaciones de largo alcance, tanto en plazos como en agentes a implicar. La crisis social y comunitaria a nivel mundial que ha puesto de manifiesto una pandemia, como la producida por la COVID 19, nos incita a pensar en la necesidad de repensarnos como comunidad, una comunidad en la que intervenimos agentes diversos, ciudadanía, personas expertas en diferentes materias, instituciones, empresas, sociedad civil, medios de comunicación…
Quizás, tenemos que reinventarnos, hay que reinventar nuevas formas de convivencia, de producir, de consumir y también de gestionar lo público. ¿Y qué papel tiene la transparencia en todo esto? No consigo imaginar que puedan conquistarse nuevos espacios -sean económicos, políticos o sociales-, sin las cartas boca arriba, donde los intereses diversos afloren y se pongan encima de la mesa, con el fin de repartir el máximo de valor para todos y cada uno de esos agentes. Tampoco puedo imaginar que los intereses divergentes sean mayores que los que compartimos, o al menos, que no haya intereses de las partes que puedan satisfacerse sin renunciar a los que se consideren esenciales para el resto. No hay negociación posible, ni acuerdos, ni posibilidad de generar valor público compartido, sin transparencia.
La transparencia es la principal componente de la integridad, y uno de los más eficientes indicadores de la calidad democrática, no solamente a ejercer por las administraciones que nos gobiernan, sino también por el resto de estamentos económicos y sociales, entre los que se encuentran, claro está, los medios de comunicación.
En estos tiempos convulsos, la falta de transparencia se convierte en el gradiente fundamental para desempoderar, desactivar y hacer convulsionar de forma destructiva a una ciudadanía inquieta, expectante, y desconcertada.
Cuanto mejor se conozcan los elementos que componen la necesidad o el problema a resolver y los intereses de las partes, más vias se abrirán para componer las soluciones. En esta sociedad, en la que prevalecen los intereses económicos, éstos también se verán en riesgo en una sociedad enferma, que desconfía de los poderes públicos y de los privados. La desconfianza no permite escuchar con genuina curiosidad y demostrar comprensión o no conformidad. No facilita hacer fluir la relación y la comunicación, permitiendo que la negociación se convierta en una actividad que refuerza las relaciones y maximiza la posibilidad de generar valor público.
He de reconocer que en el ámbito de lo público, se han dado grandes pasos. Tenemos portales de transparencia, que son una buena herramienta, pero se quedarán en poco más que marketing si detrás no se promueve realmente una cultura, gestión y compromiso con la transparencia. Tener un portal de transparencia te hace más transparente, pero no implica ser transparente.
Hay una gran diferencia entre el derecho a la información pública y el derecho a saber y a entender, que conlleva conocer si existe o no la información, poder comprenderla, poder actuar con ella y, desde luego, que contribuya a generar opinión, crítica, denuncia o censura, si procede. El ejercicio del derecho a entender, debe movilizar y transformar. No obstante, también ha de reivindicarse el derecho a que la información se difunda, aunque haya quien no tenga interés en entenderla.
La transparencia a veces puede utilizarse como trampa, alimentándose de lo oculto, de información imprecisa y manipulada, de hiperinformación, de consensos entre desinformados, con la intención de ejercer un control social. Es el peor uso de esta herramienta tan poderosa, con impactos dificiles de predecir, pero nunca beneficiosos para el bien común. Las redes sociales generaron mucha expectación al inicio, como buenos canales de socialización de la información, de empoderamiento y de denuncia social, sin embargo, la rapidez con que se producen las interacciones y el volumen que pueden llegar a alcanzar, y sobre todo la dificultad que entraña su control, hace que las falsas informaciones con intencionalidad lejana a la transparencia y a la integridad, produzca además de daños personales, como la pérdida de privacidad o acosos que pueden derivar en trastornos mentales, importantes daños sociales. Los populismos políticos han encontrado en las redes sociales un buen caldo de cultivo para ofrecer respuestas simples, muy vinculadas a lo emocional, a preguntas que requieren de soluciones altamente complejas y que son estratégicas para el futuro de nuestra sociedad.
Se cuestiona también el valor de la transparencia como medida contra la corrupción, sin embargo lo tiene, limitado, pero lo tiene. Hace algún tiempo leí en un periódico que un político danés decía “Somos igual de corruptos que cualquier otro país. La diferencia es que aquí tienes muchas más posibilidades de que te agarren. El hecho de que puedas exigir una transparencia total nos hace mejores como sociedad.” Y en algún otro lugar, que no recuerdo, leí, “¿Qué ocurre cuando un ciudadano sueco quiere acceder a todo el correo electrónico oficial de cualquier funcionario público o a la información que contiene su móvil de trabajo, ya sea un diplomático o el primer ministro? No solo tiene que enseñárselo, sino que está obligado a abandonar cualquier otra tarea para cumplir con las estrictas exigencias de las leyes de transparencia de este país nórdico. “No hay ninguna excusa”, sentenció el Tribunal Supremo”.
Para que la transparencia sirva como medio de un buen gobierno, generando valor público, deben darse unas condiciones. La primera es fomentar una nueva cultura del trabajo, trasladando como si de un cristal se tratara, lo que realmente sucede, en el momento en el que sucede, en un lenguaje accesible, aportando datos objetivos e identificando a sus autores/as o posibles responsables de la fuente de información. Esa nueva cultura conlleva también estar atenta a lo que sucede fuera, practicando la escucha activa, y reconocer y poner en valor otras perspectivas, los intereses y el papel de otros agentes también posibles generadores de valor público.
La tecnología nos está ayudando mucho, a través de los portales web, los procedimientos administrativos automatizados, la gestión abierta de los datos y su reutilización por agentes internos y externos, e incluso lo hará la inteligencia artificial. Pero no será suficiente, sin un compromiso desde la integridad por la transparencia.
En momentos extraordinarios como los actuales, donde la ciudadanía está sufriendo pérdidas, afectaciones y privaciones vitales importantes, las administraciones están desbordadas con ajustes de servicios, protocolos de actuación, gestión de medidas excepcionales de contención de los efectos económicos negativos, donde los medios de comunicación ejercen un papel decisivo en la conformación de la opinión pública, toca a todos los agentes, entre los que se encuentran de modo esencial los dos anteriores, una apuesta por una gobernanza basada en la transparencia. Una gobernanza que responda a las necesidades y demandas sociales establecidas con legitimidad democrática, que promueva condiciones que mejoran al conjunto de la sociedad sin olvidar la diversidad, que tanto enriquece, e impactando en la apropiación colectiva del bien público creado.
De esta manera, de modo transparente y corresponsable, las decisiones y recomendaciones de las administraciones públicas, así como también las actuaciones de los medios de comunicación social, tendrán el efecto reparador esperado, contribuyendo al bien común que tanto necesitamos.
