Por Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
Cada día que pasa las noticias no son nada halagüeñas en relación con el cambio climático, que, es, sin duda, el mayor desafío que tiene la humanidad en la actualidad. La última revisión de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) difundida el pasado 18 de mayo, señala que los cuatro indicadores clave sobre cómo se está alterando el clima por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero rompieron récords el año pasado.
Así, conforme se emite más CO2, la atmósfera va espesándose. De esa manera, debido a que tienen una larga vida, los gases permanecen cientos de años, y al añadirse más emisiones, se acumulan. En 2020 se marcó un máximo mundial y los datos de emplazamientos concretos indican que siguieron aumentando en 2021, según el informe de la OMM. Esa capa es la que retiene el calor rebotado del Sol y recalienta el planeta, alterando el clima global.
A su vez, la capa más superficial de los mares, hasta los 2.000 metros de profundidad, siguió calentándose el año pasado y todo apunta a que seguirá. El calor va penetrando hacia cotas más profundas y los datos muestran que ese recalentamiento ha sido especialmente relevante en los dos últimos decenios.
Por su parte, las aguas del mar se quedan con el 23% de los gases de efecto invernadero que se liberan. Eso hace que, al reaccionar gas y agua, conviertan ese medio en más ácido. Eso amenaza a organismos y servicios ecosistémicos y, por tanto, a la seguridad alimentaria, al turismo y a la protección de las costas, señala la OMM. Al bajar el PH de las aguas marinas, además, los océanos pierden la capacidad para absorber CO2.
También la subida del nivel del mar llegó a puntos algidos el año pasado. Ha aumentado una media de 4,5 milímetros al año entre 2013 y 2021, según la OMM, que supone el doble de lo que se pudo medir en el periodo 1993-2002, con lo que supone para millones de personas que viven en zonas muy vulnerables a la subida del mar.
Sin duda, todo esto nos lleva a que no se puede seguir con el actual modelo energético, que está basado fundamentalmente en los combustibles fósiles, y avanzar lo más rápidamente hacia otro modelo que nos aleje del carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear, y que nos conduzca a la democratización de la energía, la reducción del consumo energético y a las energías renovables.
Dentro de esta situación, las comunidades energéticas locales pueden ser un instrumento muy importante para una transición energética que sea justa, y que por tanto proteja a la población más vulnerable, que dé el liderazgo en un nuevo modelo energético al mundo local, las pymes y la ciudadanía, siendo las personas las que decidamos cómo queremos generar y consumir la energía en nuestras casas, trabajos, municipios, en nuestros desplazamientos.
Se trata a través de la participación ciudadana en el sector energético de luchar contra la crisis climática desde lo local y lo colectivo, cambiar el modelo de generación centralizada actual por uno de pequeñas centrales próximas a los puntos de consumo y acceder al derecho de la explotación de este recurso natural por parte de la ciudadanía y no en beneficio económico de unas pocas empresas.
En el Estado español hubo cambios legislativos muy importantes respecto al autoconsumo y el desarrollo de las renovables en los años 2018 y 2019. Se eliminó el impuesto al sol, se desarrolló un nuevo reglamento de autoconsumo y se permitió el autoconsumo colectivo, cuestión que fue muy positiva, aunque las comunidades energéticas van más allá. Permiten la participación ciudadana de todos los miembros que constituyen estas entidades, que se pueden constituir por ejemplo como cooperativas, que deciden cómo consumir y cuando.
Pero a pesar del interés que suscitan, las comunidades energéticas locales están en fase embrionaria en el Estado español, y, también en Euskadi, aunque en nuestra comunidad se están pasos en los últimos tiempos. Diversos informes que datan de principios de 2022 ponen de manifiesto la escasa implantación de las comunidades energéticas locales en el Estado español, donde se contabilizan 33, mientras que, en otros países, como Alemania, rozan las 2.000, seguida de Dinamarca con 700 y Países Bajos con 500.
En el caso de Euskadi, en octubre de 2021, el Consejo de Gobierno vasco aprobó el primer Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021-2024, que prevé la implantación de, al menos, 400 instalaciones de autoconsumo cada año y que para el año 2023 entre 12.000 y 20.000 ciudadanos sean miembros de una comunidad energética en Euskadi. En un informe elaborado por el equipo del Ararteko-Defensor del Pueblo del País Vasco, Manuel Lezertua, se señala que este tipo de iniciativas suponen una “oportunidad” para que las comunidades locales “acepten” las energías renovables y “participen de forma activa” en la transición energética.
Las principales trabas para un impulso decidido de las comunidades energéticas locales, en mi opinión, van en la línea de la maraña administrativa que hay que superar, el desinterés de las empresas eléctricas, la falta de formación e información, la necesidad de una mayor conciencia en el tejido asociativo en favor de la cooperación y de la colaboración, y también en las limitaciones en las distancias a la hora de permitir el autoconsumo.
Así, por ejemplo, la limitación del autoconsumo a hogares que se encuentren a un máximo de 500 metros de la producción de la energía, es un hándicap importante. En Francia, y recientemente en Portugal -desde el pasado enero- se permite el autoconsumo a través de la red de baja tensión a una distancia de hasta 2 km, que ofrece una superficie de posibles beneficiarios de casi 13 km cuadrados, que incluso es mayor en el caso de redes con tensiones superiores, frente a los 0,8 km cuadrados en el Estado Español. Cualquier de los municipios en el Estado español, y en Euskadi, que están intentando promocionar comunidades energéticas o instalaciones de autoconsumo colectivo son conscientes de que un cambio así transformaría radicalmente sus posibilidades y de que, en la mayoría de los casos, permitiría su acceso a casi todos las vecinas y los vecinos.
Por otra parte, hay que acabar con la maraña burocrática en que están inmersas nuestras administraciones, entre otras cosas, que tipo de asociación es necesaria crear, aunque estos cada vez está más perfilado: cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro…
Es necesario más formación e información, así como un tejido asociativo que esté por la labor, con más cooperación y colaboración. También las empresas eléctricas deben de cambiar radicalmente su actitud. Me refiero a las grandes eléctricas que en muchas ocasiones no quieren acelerar los trámites, ya que perderían gran parte de sus ingresos si este modelo se extendiera a todos los edificios u otras edificaciones, lo cual hace que el proceso se haga larguísimo en muchos casos.
