Por Gervasio Sánchez vía 20 minutos
Como ocurre desde hace décadas, las campañas electorales se desarrollan sin una palabra sobre armas, uno de los negocios más lucrativos, con España como séptimo (hemos llegado a ser sextos) país exportador del mundo tras Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China y Reino Unido.
No importa quién esté al frente del Ejecutivo español. Desde los años ochenta hemos aprovechado las guerras de otros y las fisuras en la legislación internacional para colocar nuestras armas en el mercado de la muerte.
En la época de Felipe González nuestro gobierno vendió armas a Irán y a Irak enzarzados en una violenta guerra que costó un millón de muertos. Utilizó métodos y caminos clandestinos (transporte en barcos con las hojas de ruta manipuladas) para promocionar nuestra industria armamentística que empezaba a destacar. Tras una investigación periodística, el entonces ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, se excusó con una declaración cínica en el Congreso de los Diputados: «Vendemos seis veces menos que Francia o sólo la mitad de Italia».
En mayo de 1996 tuve una conversación privada con la entonces ministra del Gobierno de Aznar, Loyola de Palacio, durante la entrega de un premio: «España tiene que dejar de vender minas antipersonas, armas letales que matan sobre todo a civiles después de finalizar cualquier guerra». Entonces, España era una de las potencias mundiales junto a otros países europeos que dejaron de vender minas un par de años después por motivos económicos (sería un insulto a la conciencia colectiva hablar de motivos éticos y morales): los chinos y los indios fabricaban minas tan baratas que era imposible competir con ellos. También le dije a la ministra que sentía una gran vergüenza cada vez que me encontraba con armas españolas en los campos de batalla africanos o latinoamericanos.
Durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se sextuplicó la venta de armas españolas. Entramos en la Champions League con pleno derecho. En la entrega de los Premios Ortega y Gasset de 2008 critiqué con dureza este comportamiento ante varios ministros socialistas y mi discurso tuvo un gran impacto en las redes sociales. Pasé varios años teniendo que responder a preguntas retóricas por parte de votantes socialistas que no se creían que su amado líder, que se presentaba como un gran pacifista ante la sociedad, se hubiera convertido en el mejor traficante de armas de todos los gobernantes españoles. Era fácil conocer los datos con leerlos en los informes oficiales aunque siempre ha existido una nebulosa sobre los reales. Pasamos de vender 405 millones de euros en armas en 2004 a 2.431 millones a finales de 2011. Con solo aplicar la tabla de multiplicar del seis se llegaba a la misma conclusión que yo.
“Todos los partidos, sin importar su ideología y sus promesas cuando están en la oposición, son incapaces de tomar decisiones trascendentales para poner fin a la sangrienta venta de armamento”
Con la llegada del presidente conservador Mariano Rajoy se nombró a Pedro Morenés, un conocido vendedor de armas, como ministro de Defensa. Ya no sólo era el ministerio de Industria el interesado en los pingües negocios. Fue como meter la zorra en el gallinero. Se llegó a duplicar el listón que había dejado su antecesor, con el récord de 4.347 millones de euros en 2017, más de diez veces lo que vendíamos en 2004.
La Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, de 2007, que impide vender armas «cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz» y el Tratado sobre el Comercio de Armas aprobado por la ONU en 2014, cuya regla de oro es «no autorizar armas para cometer atrocidades«, han sido violados por todos los gobiernos españoles de los últimos 15 años.
Con los gobiernos de Pedro Sánchez, incluido el segundo con el apoyo de la izquierdista Podemos, las ventas de armas han mantenido el mismo ritmo. En 2019, el negocio, vinculado a la defensa pero también a la muerte, creció un 8,6% en relación al año anterior, y España recuperó el sexto puesto mundial. En 2020 se produjo el récord de autorizaciones de venta de armas con 22.545 millones de euros sólo en el primer semestre, el doble que en los dos años anteriores juntos, aunque la pandemia de la covid impidió el cumplimiento de algunos contratos.
Seguimos vendiendo armas a Arabia Saudí (nuestro primer comprador), Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel y Turquía, países que violan sistemáticamente los derechos humanos o pueden utilizarlas en conflictos internos para cometer atrocidades. Seguimos actuando con un gran nivel de cinismo e hipocresía y todos los partidos, sin importar su ideología y sus promesas en la oposición, son incapaces de tomar decisiones trascendentales para poner fin a este mercadeo sangriento.
