Por José Ramón Berné
Estos días, varios periodistas están siendo acosados por multitud de energúmenos que llevan a las calles el odio que, muchas veces impostado, la oposición al gobierno de Pedro Sánchez destila en el Parlamento español y que un gran número de medios de comunicación se encargan de difundir, corregido y aumentado, sembrando la idea de que en España tenemos un gobierno ilegítimo, presidido por un traidor a la patria. El espacio televisivo, el más influyente, está trufado de tertulias en las que la pluralidad de opinión es más bien escasa y en las que los moderadores, más que moderar, dirigen a los tertulianos hacia el objetivo buscado, culpar al sanchismo de todo lo malo que ocurra en España. No sale gratis, enfrentarse a la banca, a las grandes energéticas, al poder empresarial, también de los medios de comunicación, a los grandes lobbies o a las naciones poderosas.
Hace 50 años, como un soplo de aire fresco, nació El País, un periódico que pronto se convirtió en el referente progresista que necesitaba la sociedad española. Un poco más tarde nacieron las televisiones autonómicas y a principios de los noventa comenzaron a emitir las televisiones privadas y, aunque las radios privadas existen desde hace más de 100 años, durante la dictadura franquista se veían obligadas a conectar con Radio Nacional de España para difundir “el parte” que dicha radio emitía; esta obligación se prolongó hasta el 3 de octubre de 1977.
Podemos afirmar que hasta hace 50 años la información estaba totalmente manipulada y castrada, los españoles solamente conocíamos aquello que al régimen le interesaba y de la manera que le interesaba. Recuerdo las primeras planas de periódicos españoles atacando duramente al primer ministro sueco, Olof Palme, por haber protestado enérgicamente por los fusilamientos en 1975 de tres miembros del FRAP y dos de ETA político militar, el malo era Olof Palme.
Bueno, pues tras varios años de pluralidad editorial de la información, parece ser que estamos volviendo otra vez a la uniformidad, pero esta vez no impulsada por un gobierno dictatorial, más bien por una oposición mediática que, sin escrúpulos, está echando mano de cualquier recurso para derrocar al gobierno legitimante elegido. Ya en 1996, la presión de algunos medios para desgastar a Felipe González fue perfectamente orquestada, como así reconoció más tarde Luis María Ansón, director entonces del periódico ABC, que llegó a reconocer que en mucho momentos se puso en peligro la estabilidad del Estado [ver El País – 17/02/1998].
Ahora, en 2026 se está repitiendo la historia. A pesar de que en estos momentos existen multitud de medios de comunicación y de información – esta definición en muchos casos habría que entrecomillarla – la pluralidad se está reduciendo, principalmente, a algunos medios digitales con una limitada audiencia, salvo en algunas excepciones, y en RTVE con las evidentes dificultades de suponer un contrapeso ante esa facción mediática con un único objetivo, cargarse a Sánchez.
No sé de quién es esa frase que, más o menos, dice: “antes de creerte lo que escribe la prensa, entérate de quién paga la tinta”. Todos sabemos en manos de quien están los
principales medios de comunicación en España, pero quizás no venga mal el recordarlo. Grupo Planeta: que controla La Razón y Atresmedia [Antena 3, La Sexta, Onda Cero…]. Mediaset: propiedad del grupo italiano MFE (familia Berlusconi) compuesta por Telecinco y Cuatro. Grupo Prisa: al que pertenecen El País, la Cadena SER y el diario AS. Hasta hace poco un oasis progresista al que su principal accionista Amber Capital le está torciendo el brazo; les recuerdo algunos de los últimos movimientos, como el cambio de dirección en el País, hace algo más de un año cuando se defenestró a Pepa Bueno, siendo sustituida por Jan Martínez Ahrens, o el reciente paso de página en la Cadena SER que, como Àngels Barceló dijo, ella era la página de la izquierda y ahora tocaba completar la de la derecha. Unidad Editorial: que es propietaria de El Mundo, Marca y Expansión y que pertenece al italiano RCS MediaGroup. Vocento: al que pertenece el periódico ABC o El Correo (periódico regional) cuyos propietarios principales pertenecen a conocidas familias conservadoras, como los Ybarra, Bergareche, Luca de Tena… con evidentes posicionamientos políticos. Prensa Ibérica: propiedad de la familia Moll Sarasola que controla varios diarios, El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, La Nueva España, El Faro de Vigo… Grupo Godó: propietario de La Vanguardia y de RAC1, cuyos principales accionistas son la familia Godó. Henneo: al que pertenece Heraldo de Aragón y 20 Minutos, grupo controlado por la familia aragonesa Yarza. Y no hay que olvidarse de Ábside Media: con la Conferencia Episcopal al mando y controlando la COPE, TRECE, ROCK FM…, con una evidente línea editorial.
Sin entrar en la nutrida publicidad institucional con la que el Partido Popular riega a muchos de estos medios, ni en los otros infames pseudomedios que pululan por el éter de internet, sembrándolo de mentiras y medias verdades, ni en las televisiones autonómicas, cuya mayoría están actualmente en manos del PP.
A la vista de lo anterior, ya sabemos quién paga la tinta. Y no, no se puede hablar de que la información sesgada que puede existir en los medios de comunicación, de cierta relevancia, más afines al sector progresista sea tan incendiaria como la que difunden los afines a la otra parte del arco parlamentario. Y por eso, me pregunto, además de unas pocas cabeceras con cierta significación dentro del universo digital: elDiario.es – infoLibre – Público…, ¿qué nos queda?
José Ramón Berné