Por Antonio Rubio vía El Confidencial
El Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia crearon grupos parapoliciales para combatir a ETA que actuaron entre octubre de 1983 y julio de 1987. El secuestro de Lasa y Zabala fue su primera acción
Han pasado 40 años desde que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) dieron la cara secuestrando, torturando y más tarde asesinando a dos jóvenes vascos, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que se habían refugiado en Bayona tras ser acusados de formar parte de un grupo, presuntamente relacionado con ETA, que en 1981 intentó atracar un banco. La detención de los presuntos etarras se llevó a cabo en la noche del 15 de octubre de 1983, en Bayona (Francia). Los restos de Lasa y Zabala se encontraron en 1985 en un pueblo de Alicante, Busot, a 780 kilómetros del lugar donde fueron secuestrados, pero no fueron identificados hasta 1995.
Robert Allan Caro, periodista y con dos premios Pulitzer, decía que, “cuanto más tiempo le dedique uno a una historia, a una investigación periodística, más cerca estarás de la verdad”. Y la verdad judicial sobre aquellos hechos surgió en abril de 2000, cuando la Audiencia Nacional condenó a Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil destinado en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) y a Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa, a 71 años; a Ángel Vaquero, teniente coronel del mismo cuartel, a 69 años, y a Enrique Dorado y a Felipe Bayo, agentes del instituto armado, a 68 años. En julio de 2001, el Tribunal Supremo aumentó esas condenas a cuatro años más, por considerar que su condición de funcionarios públicos era una agravante.
Esa primera acción de la guerra sucia contra la organización terrorista ETA fue emprendida, autorizada y respaldada por los responsables del Ministerio del Interior de aquella época. Tiempo después, en julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó a José Barrionuevo, exministro; a Rafael Vera, exsecretario de Estado, y a Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya, a 10 años de cárcel; a Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE en el País Vasco, a siete años y a José Amedo, subcomisario de Policía, a nueve años. Todos ellos habían participado en la organización, planificación y ejecución de un segundo secuestro en Hendaya (Francia), el de Segundo Marey (4 diciembre 1983), que no tenía nada que ver con ETA.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) nacieron en 1983 para llevar a cabo la “guerra sucia” contra ETA. Y se formaron tres secciones: El GAL Verde, que estaba compuesto por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián); el GAL Azul formado por policías de la Comisaría de Bilbao y mercenarios contratados para atentar y secuestrar. Estos dos dependían directamente del Ministerio del Interior. El tercero, el GAL Marrón, estaba formado por militares agregados al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), que eran los servicios de inteligencia de aquella época, y todos ellos estaban adscritos al Ministerio de Defensa.
Los sellos de los GAL se hicieron en el propio Cesid y corrieron a cargo de los agentes Ribera y Martín. Uno se envió al GAL Verde a través del general Andrés Casinello y el otro, al GAL Azul, por medio de Francisco Álvarez.
