La Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas expresan su más enérgica y firme condena a la inadmisible campaña de persecución y amedrentamiento que vienen sufriendo los periodistas venezolanos por el Gobierno de Nicolás Maduro desde que se celebraran las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, a resultas de la cual han sido practicadas al menos ocho detenciones arbitrarias, en las que han sido arrestados los periodistas: Yousner Alvarado, Deisy Peña, Ana Carolina Guaita, Fernando Chuecos, Gilberto Reina y Paúl León, así como Carmela Longo, posteriormente liberada.
Como denuncia la organización internacional Reporteros sin Fronteras en su último informe, sólo en los 15 días posteriores a dichos comicios se perpetraron en aquel país 70 violaciones a la libertad de prensa, una cifra que tan solo es la punta de iceberg de la dramática situación que vienen padeciendo los periodistas y medios de comunicación venezolanos desde que el chavismo accediera al poder en 1998 y que no ha hecho sino agravarse bajo el mandato de Nicolás Maduro.
Desde que este asumiera la presidencia, en 2013, más de 200 emisoras de radio y una decena de canales de televisión han dejado de emitir su señal por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; y un centenar de periódicos (entre los que se encuentran algunas cabeceras históricas, como El Nacional) dejaron de publicarse debido a la asfixia económica que les supuso el monopolio gubernamental en las importaciones de papel e insumos. Muchos de esos medios cancelados y otros nuevos, creados exprofeso para denunciar la situación política y social que se vive en aquel país más allá de la versión oficialista, buscaron refugio en Internet para seguir ejerciendo su labor informativa. Por lo que, entre enero y octubre de 2023, el gobierno decidió bloquear también el acceso a 48 sitios de noticias en la red, en lo que ha sido una operación sistemática de apagón informativo.
El control y vigilancia que el gobierno de Maduro ejerce sobre lo que se publica hoy en Venezuela es total, siendo los medios que sobreviven a la censura gubernamental casi en su mayoría públicos. Pero esta situación, por desgracia, viene de lejos. En los últimos 25 años, han sido muchos los periodistas represaliados policial y judicialmente por discrepar públicamente de la información oficial o contar lo que al gobierno no le interesaba que se supiese. Durante décadas, los colegas venezolanos han sufrido detenciones y amenazas a su integridad física y la de sus familias, siendo algunos de ellos injustamente encausados en procesos judiciales sin la más mínima garantía y rigor, en un país donde todas las instituciones y poderes del Estado emanan de la “revolución bolivariana” y rinden obediencia al régimen oficialista, por lo que tuvieron que huir al exilio, como han hecho ocho millones de venezolanos más.
Como denuncia RSF en su informe, tanto los medios nacionales como los extranjeros acreditados para informar sobre el terreno de la situación que se vive en Venezuela tras el 28J, se enfrentan ahora a un recrudecimiento de ese clima de hostilidad y represión marcado por una férrea censura y una restricción total del acceso a la información. Un panorama desolador, que RSF califica como “masacre del pluralismo mediático y del periodismo independiente”, mientras el régimen ha decidido combatir también a las redes sociales, último refugio del pensamiento disidente.
En esta difícil hora, los periodistas vascos manifestamos nuestra solidaridad con los colegas venezolanos que se ven obligados a desempeñar su trabajo en circunstancias tan adversas y exigimos al Gobierno de Venezuela la liberación inmediata de los encarcelados, así como el cese del hostigamiento y el respeto a su trabajo, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Es vital y urgente que se garantice el derecho a que, tanto los venezolanos como quienes seguimos con interés las noticias sobre aquel país, podamos recibir una información veraz e independiente sobre lo que allí sucede, así como que se amplíe el espacio para el pluralismo ideológico, la discrepancia y el debate públicos, tan necesarios en el desarrollo de una sociedad realmente democrática y justa.
