Por Aurelio Martin–Vicepresidente primero de la FAPE
La desinformación, que no hay que confundir con las denominadas ‘fake news’, aunque tengan parámetros básicos muy parecidos, es una nueva fórmula de desestabilización política empleando como armas las tecnologías digitales. Es tan evidente que, oficialmente, se reconoce que un 83% de las personas de la UE piensa que los contenidos falsos que se difunden a gran escala con la intención de engañar u obtener ganancias económicas o políticas, y que puede causar daño público, puede poner en peligro la democracia, contemplándose en España como uno de los 16 riesgos principales para la Seguridad Nacional.
Un trabajo reciente de académicos, organizaciones de periodistas, verificadores, representantes de centros de pensamiento y análisis, organizaciones sociales y plataformas digitales, ha puesto de relieve, que las medidas a llevar a cabo, principalmente, son la alfabetización mediática y el periodismo ejercido desde sus planteamientos éticos y deontológicos, autorregulado, sin que haya que plantear modificaciones legislativas que pueden chocar contra los derechos constitucionales de libertad de expresión e información. El Boletín Oficial del Estado no es una buena idea para luchar contra la desinformación, han advertido las organizaciones de periodistas, porque cualquier regulación no puede perder de vista esta afectación a la base del sistema democrático.
La Unesco advierte que «el periodismo de baja calidad a veces permite que la desinformación y la información errónea se originen o se filtren en el sistema de noticias reales (…) Al mismo tiempo, es evidente que se necesita un periodismo ético fuerte como alternativa, y antídoto, a la contaminación del entorno de la información y su efecto indirecto de empañar las noticias en general».
Tras la anexión ilegal de Crimea por Rusia, en 2014, se han detectado múltiples campañas de desinformación ejercidas desde este país, como la intervención en el procés o las posiciones antivacunas contra la covid-19, más frecuentes en el actual conflicto tras la invasión de Ucrania, principalmente dirigidas al conjunto de la UE y occidente. No son ajenas, en otros casos, aunque con menor frecuencia, intervenciones de Irán o Venezuela. Se podría decir que las ‘fake news’ o bulos son más domésticos y que el antídoto podría ser el mismo, con varios consejos: contrastar con varios medios las informaciones que se consulten, utilizar medios con cierta reputación, aunque hay plataformas que se encargan de desenmascarar las noticias falsas, incluso hay departamentos de verificación en medios públicos, como RTVE y la Agencia EFE; no caer en el ‘clickbait’ y una muy importante, no dejarse llevar por las emociones y pensar dos veces antes de difundir esa información.
Alfabetización mediática para luchar contra la desinformación
Desde hace más de una década, organizaciones profesionales como FAPE y algunos colegios profesionales, han venido reivindicando la inclusión de la asignatura de alfabetización mediática para luchar contra la desinformación, un fenómeno que también perjudica a la sociedad. De haberse atendido, posiblemente se hubieran registrado ya avances notables para la creación de un ‘escudo ciudadano’ contra este fenómeno que, no solo erosiona la confianza en las instituciones y los medios de comunicación, sino que pone en peligro procesos electorales, obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones con conocimiento de causa y menoscabando su libertad de expresión, advierte la UE.
Datos oficiales ponen de relieve que, si un 51% de los europeos cree que ha estado expuesto a la desinformación en línea y un 63% de los más jóvenes se encuentran con noticias falsas más de una vez a la semana, actualmente en Europa, uno de cada tres estudiantes de 13 años carece de habilidades digitales básicas cuando se les evalúa directamente y, según la OCDE, solo un poco más de la mitad de los jóvenes de 15 años en la UE informaron que se les enseñó cómo detectar si la información es subjetiva o sesgada. El 57% de los españoles admite haber creído alguna vez como verdadera la información de una noticia falsa. Junto a los jóvenes, las personas mayores es el grupo más vulnerable, por deficiencias cognitivas, el que más noticias falsas comparte, hasta siete veces más.
Son muchas las asociaciones de FAPE y colegios en diversas comunidades las que llevan iniciativas de alfabetización mediática a las aulas con programas y talleres financiados por entidades privadas frente a una presencia de la alfabetización mediática en los planes de estudios de los centros educativos que sigue siendo débil, siendo la auténtica asignatura pendiente. Solo se incluye incluyéndola en algunos cursos de forma transversal en las asignaturas de Historia o Lengua y Literatura, como prevé el decreto de enseñanzas mínimas en la ESO.
Las autoridades educativas dan poco valor al grado o la carrera de Periodismo, incluso tampoco recibe el respaldo deseable de las propias universidades, pudiendo ser una excelente salida teniendo en cuenta la precariedad existente en muchos medios de comunicación. A pesar de que hay periodistas que han realizado el máster de acceso (antiguo cap) no pueden impartir lengua y literatura en centros privados o concertados, pese a que se pretende cambiar esta situación con un decreto al que FAPE presentó alegaciones, que debería haber entrado en vigor en algunos niveles, este curso, y se ha quedado paralizado sin ninguna explicación. Asimismo para impartir Historia, aparte del acceso, deberán realizar un curso de adaptación de 27 créditos.
Sin embargo, una de las conclusiones del grupo que ha elaborado la capítulo de alfabetización mediática del libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, propuestas de la sociedad civil’, editado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Presidencia del Gobierno, señala textualmente que «los expertos en comunicación – licenciados, graduados y periodistas – se consideran como el perfil más adecuado en la formación directa a los ciudadanos y/o a los formadores y docentes».
Estas son otras conclusiones recogidas en la publicación del DSN del grupo de alfabetización mediática:
* Es preciso desarrollar programas específicos con colectivos vulnerables impulsados desde diferentes instituciones, con competencias en materia social, desde ministerios, comunidades autónomas, a diputaciones y ayuntamientos. En definitiva, se trata de proporcionar conocimientos para evitar los efectos de la manipulación de campañas de desinformación y, en línea con el Plan Integral de Cultura de la Seguridad Nacional, concienciar a los ciudadanos sobre la trascendencia del acceso a una información.
* Se solicita al Gobierno la realización de campañas de información a nivel estatal, contando con las organizaciones profesionales, sobre las consecuencias de la desinformación, poniendo en valor el periodismo de calidad como arma fundamental de esta lucha, teniendo en cuenta que una sociedad bien informada es más difícil de manipular. El buen periodismo separa información de opinión, contrasta fuentes, fomenta el debate público y ofrece pluralidad de pensamiento en favor de la calidad democrática y contra la polarización de los discursos de odio tan frecuentes en las redes. Se entiende que la desinformación afecta a los pilares de la democracia.
* Estas campañas, en línea con la extensión de la formación a distintos ámbitos de la sociedad, deben perseguir también el respeto a la libertad de expresión y a los derechos de los ciudadanos, como a recibir una información veraz, al honor y la intimidad y a la propiedad intelectual en la educación mediática, en tanto que también es emisor de información (además de receptor). Es decir, formar en aspectos básicos de ética y derecho relacionados con la difusión de información.
* En las campañas informativas se recomendará a los ciudadanos que una correcta ‘dieta mediática’ pasa por el consumo de medios de comunicación, dado que están sujetos a un código deontológico que garantiza la calidad y la veracidad de la información que reciben, subrayando que se sustentan en empresas y profesionales por lo que no son gratuitos, teniendo en cuenta que detrás de una información hay muchas horas de trabajo.
* Se hace un llamamiento a las instituciones públicas a que realicen un ejercicio de mayor transparencia con el fin de mantener una información clara hacia los ciudadanos, sin partidismo, por entender que los huecos de dudas que se pueden plantear en diferentes situaciones son más sencillos de cubrir con bulos y desinformación.
