Por EMILIA G. MORALES vía Público
«Los presos no tienen futuro, sólo pasado. No puedo pensar en el futuro con toda la incertidumbre y arbitrariedad que me rodea». Son palabras de una carta del periodista Pablo González escrita desde la prisión de Radom (Polonia), donde lleva detenido 16 meses acusado de espionaje a favor de Rusia.
Su esposa, Oihana Goiriena, leyó estas frases el pasado martes 4 de julio en Bruselas durante una jornada celebrada en el Parlamento Europeo bajo el título Journalism is not a crime! (¡El periodismo no es un crimen!).
El evento ha sido impulsado por el europarlamentario de The Left (GUE/NGL), Miguel Urbán (Anticapitalistas), Ana Miranda (BNG) de The Greens (EFA) y Pernando Barrera (ex parlamentario de EHBildu), con la intención de hacer llegar el caso a Bruselas y romper el desconocimiento que existe sobre el mismo en la Unión Europea.
Al evento han acudido parlamentarios de los grupos organizadores, pero también del bloque Socialists & Democrats (S&D), de Renew Europe y no adscritos. No se ha presentado ningún representante polaco en Bruselas a pesar de que «han sido contactados», según ha asegurado Urbán.
No es el único silencio que les devuelven las autoridades polacas. Urbán y Barrera han tratado de visitar a Pablo González en prisión. Para ello contactaron en dos ocasiones con la Representación Permanente de Polonia ante la UE y con la dirección de la prisión de Radom (Polonia), la última en septiembre. Ninguna de estas solicitudes recibió respuestas.
16 meses en una cárcel polaca
Pablo González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Polonia, cerca de la frontera de Ucrania y días después de la invasión rusa. En aquel momento, cubría la crisis migratoria derivada de la invasión para varios medios, entre ellos Público. Como experto en el espacio postsoviético y rusoparlante, llevaba más de una década cubriendo los conflictos eslavos para diferentes medios.
Fue precisamente este perfil tan concreto lo que impulsó su carrera como periodista, pero también, según sus allegados, pudo ser una de las razones de las sospechas que se ciernen sobre él. «Creemos que la doble nacionalidad está en el origen de la confusión sobre su persona», reflexiona su esposa.
Para Juan Teixeira, fotógrafo y compañero del periodista preso, también fue la cobertura del Maidan, cuando cayó el gobierno prorruso de Ucrania en 2014, lo que «dibujó una diana en el pecho [de Pablo González]».
Explica Teixeira que, para adentrarse en aquel conflicto, ambos se «empotraron» en el batallón Azov, de extrema derecha, y en el batallón Somalia, prorruso. La idea era dar una perspectiva del conflicto desde ambos lados, apunta.
«Creo que hoy en día hay un problema muy grave en el periodismo, y es que quien da voz al que es considerado enemigo, se convierte a su vez en enemigo o en espía«, denuncia Teixeira.
Como sospechoso de espionaje ruso, Pablo González es considerado por la justicia polaca como un preso peligroso. Según la descripción de su esposa, esto implica un aislamiento de 23 horas horas al día en una celda sin luz natural, dos duchas por semana, cacheos en profundidad o la imposibilidad de leer (asegura que los libros que le han enviado les son devueltos), entre otras prácticas.
También le impiden el contacto telefónico con sus hijos y las visitas son muy restringidas. Sólo Oihana ha podido verlo en persona en dos ocasiones durante todo este tiempo. «Estos hechos por sí solos quizá no parecen tan graves, pero sumándolos suponen un maltrato psicológico», ha lamentado Goiriena durante uno de los paneles.
Estas condiciones se alargan desde hace ya año y medio. Durante este tiempo, la judicatura polaca ha tratado de recabar pruebas sobre González, pero no ha presentado cargos formales contra el periodista. Por ello, renueva cada tres meses la prórroga de prisión preventiva.
Para su defensa, allegados, europarlamentarios y compañeros de profesión, la privación de libertad en estas condiciones supone, en palabras de Cristina Ridruejo, del Grupo de Apoyo a Pablo González Madrid, «una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano europeo».
«No pedimos un trato de favor para Pablo González, únicamente que la Unión Europea cumpla su propia ley», continúa. Con ello, se refiere entre otros al artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que reza que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable».
La diplomacia española en el caso González
Tanto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, como José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, han evitado pronunciarse de forma contundente sobre el tema. En febrero el titular de Exteriores aseguró que los derechos de González estaban siendo respetados.
«Me duelen las palabras de Albares», ha expresado Goiriena, «porque se le está negando el derecho a la familia. Lleva 16 meses sin ver a sus hijos», ha recordado.
Por el contrario, algunos de los ponentes de los paneles han coincidido en que el ministro «ha sembrado un reguero de dudas entre medios españoles que de algún modo hace que su caso esté siendo poco seguido», incide Teixeira. Como resultado de la inacción del Gobierno español, han denunciado los participantes, una espiral de silencio y olvido ha engullido el caso. Por el momento, parece que «el fiscal polaco no tiene ninguna prisa», evidencia Goiriena.
Desde Bruselas, la falta de iniciativa del Gobierno español resulta una anomalía, explica Urbán. «Diputados holandeses se sorprendían de la poca presión que está ejerciendo España sobre el caso», analiza. Cree que la situación de Pablo no sería lo misma si el gobierno español «estuviera haciendo lo que tiene que hacer, que es proteger la libertad de expresión en primer término y no abrazar a un primer ministro de la extrema derecha polaca, en segundo lugar».
El europarlamentario hace referencia al encuentro entre Sanchez y su homólogo polaco en julio del año pasado, cuando ambos países cerraron varios acuerdos en materia de Defensa y Transportes.
En contraposición al encierro de González, Polonia reclama a su vez la liberación de Andrzej Poczobut, periodista polaco detenido en Bielorrusia y condenado en mayo a 8 años de prisión por provocar daños en la seguridad nacional del país e incitar al odio, informa Europa Press.
Así, suman 60 los periodistas actualmente encarcelados en territorio europeo, de acuerdo con el recuento del Consejo de Europa. No es un fenómeno nuevo. Las acusaciones de espionaje o de amenaza a la seguridad nacional a periodistas «son habituales en muchos conflictos», explica Paco Audije, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas y participante de las jornadas.
«Pero en el caso de Pablo, las condiciones de su detención y la forma oscura de las autoridades polacas han actuado, merece atención. Se asemeja al caso Assange».
En cualquiera de los casos, Audije es tajante respecto al impacto que una detención como la de González puede generar en el derecho a la información y por ende en la democracia. «La libertad de expresión se recorta cuando meten a un periodista en la cárcel, pero si esto ocurre y no lo defendemos, estamos contribuyendo». Y añade: «la libertad se reduce también cuando ignoramos lo que sucede en otro países de la Unión Europea».