La calidad de las leyes.
Por Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino
En el discurso político de la oposición parece que siempre se reclama que se aprueben muchas leyes como buen síntoma del poder del partido gobernante. Pero, ¿es esto bueno para mejorar la vida de nuestras gentes?
Hay muchos estudios que demuestran que España es uno de los países con mayor dificultad regulatoria y como consecuencia, sobre todo por la sobrerregulación, se sitúa en los últimos lugares en cuanto a calidad regulatoria y eficiencia administrativa. Así del puesto 50 sobre 63 países en 2015, ha pasado al 61 en 2025, según la OCDE.
Durante mi experiencia en la administración pública, he vivido la obsesión por aprobar un extenso calendario legislativo al inicio de la legislatura, con contenidos y fechas poco reflexionados y afinados. Ello ya es una mala praxis porque la cantidad incide enormemente en la calidad del proceso para la elaboración de cada anteproyecto de ley.
El proceso de elaboración de los anteproyectos de ley en el ejecutivo, está formalmente muy regulado, con plazos y fases muy tasadas. Pero ello no garantiza que se haga con el tino y calidad requerida. Se cumplen los requisitos establecidos pero sólo formalmente. Los procesos participativos, son casi siempre inexistentes y muy poco cuidados, ya que es difícil que éstos resulten efectivos si no se parte de diagnósticos con información objetiva y debates colaborativos que permitan hacer converger necesidades e intereses contrapuestos y problemas a resolver. La evaluación del impacto de la ley o norma que sobre el tema se encuentre vigente es imprescindible, para determinar lo que se quiere modificar, derogar… o añadir para mejorar su regulación.
Además, antes de la aprobación de la propuesta del texto normativo, y de su envío al poder legislativo, debe realizarse un ensayo-simulación de evaluación ex ante, para evitar efectos indeseados tras su aprobación y entrada en vigor, y verse de nuevo obligados a iniciar el proceso complicado y tedioso de elaboración de su necesaria modificación.
Por otra parte, y en estos tiempos, los textos deben redactarse con lenguaje comprensible, y ya tenemos muchos protocolos sobre lenguaje claro, sin que sirvan las típicas excusas de los conceptos jurídicos indeterminados, porque los tribunales ya interpretarán, si fuera necesario, en función de la literalidad, el contexto o la interpretación teleológica, esto es, teniendo en cuenta su finalidad, los valores y los objetivos jurídicos, sociales y económicos que pretende garantizar la norma.
Otra mala praxis es tratar de parametrizar todos los casos posibles que la realidad puede presentar en la actualidad o plantear en el futuro. Ello dibuja una aplicación imposible en muchos casos y resulta más efectivo dejarlos para desarrollos normativos de menor rango y más flexibles en su aplicación. La realidad cada día es más compleja y cambiante, y también más impredecible.
Sobre el proceso posterior de tramitación en el poder legislativo, sólo diré que da mucha tristeza ver que el debate político está demasiado impregnado de interés partidista, y muy pocas veces las enmiendas sobre el texto inicial son fruto de procesos deliberativos verdaderamente democráticos, y apoyados en análisis serios.
Una vez aprobada, debe evaluarse cómo está resultando su aplicación y su desarrollo reglamentario. Y también lo que ocurre con la jurisprudencia que vaya produciéndose, siendo imprescindible que ésta se realice con criterios homologables, libres de opiniones partidistas. En teoría, el poder judicial ha de ser un órgano de arbitraje situado por encima de la política del gobierno de turno y de su ideología, manteniendo el control y equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Los derechos del pueblo son la prioridad en una democracia, y los tribunales libres fortalecen la democracia porque garantizan que los líderes políticos actúen dentro de la ley y hagan el trabajo para el que fueron elegidos. Ya sabemos que la imparcialidad de los jueces no significa que se produzcan sentencias idénticas, ya que la realidad a veces supera las previsiones de la norma y ello puede estar sujeto a interpretaciones diferentes, que pueden ser igualmente justas.
Desde mi experiencia en la gestión pública, considero que no es un buen gobierno el que más leyes incorpore a su calendario legislativo sino el que atine con regulaciones acordes con las necesidades y problemas más acuciantes, con visión universal, diversa y respetuosa con las minorías vulnerables. No vale solo para ello aplicar la técnica normativa sino los principios del gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración y el rigor analítico que proporcionan las técnicas evaluativas.
Por Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino
Jubilada, que fue responsable de proyectos de innovación pública en el ámbito del buen gobierno