Por Paloma Caballero
Periodista
Un comercio global de 14.000 millones de dólares en 2023 frente a 4.000 dos años antes, según publicó la revista “Newsweek” y una industria de enormes intereses ocultos sobre la que no existe conciencia social pero, que salta a la luz cuando famosos que no pueden o no quieren concebir, recurren al contrato de gestación por sustitución o alquiler del embarazo del vientre de mujeres que no desean ser madres y entregarán la criatura al nacer. Expertos y Estados se enfrentan en dos posturas éticas: prohibir o regular. El papa Francisco pidió su prohibición.
El pontífice fijó la posición de la iglesia católica nada más empezar 2024: pidió su prohibición universal a los embajadores de la comunidad internacional ante la Santa Sede y denunció la “comercialización “del embarazo al enumerar las amenazas que afrontan la paz global y la dignidad humana, entre ellas la gestación subrogada.
“La vida del no nacido debe protegerse y no ser ni suprimida ni convertida en un producto comercial. Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca un objeto de contrato”, afirmó Francisco dos días después de la fiesta de los Reyes Magos.
La doctrina oficial del Vaticano no impide sin embargo que padres homosexuales que recurren a la gestación subrogada puedan bautizar a sus hijos. No se trata de una técnica de reproducción asistida más, pero en el proceso pueden utilizarse las donaciones de óvulos, semen y embriones, teóricamente gratuitas, que España lidera como en número de clínicas.
Acabar con la explotación de la mujer que gesta por contrato
La Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución -Explotación Reproductiva (CIAMS) lidera con publicaciones y campañas como “Paremos la compra de niños”, “Paremos la explotación de las mujeres” la oposición global a los vientres de alquiler y denuncia que se presente como avance biomédico y otra forma más de crear una familia.
Según Pilar Iglesias, investigadora y colaboradora del libro “¿Gestación Subrogada?”) publicado por CIAMS, la actividad lucrativa de las agencias intermediarias no puede considerarse ajustada a derecho. Es necesario, insiste, que un convenio internacional que prohíba la práctica similar a los que como los que prohibieron la explotación infantil, la esclavitud, el tráfico de personas, el crimen organizado o la violencia de género.
“Un convenio para prohibir los vientres de alquiler no puede abordarse desde la perspectiva regulatoria ya que implica una violación de la dignidad de las mujeres y de los niños así gestados. Regularla supondría la igualdad entre las partes y el libre consentimiento entre las partes que firman el contrato, algo no evidente, pues la pobreza origina explotación”.
“Sin duda se tardará en conseguirlo, pues hay grandes intereses comerciales y económicos, pero es el camino. También se tarda en abolir la prostitución a pesar de la evidencia del fracaso regulatorio en algunos países europeos”, añadió.
La industria presiona y CIAMS insta a los Estados detener todo intento de organizar el comercio dándole visos de legalidad porque “son los contratos más desiguales del mundo”.
Para Iglesias “aunque falta conciencia social y el poder que apoya la práctica es brutal, todavía hay esperanza. Todas las luchas se ven imposibles, recordemos por ejemplo lo que costó que las mujeres pudieran estudiar Medicina en la Universidad de Edimburgo”.
¿Avances hacia la regulación en La Haya?
La Conferencia de La Haya (90 Estados y la Unión Europea, UE) que regula la ley internacional privada, resuelve disputas entre sentencias de Estados y establece el reconocimiento mutuo de documentos legales, analizó el pasado marzo las conclusiones de un grupo político sobre un eventual convenio y protocolo adjunto.
En paralelo, la organización no gubernamental Servicio Social Internacional (ISS) dijo en los “Principios de Verona” (2021) defender los derechos de los así nacidos. “Pero, olvidaron los de las ´mujeres cobaya”, según críticos que denuncian su conexión con el grupo de La Haya y no con CIAMS.
Temen que esté cercano el dictamen “regulador” que coartaría el margen de los Estados para prohibirla y que sigan surgiendo prohibiciones en países que la aceptan si se practica en otro. Confían en que la directiva de la UE contra el tráfico de personas la incluya como forma de explotación y tráfico humano.
Contradicciones entre la ley y la práctica en España
En 2010 España prohibió por ley la práctica de prevención y respuesta a toda manifestación de violencia contra la mujer en el ámbito reproductivo, como la gestación por sustitución.
También declaró nulo el contrato por el que una mujer renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de terceros, pero además de salvar la posible reclamación de la paternidad del padre biológico, por una directiva del ministerio de Justicia, los consulados españoles deben registrar como nacionales a niños así nacidos en otro país si un tribunal reconocido en España, dicta que tienen derecho a la filiación.
No pocos españoles, famosos o no, con hijos por vientre de alquiler en países donde se permite como Canadá, Estados Unidos (13 Estados y por unos 100.000 dólares), Brasil, Ucrania (50.000 dólares y unos 1.000 gestados desde la invasión rusa con 600 nacidos en países vecinos como Georgia, que anunció lo prohibirá en julio, o México (45.000 dólares), según la BBC que pudieron registrarles como españoles. Y las agencias intermediarias saben bien a qué país llevar a los clientes, dicen los críticos.
Recientemente un caso extremo de esa realidad saltó a la opinión pública: Una conocida actriz regresó a España con su nieta biológica concebida por vientre de alquiler en Florida (Estados Unidos) sin grandes problemas para inscribirla como nacional en el consulado.
En Italia o Francia está también prohibida la práctica, pero los resquicios existen dado el aumento de la oferta y demanda, según la revista “La Vie”. Algunos países de Asia como India o Tailandia la permiten, pero no “a los turistas reproductivos”. Y en Camboya o algunos países de África los expertos hablan de una verdadera “esclavitud reproductiva”.
El mapa de los países es caótico, y en algunos se acepta “altruísticamente” como Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Hungría o el estado de Nueva York desde la pandemia del Covid-19 o Cuba compensando “las molestias” sin que las gestantes reciban un pago.
La aceptación avanza también en países desarrollados que sufren grandes descensos de natalidad (como España e Italia) y temiblemente también su promoción como eventual fuente de ingresos para mujeres jóvenes y en general pobres. Pero, Francisco ha sido claro.
