Por Magis Iglesias.
Los jueces no son inmunes a los errores o a la corrupción e incluso pueden dejarse llevar y tomar decisiones impulsivas; tampoco son seres angélicos sin ideología ni pasiones. Por eso, nuestra legislación tiene previstas medidas para corregirlos o castigarlos, si fuera el caso. Merece la pena releer la Constitución para saber que el funcionariado que administra la Justicia lo integran personas sujetas al imperio de la ley que no son inviolables ni en el ejercicio de sus funciones. Estos principios, que resultan tan obvios, hay que recordarlos hoy en día, cuando vemos actuaciones de algunos elementos del estamento judicial que parecen habituados a callar bocas mediante el delito de desacato. Son quienes viven en otros tiempos en los que, por sus puñetas, la autoridad competente podía decirte: “cállese o la empapelo por desacato”.
Como delito, el desacato fue eliminado del Código Penal en la modernización que hizo Belloch en 1995. Sin embargo, hay quien lo echa en falta porque no puede admitir las críticas, como si su autoridad residiera en los centímetros de altura que tiene la tarima donde apoya los pies. Cuando la Constitución dice que, tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos al imperio de la ley, está hablando de igualdad de derechos y deja muy claro que nadie está por encima de nadie en una democracia.
En el ejercicio de la libertad de expresión y para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una información veraz (art. 20), e periodismo tiene la obligación de representar el interés general cuando participa en la vida política del país y divulga datos y opiniones para su análisis. Podemos acertar o equivocarnos los y las periodistas, pero es ese nuestro deber, del que no podemos renegar dejándonos manipular, sobornar o atemorizar. La renuncia y el desestimiento, eso sí, sería un delito.
Mirando al espacio digital y sus perversiones, uno de los trabajos del periodismo es desenmascarar la desinformación. La herramienta más poderosa en este terreno es contrastar, confirmar o rechazar los hechos. Es por esa razón por la que nuestro trabajo no se puede confundir con la propaganda ni con el entretenimiento y mucho menos con la intoxicación que circula por el mundo virtual. “Nos creemos informados cuando sólo nos tienen entretenidos”, advierte la gran Rosa María Calaf.
Ejercer un periodismo ético no es cosa fácil. Se necesita mucha fortaleza moral para soportar los embates que provocan las críticas en las gentes poderosas. En la tarea periodística, las amenazas son tan antiguas como hacer la mili con lanza. Saber de antemano que recibiremos ataques de la resistencia no quiere decir que seamos insensibles a ellos, pero siempre debemos tener en cuenta que la ley también está de nuestra parte cuando hacemos un trabajo periodístico con honestidad.
En la dictadura, periodistas de todo tipo trabajaban habituados a lidiar con los censores y cada cual sorteaba su amenaza como podía. Suprimida la censura previa con la democracia, los embates nos llegan de otra manera: escondidos y disfrazados. Cuando una autoridad política o judicial quiere callar y atemorizar a los críticos, amenaza con los tribunales incluso sabiendo que la queja no tiene visos de ir adelante. Pero el efecto en los periodistas es devastador; el miedo nos hace optar, inconscientemente, por la autocensura.
Así, no es raro que la demanda a periodistas por el derecho al honor – hecha por un magistrado que ya no puede recurrir al delito de desacato- es un aviso a navegantes para meternos el miedo en el cuerpo a todo el colectivo profesional. Viene a decirnos que los periodistas no podemos criticar sus actuaciones, incluso cuando muchas veces han sido corregidas por instancias superiores, ante las que tiene que no tiene más remedio que asumir, quede como quede su honor. A falta del delito de desacato, es una forma de asegurarse el silencio de sus detractores.
Por temor a estas derivas autoritarias, el periodismo ha vivido años de silencio ante la judicatura o la monarquía, que actuaban con códigos y actitudes del pasado. Muchos y muchas -confieso- hemos trabajado, en ocasiones, con una restricción mental perniciosa. Meditamos los riesgos de decir lo que pensamos, aunque estuviéramos en lo cierto; ocultamos opiniones y valoraciones -muchas veces confirmadas posteriormente por otras instancias judiciales- y todo por no atrevernos a corregir a las togas. Una autocensura que envenena nuestra labor vulnerando así el derecho de la ciudadanía a tener una información cierta y completa. Y no digo nada del juez Peinado por si acaso me empapela.
NOTA:
Artículo original publicado en gallego en la revista “Luzes”. Nº145 año 2025