El documento, compuesto por decenas de folios, cuenta con una amplia lista de fichas con foto y comentarios sobre la adscripción política de los profesionales de los medios de comunicación, incluidos directivos de sus asociaciones más representativas
Alejandro Requeijo
El Ministerio del Interior tiene en su poder un dosier sobre decenas y decenas de periodistas en activo que desempeñan su trabajo en los medios de comunicación para tener controlada su adscripción política. El documento fue confeccionado en secreto por colaboradores del ministro Fernando Grande-Marlaska y cuenta con multitud de fichas de los profesionales de la prensa. Cada una de ellas va acompañada de una foto y comentarios sobre su trabajo y sus posicionamientos políticos: “Apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas”, “defiende las políticas del PSOE”, “reconocido ‘anti-sanchista’”…
Este documento lleva el sello de Interior y de su Oficina de Comunicación. Son decenas de folios con los nombres de los periodistas a los que el Ministerio investigó individualmente para establecer su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. En la lista hay directivos de las asociaciones representativas del sector, como la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
Los comentarios son de este tenor: “Afín al PSOE”, “tendencia conservadora”, “independiente”, “es de centro derecha moderado”, “periodista polémica”, “extrema derecha”, “desinformación”, “antigua presidenta de la Asociación de la Prensa en Madrid”, “Estuvo vinculado al PSOE, pero ha evolucionado hacia posiciones conservadoras”, “claramente de izquierdas y apoya al Gobierno”, “periodista de derechas”, “es crítico con la amnistía”, “ideología radical de derechas”, “moderado”, “últimamente es más combativa”, “militante socialista”, “defiende el ideario del PP”, “en contra de los independentismos”…
Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para recabar su versión. Una portavoz oficial del departamento admite la existencia y la autenticidad de este documento, pero desvincula al ministro Fernando Grande-Marlaska de su elaboración. Afirma que el ministro ni lo encargó ni ha tenido nunca acceso al dosier.
Niega también que sea una «lista negra, como las que hacía Miguel Ángel Rodríguez cuando era portavoz de José María Aznar en el Gobierno de Castilla y León». Se refiere al actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y a unos hechos de la década de los ochenta del siglo pasado. Interior asegura que fue un documento para consumo interno de la Oficina de Comunicación del ministerio «para conocer los periodistas que estaban en los medios y qué temas abordaban».
Fuentes conocedoras de la elaboración de este dosier secreto informan a este periódico que el primer encargo de la Oficina de Comunicación fue a finales de 2023, en fechas próximas a las Navidades. Se celebró una reunión en la que estaban presentes una quincena de trabajadores de este departamento, entre ellos, miembros de las fuerzas y seguridad del Estado que prestan servicio en el equipo de prensa. En la Oficina de Comunicación existe un equipo de seguimiento de medios que escucha y ve a diario las tertulias de radio y televisión.
En ese primer encuentro ya se ordenó hacer una clasificación de periodistas, incluyendo sus ideas políticas. Luego hubo al menos otra reunión más en la que se perfiló el trabajo con nuevas instrucciones, como incluir fotos en cada ficha. En ese segundo encuentro, además, se dio la orden de que este documento no trascendiera públicamente. Interior confirma que el documento nunca salió de la Oficina de Comunicación y el acceso a él fue muy limitado.
El dosier también clasifica a periodistas que habitualmente hacen informaciones relacionadas con el Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el documento, de hecho, también hay alusiones a la opinión que tienen algunos profesionales sobre la Policía y la Guardia Civil y su grado de aceptación.
La orden de clasificar a los profesionales de la prensa política e ideológicamente se topó con la resistencia de una parte del equipo. Según las fuentes consultadas, manifestaron su oposición y advirtieron de que hacer eso era inconstitucional, por lo que se negaron a hacerlo. Pero el fichero finalmente salió adelante. Preguntado a este respecto, desde Interior aseguran que se indicó a los trabajadores que, si no estaban cómodos elaborando este dosier, podían no hacerlo.
El documento ‘ficha’ a decenas de periodistas.
La casi totalidad de los periodistas que figuran en el documento siguen en activo en la actualidad. Están ordenados alfabéticamente por el apellido. La inmensa mayoría de ellos, además, no se limita solo a la función de tertuliano, sino que trabajan en otros medios y escriben informaciones que afectan al Ejecutivo. Hay desde directores de medios de comunicación hasta columnistas muy populares y redactores menos conocidos para el gran público.
Control de la publicidad institucional
La Oficina de Comunicación del Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene nivel orgánico de subdirección general. A su responsable le corresponde, entre otras funciones, “dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicación social”. La última reestructuración del Ministerio publicada en febrero de 2024 por el Boletín Oficial del Estado (BOE) le mantuvo esas atribuciones. Interior asegura a este periódico que la lista nunca fue elaborada para condicionar esos criterios.
El dosier secreto se llama “Tertulianos. Radio y Televisión” y se culminó en 2024, un curso especialmente convulso para el Gobierno. Fue el año en el que se aprobó la polémica ley de amnistía que exoneró a los líderes independentistas del procés. Es la iniciativa que garantizó una nueva legislatura al presidente Sánchez tras las elecciones de 2023 en las que el PP fue el partido más votado.
En algunas de las fichas del documento se aprecia el interés del Ministerio del Interior por conocer la opinión de los periodistas sobre esa ley. “Cercana a los postulados socialistas, aunque en la última etapa se ha mostrado crítica con la ley de amnistía”, dice de una de las investigadas. “Muy crítica con la ley de amnistía”, dice sobre otras profesionales. Desde el Ministerio defienden que la Oficina de Comunicación nunca ha llamado a ningún periodista para recriminarle por una opinión.
Páginas del informe con el listado de nombres y fotografías.
El año 2024 también arrancó con el arresto en febrero del asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García. Aquella operación policial desencadenó una larga lista de tramas e investigaciones relacionadas con la corrupción. La más sensible para la Moncloa fue la que afecta a la mujer de Pedro Sánchez. El presidente se apartó cinco días de su actividad como presidente para reflexionar sobre su continuidad, un movimiento inédito en democracia.
Antes y después de aquel retiro, el presidente impulsó un relato de ataque a los medios de comunicación que investigaban los casos de corrupción en su entorno más directo. El Confidencial desveló además que en esas fechas el PSOE activó una cloaca destinada a boicotear las causas judiciales y desprestigiar a los investigadores difundiendo informaciones comprometedoras sobre ellos.
El Gobierno ya cuenta con una Secretaría de Estado de Comunicación que dirige Lydia del Canto. Este organismo depende orgánicamente del presidente Sánchez y, entre otras funciones, se encarga de la coordinación de la política informativa del Ejecutivo y las relaciones con los medios.
No consta hasta la fecha que en ese departamento se hagan listas clasificando a los periodistas por su ideología. La función del Ministerio del Interior es, en cambio, la seguridad del Estado y la gestión de las fuerzas de seguridad, incluidos sus servicios de información.