Por Rose Aguirre, periodista y comunicadora política peruana
Entre los gritos despavoridos de niñas, adolescentes, mujeres y hombres del campo marchando en un país donde no tienen nombre. En una capital ajena. Tan lejana como el derecho a una educación de calidad, al agua, a la luz, a comer las tres comidas del día, a poder vivir sin miedo.
En América Latina, el Perú ocupa el primer puesto en el índice de inseguridad alimentaria, según el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además, de 2021 al 2022, 628 mil personas han pasado a situación de pobreza, dando un total de 9 millones 184 mil a nivel nacional; y 9 millones de peruanos y peruanas han disminuido sus comidas o han dejado de comer diariamente producto de la falta de dinero (INEI).
Ello no es lo único que aqueja a mis compatriotas. En el Perú se muere por frío, nacer en pobreza y fuera de la capital (Lima) es una condena que arrastras de por vida, es la punta del iceberg de una realidad que supera las historias de terror.
Ser campesina y campesino en el Perú, es no tener derechos. Es morir en la puerta de un hospital público porque no hay camas disponibles. Es tener que caminar más de tres horas para llegar al colegio del pueblo más cercano a tus seis años, solo con un pan o una papa bajo el brazo para el día.
En medio de esta realidad, el Perú ha tenido en siete años seis mandatarios, cuando el periodo presidencial es de cinco. La corrupción de los grupos de poder que dominan el país ha llevado a peruanos y peruanas al hartazgo que se vio rebalsado cuando el presidente con el que se identificaban, a quien se eligió de manera democrática fuera detenido. Desde ese momento las marchas e intervenciones a nivel nacional en rechazo al gobierno actual no han cesado.
La calle como campo de batalla
El 19 de julio se realizó la manifestación más grande en contra del Gobierno actual denominada “La 3ra Toma de Lima”. Esa Lima que no es entendida como parte del Perú, pues quienes son limeños poseen diferente categoría de ser humano para quienes están en el poder, y gobiernan al país a espaldas del resto de la población. Ese mismo día se registraron marchas y concentraciones en los 24 departamentos del Perú.
Para enfrentar las protestas de esta fecha, que empezaron en diciembre de 2022, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas compró 540 pistolas calibre 9×19, 40 fusiles de asalto, 540 lanzagranadas lacrimógenas y 2,700 unidades de balones de dióxido de carbono. Estas adquisiciones debieron ser reportadas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, según la Ley, pero ello no sucedió.
Actualmente, la represión policial y militar en contra de las protestas tiene como resultado más de 60 fallecidos y más de 1,300 heridos. En el informe Deterioro letal, abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú de Human Rigths Watch se concluye que como mínimo 39 de las muertes fueron a causa de heridas de bala y negaron que algún manifestante portara armas.
Lima no es el Perú y que alegría que así sea: el comienzo de todo
Era el año 2021 cuando el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones de manera democrática, elegido en las urnas por votación popular. Sin embargo, un sector de la población limeña negaba que existiera la posibilidad de que un profesor nacido en la provincia de Cajamarca, pudiera gobernar el país donde ellos vivían. Por ello, los grupos de poder económico desplegaron abogados a nivel nacional para intentar impugnar los votos de regiones fuera de la capital.
Desde ese entonces se le negó la posibilidad de asumir de manera real la Presidencia de la República del Perú. Durante su mandato se intentaron crear planes para lidiar y menguar con la injusticia social, pero no prosperaron. Existía una presión externa que repercutía de manera directa y que de a pocos se fue haciendo camino por dentro.
La población de regiones estaba impaciente, se comenzaba a establecer un sentimiento de insatisfacción. Sin embargo, ello cambio el 7 de diciembre de 2022, ese día Pedro Castillo ordenó en Mensaje a la Nación el cierre del Congreso. Aunque no se llevo a cabo, dicha acto fue bien recibido fuera de la capital.
Pero Castillo no tenía el respaldo ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía es por ello que al salir de Palacio de Gobierno fue intervenido y detenido. Fue humillado y maltratado, todo transmitido en señal de cable. Racismo y clasismo emitido a nivel nacional fue lo que rebalso la indignación de quienes consideraban a Castillo Terrones como su igual y no como los otros, los dueños del Perú, que llevaban años gobernando.
“Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo”
Estudiantes despidiéndose de sus madres y padres dentro de buses que los llevarían a Lima, y la población que los había visto crecer acompañaban con lágrimas en los ojos. Esa fue la respuesta a las masacres y ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 15 de diciembre en Ayacucho (10 muertos) y el 9 de enero en Juliaca (17 muertos), de los asesinados 7 eran menores de edad.
Para que pudieran llegar a Lima se realizaron colectas en las plazas donde cada poblador puso de las monedas que tenían en sus bolsillos, y una señora que acompañó a la delegación asumía la responsabilidad para guardar y apuntar lo recolectado. Ese fue el caso de la profesora Yaneth Navarro Flor, de Andahuaylas, que al llegar a la capital fue acusada de financista de las protestas por llevar S/. 1916.50 (480.51 euros) y fue sentenciada a 30 meses de prisión preventiva, con las únicas pruebas de los apuntes de las donaciones y su provincia de nacimiento.
Durante este proceso se han declarado Estado de Emergencia en varias zonas a nivel nacional, llegando a militarizar territorios, como es el caso de la región de Puno. Todo ello ha sido de conocimiento público a nivel nacional, pero ninguna medida en contra de los derechos humanos ha sido difundida en los medios de comunicación de alcance nacional, las instituciones públicas se encuentran también tomadas y es por ellos que la maquinaria de este régimen sigue en marcha.
En la capital se han congregado hasta el día de hoy diversas delegaciones de regiones, la represión sigue siendo brutal. Los cuerpos policiales y militares salen a marchar por las calles, y en las protestas lanzan “Miguelitos” (tachuelas de clavos), las fuerzas del “orden” están acompañadas de tanquetas de guerra, material “disuasivo” y armas cargadas de perdigones que son disparados al cuerpo.
Las mujeres aymaras con sus hijos a cuestas dentro de sus llicllas (mantos andinos) intentan frenar el abuso policial en el centro de la capital, donde un grupo de protestantes de diferentes partes del Perú se encuentran encerrados por cordones policiales. Las madres puneñas intentan acercarse a un grupo de oficiales, pero la respuesta de ellos es disparos de bombas lacrimógenas directo al tórax. Policías y militares armados dispuestos a disparar por órdenes de sus superiores, preparados para una guerra contra civiles, inocentes que solo reclaman sus derechos fundamentales.
Van 7 meses que los grupos anti-derechos y antidemocráticos gobiernan el Perú en total impunidad. Como una mano negra cual marioneta el fascismo gobierna sin piedad. Se han realizado detenciones, torturas, desapariciones, asesinatos extrajudiciales, amedrentamiento a periodistas y civiles. La presidenta y su Gabinete de Ministros han acusado de terroristas a quienes protestan.
Se ha entrado con tanquetas a la universidad pública más grande de la capital, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego que estudiantes permitieran alojar a las delegaciones que venían regiones y la policía ha realizado tocamientos indebidos a adolescentes y mujeres que venían a ejercer su derecho a la protesta supuestamente para catearlas por si llevaban drogas. Un expresidente del Perú dijo que existían ciudadanos de segunda categoría cuanta razón tenía el miserable.
El 80% de la población desaprueba la gestión de Dina Boluarte, dicha cifra es superada por el 90% de desaprobación al Congreso de la República, según la última encuesta de opinión urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos.
La población peruana resiste desde el 7 de diciembre de 2022 y seguirá manifestándose hasta que el régimen actual del Perú cambie. Mientras tanto en las calles se seguirá entonando: esta democracia ya no es democracia; sueldos millonarios para los corruptos; balas y fusiles para nuestro pueblo.
¿Cuántas muertes más a manos del Estado necesitamos para decir fuerte y claro que en el Perú se vive una dictadura?
