Autor: Justo Adámez. Ashes Fire Consulting
Publicación: Web OPRA www.opra.info • 27 de junio de 2025
Cada vez son más los espacios públicos —hoteles, edificios de oficinas o parkings públicos— que prohíben el acceso de vehículos eléctricos a las plantas subterráneas. Países como China y Corea del Sur, o ciudades como Liverpool (Reino Unido), ya aplican estas restricciones, y en España varios aparcamientos han comenzado a seguir el mismo camino.
El origen de la medida es el repunte de incendios en zonas de estacionamiento. El caso más grave se registró hace poco en Seúl, cuando un Mercedes EQE ardió en un garaje junto a unos apartamentos: el fuego alcanzó a 880 vehículos y dejó sin agua ni electricidad a 1.600 hogares durante una semana. De forma similar, el hospital Alder Hey (Reino Unido) ha vetado el aparcamiento de coches eléctricos en sus inmediaciones por el peligro de explosión.
La preocupación se intensifica porque muchos garajes subterráneos presentan techos bajos, ventilación deficiente, plazas reducidas y, en muchos casos, carencias significativas en sus sistemas de protección contra incendios. Estas condiciones favorecen la rápida propagación del fuego entre vehículos adyacentes y dificultan gravemente las labores de extinción, poniendo en riesgo tanto a las personas como a la propia infraestructura.
Podemos seguir “comprando” el mensaje de que los vehículos eléctricos se incendian menos que los de combustión, pero la percepción social y la realidad operativa están contando otra historia. Mientras tanto, los fabricantes de vehículos eléctricos muestran una creciente preocupación por los problemas de seguridad, las administraciones permanecen inmóviles, esperando a ver qué hacen otras, y entre tanto, “la casa sigue sin barrer”: usuarios y bomberos alertando del riesgo y esperando medidas concretas que no terminan de llegar.
Decisión u omisión
Tener conciencia del riesgo está comprobado que no garantiza que se actúe para evitarlo. Muchas organizaciones afirman que la seguridad es su máxima prioridad, pero sus acciones cuentan otra historia. Porque cuando se pospone, se minimiza o se ignora, la omisión también es una forma de decidir.
La seguridad no es una consecuencia automática de la conciencia del riesgo, es una decisión. Una decisión que implica compromiso, recursos y voluntad, y que —como toda decisión— tiene un coste.
Y si estos riesgos ya son conocidos, ¿De verdad creen que los expertos no hemos hecho ya el trabajo de analizar, proponer y diseñar soluciones viables?
La información está sobre la mesa, se llama ZEPI (Zona Eléctrica Protegida de Incendios). Lo único que falta, una vez más, es decisión.