Sendaoroi

Por Jesús María Garate

Propuesta(s) para el acompañamiento psicosocial a personas afectadas por violaciones de derechos humanos de motivación política en el “caso vasco”

Resumen

Las heridas internas de nuestro pasado violento lamentablemente aún subsisten y podemos afirmar que siguen sin tratarse de una manera adecuada, ni en el plano individual ni en el colectivo. Con el proyecto Sendaoroi, queremos plantear a las instituciones la creación de una comunidad coordinada en red que nazca de la sociedad civil, goce de independencia y sea financiada con los recursos públicos suficientes para articular un servicio interdisciplinar y holístico que pueda acompañar a las personas que así lo requieran. Comenzamos el camino…

Arrazoi dute

Atzera begira

Jarraitzen dut kantatzen

Arrazoi dute

Akaso hala izango da

Pasa zena pasa zen

Baina sustraiak dauzkat

Sustraiak zainen ordez

Saminaren kimuak

Loratu zaizkit barruan

Beste behin ere

Bake hotz honi

Doinu bat gin

Gaurko grinei so egin

Baina min hura oraindik

Arindu ezinik nabil

Arrazoi dute

Akaso hala izango da

Eta ez nabil zuzen

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Tienen razón

Mirando hacia atrás

Sigo cantando

Tienen razón

Quizá sea así.

Pasó lo que pasó

Pero tengo raíces.

Raíces en lugar de venas

Brotes de dolor

Florecieron dentro de mí.

Una vez más

A esta fría paz

Hacer una melodía

Mirar las preocupaciones de hoy

Pero aquel dolor aún

no puedo aliviarlo.

Tienen razón

Quizá sea así.

Y estoy equivocado.

Sustraiak zainen orden (Bide Ertzean: 77)

Índice

Introducción3
La escritura desde el nosotras10
1. …nuevas ideas para mejorar la propuesta11
Estado de la cuestión12
1. Marco legislativo13
1. Prácticas y experiencias existentes19
  1. Asistencia desde las administraciones19
  1. Colectivos de víctimas y otras agrupaciones22
  1. La universidad25
  1. Experiencias internacionales26
1. El sentir de las víctimas30
1. Más allá del abordaje desde la víctima35
Herramientas analíticas, clínicas y comunitarias37
Propuesta(s) para crear una comunidad de acompañamiento psicosocial44
1. Formas de estructurar la comunidad46

a) Acompañamiento de primera instancia46

b) Facilitación del bien común48

c) Atención psicológica y psiquiátrica49

d) Asistencia laboral50

…a todas las personas que siguen sufriendo51
Epílogo: las raíces, el árbol… y los bosques52

Bibliografía55

1. INTRODUCCIÓN

“Considero que solo han contado como víctima al marido y al hijo, pero no a los padres y hermanos de la persona asesinada, quienes no hemos tenido contacto o relación alguna con ninguna institución o asociación. Nunca me han ofrecido ningún tipo de ayuda ni económica ni psicológica ni de ningún tipo. Sin embargo, … se les llena la boca hablando del apoyo y la cercanía a las víctimas…”. (anónima, 2015, pág. 51)

“Al salir de la cárcel hace trece años, recuerdo que una terapeuta me dijo que realizara un duelo con la experiencia vivida. Ese duelo consistía en romper mi testimonio de torturas y todo lo que me trajese recuerdos. Y con ello plantar una planta. La planta se murió. Y yo desde entonces he seguido recordando. Con el tiempo se ha ido diluyendo, pero no desapareciendo”.^[1] (Dañobeitia Ceballos, 2022)

“Mi madre se fue a cuidar a mi padre después del atentado, yo no me acuerdo de nada, desde los 4 a los 11 años más o menos tengo recuerdos muy aislados. Recuerdo mi casa oscura, mi padre quejándose continuamente por todo (la luz, el ruido…) y yo escapándome por la ventana. No recuerdo pasar ningún día en familia. (…) Yo no puedo evitar llevar dentro de mí un sentimiento de abandono constante durante toda mi vida”.^{^[2]} (Anónima, 2021, pág. 166)

“Cuando desapareció mi hermano, el silencio, mi madre retorciéndose en el suelo de dolor… Al poco, comenzaba a acompañar a mi padre en el camión. Con firmes convicciones cristianas, ninguno de los dos fue capaz de odiar y eso es lo que nos transmitieron. Aunque nunca hemos recibido ese apoyo psicosocial que desde luego sí hubiéramos necesitado –y que reclamo para todas las personas que siguen sufriendo–, diría que la clave transformadora fue el cuidado familiar mutuo. ¿Si tras 40 años la herida ha cicatrizado por fin? En ocasiones, aún se vuelve a abrir”.^{^[3]}

Cuatro testimonios, cuatro vivencias que atestiguan que el tiempo no lo cura todo. Hace más de una década que las vulneraciones de derechos humanos ligadas al `caso vasco´^{^[4]}, al menos las más graves, desaparecieron. Desde entonces, las diferentes instituciones han realizado un recorrido ligado a la memoria y a la reparación individual del daño causado, aunque principalmente en el plano económico. Todavía quedan muchas víctimas por reconocer y en ello se afanan actualmente los gobiernos de la CAV y Navarra en cumplimiento de sendas leyes, vulgarmente conocidas como de «abusos policiales». Sin embargo, las heridas internas de nuestro pasado violento desgraciadamente aún subsisten, tanto las individuales como las colectivas, tanto las psicológicas como las sociales. Y podría decirse que siguen sin tratarse de una manera adecuada y coordinada por los diferentes agentes. Muchas defensoras de los derechos humanos entienden que sería conveniente un abordaje más amplio, integral y profundo, al encontrarnos ante una sociedad que pagó un alto precio en términos humanos y psicológicos. Las secuelas parecen no estar ahí, pero, en realidad –está constatado–, perduran en muchos casos y son demasiadas; son cientos –si no miles– las historias personales que continúan sin cicatrizar a pesar de los años, o precisamente por ellos, porque no se atendieron en su momento, porque no pudimos, porque no supimos, porque la anestesia duró en exceso…

Con el ánimo de despertar de la narcosis de una vez por todas, en la jornada de “Salud mental y víctimas de motivación política” organizada por Berridatzi Elkartea el 19 de abril de 2023, se debatió la necesidad de constituir en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa una infraestructura de acompañamiento psicosocial dirigida a personas que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las vulneraciones de derechos humanos acaecidas durante el periodo de memoria reciente. Las experiencias de otros países, así como los expertos en sus conclusiones, expusieron que es preciso que este proyecto nazca desde la sociedad civil, goce de independencia y realice un tratamiento holístico. Se trataría de conformar un equipo multidisciplinar que, como no puede ser de otra manera, acompañara principalmente a las víctimas y a sus familias, pero también se ocupara de la sanación social del trauma vivido. Y es que el daño individual, por la importancia del contexto, el carácter de las conculcaciones y sus respuestas institucionales, no puede desligarse de una perspectiva social, por lo que estas medidas de reparación deberían transcender los enfoques clínicos psiquiatrizantes y ahondar en una mirada más humana y social.

Estas son algunas de las razones teleológicas que nos llevan a redactar y presentar esta propuesta de plan a las instituciones vascas y navarras al objeto de que apoyen, den cobertura con sus sistemas sanitarios y financien la creación y el mantenimiento de esta, llamémosla, comunidad o red, que aspira a ofrecer algo similar al calor de un hogar. Venimos a denominarla Sendaoroi, algo así como sanación de los recuerdos, sanación a todas o para todas en euskera, pero también senda en castellano, como un camino que consideramos que es necesario recorrer para la reparación integral de las víctimas (incluso, por qué no, también para la de los ofensores), a fin de que algún día, si puede ser, dejen de serlo.^{^[5]}

¿De cuántas personas podríamos estar hablando? No existen datos estadísticos fehacientes en términos generales para determinar el número que podría precisar aún de una asistencia psicosocial. No obstante, de un estudio realizado sobre 507 víctimas directas e indirectas de todo tipo de atentados terroristas en el Estado español (García-Vega, J., & A., 2021, págs. 177-187), se constata que, tras una media de 21 años desde el ataque, el 27% de las víctimas sufría de trastorno de estrés postraumático (TEPT), el 18% de trastorno negativista desafiante (TDM) y el 37% de un trastorno de ansiedad, lo que nos podría dar una pista del número de personas a ofrecer acompañamiento.

Quizá también nos podamos aventurar a apuntar un número en las personas que sufrieron tortura. Si atendemos al estudio realizado en 2013 por diversas asociaciones, junto a la UPV y en colaboración con el Gobierno Vasco, teniendo en cuenta que en promedio habían pasado 10 años entre la detención y la peritación, “impacta ver que actualmente un 24,1% de las personas entrevistadas podrían ser diagnosticadas de estrés postraumático usando como criterio las escalas psicométricas aplicadas. Aunque no tengan el síndrome completo, mucha gente conserva síntomas parciales que no acaban de mejorar: un 36% de las personas peritadas tienen aún imágenes dolorosas, el 54% se siente mal cuando recuerda los hechos, el 27% evita hablar de lo sucedido, uno de cada cuatro ha perdido interés por cosas que antes le gustaban, uno de cada tres se siente distante de la gente o sienten que su futuro se ha cortado a raíz de lo que pasó y un 34% tiene dificultades para dormir o concentrarse” (Argituz, y otros, 2014, págs. 266-267). En resumen, casi un tercio de las personas peritadas tenía en ese momento síntomas moderados o graves de tristeza o depresión. Si extrapolamos ese porcentaje al número oficial de víctimas de tortura en Euskadi y Nafarroa (5.379) (Barcenilla, 2023), sólo por esta grave vulneración de derechos humanos, podríamos afirmar que alrededor de 1.700 personas serían sujetos potenciales de este proyecto.^{^[6]}

Elección intencionada de términos

Cuando hablamos de una red o comunidad de acompañamiento psicosocial a personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos de motivación política ligada al `caso vasco´ en el periodo de memoria reciente, se realiza una elección intencionada de términos que conviene explicar más pausadamente. La denominamos red, básicamente por dos motivos: porque se plantea trabajar en coordinación con un buen número de organismos, tanto públicos como privados, y porque pretende facilitar una especie de malla de seguridad a esas personas que llevan muchos años en sensación de caída libre. Pero probablemente el término más adecuado sea el de comunidad. Y es que esta se entiende como un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos y se agrupan entre sí de manera voluntaria o espontánea por tener un objetivo compartido. Ese ideal en común se identifica por un compromiso colectivo, una interacción entre sus miembros y una estructura dinámica en constante cambio. Según Max Weber, los lazos de la comunidad se basan fundamentalmente en la racionalidad que cada uno de sus participantes tiene y ejerce por sí mismo, y sobre la cual colabora para unificarse y actuar de forma asociada para alcanzar una meta en común. Se ha hablado muchas veces del revival contemporáneo de la comunidad. Este revivalde las tesis weberianastiene lugar de formas muy distintas. En lo que nos compete, pese a la patente disparidad de opiniones en determinados aspectos, conformar comunidad se puede mostrar como el mejor recurso para hacer equipo, “justo en el momento en el que `sociedad´ aparece cada vez más como un territorio de gobierno demasiado extenso, inmanejable, ingobernable y, sobre todo, oneroso”. (De Marinis, 2010, pág. 28)

Acompañamiento, más que tratamiento, porque no solo afecta a personas con problemas de salud mental, sino que quiere ir más allá; los expertos remarcan, sin embargo, que ha de ser un acompañamiento libre y consentido, sin cronificarse en la dependencia del mismo, evitando cualquier paternalismo y respetando los tempos y las necesidades específicas de cada cual.

Se ha escogido `caso vasco´ al entender que se trata de una designación que puede suscitar mayor consenso que otras para referirnos a la naturaleza, las causas y las consecuencias que desencadenaron aquella escalada de violencia reiterada en nuestra tierra en el periodo de memoria reciente, espacio que va desde los estertores del franquismo (década de los 60) hasta hoy. Y decimos hoy con todo el conocimiento de causa, ya que en cierto modo no se puede dar por finalizada la violencia mientras se continúe como sociedad sin atender de forma más o menos institucionalizada a las necesidades psicosociales de muchas personas que aún siguen sufriendo.

Al seleccionar violencia de motivación política, nos estamos refiriendo a las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por personas, grupos o entes para intentar que preponderaran sus tesis políticas, es decir, que en la mente del responsable existía una razón política para hacerlo. Aquí se difiere de algunos textos legales o concepciones que únicamente califican como víctimas de motivación política a determinadas personas en función de quién fue el perpetrador. En este documento todas las víctimas del `caso vasco´ son víctimas de violencia de motivación política, independientemente de quien la provocara. Es más, con el firme convencimiento de que todas las personas tenemos derecho a ser tratadas de conformidad al principio constitucional de igualdad, este texto evitará premeditadamente mencionar cualquier sigla. No existen vulneraciones injustas y vulneraciones justificadas. Todas gozamos de la intangibilidad de la dignidad humana y su haz correlativo de prerrogativas. De esta forma, si se ha producido una violación grave de los derechos humanos, debe satisfacerse la verdad, justicia y reparación sin mirar a quién fue el autor de la misma. La violación y su injusticia, no el perpetrador, deben vertebrar el juicio en sus contenidos esenciales de responsabilidad y de respuesta social y político-institucional. Bajo ningún concepto se trata de mantener una postura equidistante, sino más bien una equilibrante y moral para el conjunto de las víctimas.

Ello no quiere decir que el acompañamiento deba de ser igual, ni mucho menos. Con una ética de solidaridad para con todas las víctimas de injusticias diversas, quizá lo más importante sea una política pública que atienda y coordine las necesidades asimétricas de las mismas. La filósofa Nancy Fraser, en su concepción de justicia reflexiva, apunta un doble compromiso: “contemplar las demandas urgentes en nombre de los necesitados, al mismo tiempo que analizar los metadesacuerdos que se entrelazan con ellas”. (Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, 2009)

En este sentido, a través del análisis etnográfico, Andrea García advierte de que puede existir “el riesgo de descontextualización y despolitización –entendida como la falta de cuestionamiento de las bases estructurales de las violencias y desigualdades– que puede suponer la exposición del sufrimiento cuando solo se señala un tipo de violencia como si esta estuviera desvinculada de las estructuras socio-económicas y políticas, desprovista de cualquier lógica y aislada de otras violencias que deberían ser atajadas en la construcción de paz”. (García González, 2022, pág. 234)

La construcción de paz es precisamente un deseo que compartimos la práctica mayoría de la sociedad y que nos debería unir más allá de nuestras supuestas diferencias. La crisis a raíz de la pandemia que provocó el Covid-19 nos ha hecho tal vez ser más conscientes de la vulnerabilidad del ser humano y son muchas las administraciones que han reconducido sus políticas hacía un modelo de cuidados. Sin ir más lejos, el 15 y el 16 de noviembre de 2023 se celebraba en Tabakalera de Donostia el Congreso Avanzando hacia un Pacto Vasco por los Cuidados. Si bien las jornadas estuvieron centradas en el ámbito de la política social, no cabe duda de que se trata ya de un elemento transversal que va imbuyendo su esencia en cualquier esfera pública a pasos agigantados, desde la economía hasta la ecología, desde la sanidad a la cultura, y aún más cuando, como en este caso, hablamos de reparación y derechos humanos.

La transformación del modelo de cuidados pretende poner en el centro a las personas, en plural, es decir, a los principales protagonistas: personas usuarias, familiares y profesionales, para que, quienes precisan acompañamiento por parte de otras, sean vistas como individuos portadores de valores y de derechos y, en consecuencia, tengan apoyos para poder desarrollar proyectos de vida propios y disfrutarlo con sentido.

Paralelamente, para muchos expertos, la salud mental se ha convertido en el gran desafío del siglo XXI y, en este sentido, los dos gobiernos la han identificado también como una prioridad, tanto por parte de la presidenta navarra, María Chivite (De Benito), en el discurso de su reelección, como por la del lehendakari Inigo Urkullu (EJ/GV).

Estos factores, junto al actual contexto sociopolítico que refleja un consenso cada vez más amplio para atender las necesidades de todas las personas afectadas por las consecuencias del llamado `caso vasco´, hacen que previsiblemente este barco goce ahora de un viento a favor que hasta hace muy poco le era aciago. Existe una sensación general de que los impactos y las alteraciones de la convivencia que se generaron a raíz de la violencia política –las “lecturas desenfocadas de los derechos humanos” (Salazar Torre, 2018)^[7], la falta de empatía hacia el otro/a, los prejuicios y la desconfianza…– se han mitigado, aunque no hayan desaparecido del todo. También puede ayudar que el foco mediático se encuentre cada vez más alejado de estas cuestiones.

Entendiendo que “no hay alternativa a la convivencia y al diálogo entre diferentes” (Zabalza, 2022) y dando pasos para avanzar hacía una única consideración de víctima, los Ejecutivos vasco y navarro vienen mostrando una buena sintonía, una posición ética común y un diagnóstico similar en todo lo concerniente a los derechos humanos, una sintonía que probablemente podría facilitar compartir una estructura de cogobernanza para un propósito de estas características. Así pues, es hora de ponerse manos a la obra.

Tres grandes bloques

Además de los dos primeros puntos introductorios, el presente trabajo se va a articular en tres grandes bloques: el estado de la cuestión; las herramientas analíticas, clínicas y comunitarias para abordar la propuesta o propuestas; y, finalmente, el planteamiento de comunidad en sí.

En el primer apartado, se analizará el marco legislativo que atañe a determinadas medidas ligadas a la reparación psicosocial, lo que permitirá vislumbrar ciertas pistas sobre cómo encajar la propuesta en el entramado institucional, pero a priori no debe acarrear limitaciones de calado. Se trataría más de un de dónde partir que un qué se puede hacer. Pero, ¿qué se ha hecho ya? Desde luego, esta proposición no parte de cero, sino que, pese a que no se han ofrecido de forma global, sí existen acompañamientos a determinadas personas por parte de las administraciones públicas, de universidades y de asociaciones de víctimas que tienen servicios privados de psicología. Se realizará un repaso de estas asistencias, remarcando que únicamente se han enfocado a tratar el trauma individual. También se estudiarán experiencias y teorizaciones de acompañamiento psicosocial en diversos Estados: Sudáfrica, Chile, Bolivia, Perú, Dinamarca o Irlanda. Se hará especial hincapié en el centro irlandés, que ofrece un servicio a todas las personas, independientemente de la comunidad con la que se identifiquen, realizando círculos de diálogo entre diferentes. Se terminará con ¿y las víctimas qué opinan?, reflejando el sentir de personas con agentes victimizadores de distinto signo a las que se las ha preguntado por sus necesidades. Creemos que recoger testimonios sobre sus inquietudes y carencias debe representar un pilar importante de este trabajo, así como constatar que esas necesidades, si es que existen o las demandan, van a ser dispares, pero probablemente con denominadores comunes.

Finalmente, trataremos el concepto de víctima como sujeto beneficiario, un término para nada pacífico, denostado por algunas, controvertido para muchas y necesario para otras que no han alcanzado ese estatus de reconocimiento oficial que permite acceder por ley a los derechos de reparación. ¿A quién se ha atendido? ¿Es mejor hablar de afectadas? ¿De damnificadas? ¿De supervivientes? ¿De personas que sufrieron? ¿Abrimos el espectro? No es fácil responder, pero, desde luego, lo que está claro es que la vulneración afectó directamente a más personas que a la víctima directa.

A partir de ahí, abriremos una segunda parte que llamaremos “herramientas analíticas, clínicas y comunitarias para abordar la propuesta”. Así, se realizará un análisis del significado del trauma y sus diferentes etapas, los tipos de trauma y una teorización sobre las diferentes vías de cómo poder superarlo y la gestión del duelo. También hemos creído interesante reflexionar sobre un concepto poco estudiado, pero que preocupa a las profesionales del ámbito de la facilitación y hemos escuchado en la voz de varias víctimas: los espacios seguros. Estos podrían definirse como un entorno en el que todas las personas se sienten cómodas, expresándose y participando plenamente, sin miedo a ser agredidas, a hacer el ridículo o a negar su experiencia. Pero, ¿cómo se implementa un lugar seguro? ¿Qué condiciones necesita? ¿Hay un lugar más adecuado que otros? ¿Cómo se consigue? Para dar respuesta a estas cuestiones, nos basaremos principalmente en el informe que redactan en estos momentos tres facilitadoras a petición de Berridatzi Elkartea.^[8]

Asimismo, nos aproximaremos a otro terreno bastante virgen: la resiliencia; veremos qué es ser resiliente, si una persona de acero o, como dice Pau Pérez, estar hecho de “ese barro mojado que lo golpean y no se quiebra, sino que va tomando forma”.^[9] Advertiremos que, más que personas resilientes, hay recursos resilientes.

Igualmente, se abordará la idea de sanación individual y colectiva, en el sentido de exponer distintos modos de afrontar una recuperación integral de las personas. A veces, surge la necesidad de enlazar esa restauración personal con el diferente, con la comunidad a la que se pertenece o con la que de alguna manera se confronta. Esto nos permite acercarnos a la otra orilla del sufrimiento, a ese padecimiento que siempre ha estado ahí y no nos hemos permitido sentir, acompañar o, en ocasiones, incluso hemos pretendido ignorar.

Para finalizar, como tercer gran bloque, se reflexionará en torno a plantear propuestas abiertas a las instituciones vascas y navarras en relación a un plan para que apoyen, den cobertura con sus sistemas sanitarios y financien la creación y el mantenimiento de una comunidad de acompañamiento psicosocial que coordine todos los servicios. Los estructuraremos en cuatro niveles de asistencia. Faltaría determinar a quién se acompaña. ¿Solo a las víctimas? ¿También a sus familiares? ¿A todas las personas que siguen sufriendo?

Este es el principal objetivo del documento, que, tras décadas de violencia y de graves vulneraciones de derechos humanos, nazca un instrumento comunitario que ofrezca mitigar el sufrimiento individual y colectivo, pero asimismo permita actuar como un catalizador que aporte levadura crítica a la convivencia y a la reconciliación. Si la finalidad última es transitar hacia una “memoria ejemplar” (Todorov, 2000), esa postura implicaría una doble tarea, que consistiría en, “por un lado, superar el dolor causado por el recuerdo y lograr marginalizarlo para que no invada la vida, y, por el otro –y aquí salimos del ámbito personal y privado para pasar a la esfera pública–, aprender de él, derivar del pasado las lecciones que puedan convertirse en principios de acción para el presente”. (Jelin, 2002, pág. 58)

Tal vez la meta que se vislumbra sea demasiado ambiciosa, pero hay que pensar en grande. Este proyecto tendrá como finalidad inicial la sanación individual y del entorno más cercano, pero sin dejar de mirar a los ojos a esos otros propósitos que, claro está, no se conseguirán únicamente con este planteamiento, sino que deberán ir de la mano de otra serie de medidas de marcada voluntad política; estas medidas, en algunos casos, ya se están aplicando desde las administraciones públicas, aunque siguen faltando otras, como, por ejemplo, buscar la comprensión de la naturaleza de los problemas sociales y conductuales de ese `caso vasco´ para que las memorias en disputa puedan convivir. Aquí retornamos a un plano público, ya que, en el privado, hay que reconocerlo desde ya, “puede suceder que nunca sea posible superar o trascender la posesión por el pasado y que la elaboración solo permita, en el mejor de los casos, tomar cierta distancia, adquirir una perspectiva crítica con enorme dificultad, y nunca para siempre”. (LaCapra, 2001, pág. 90)

Menos aún, como afirma Gema Varona, “las víctimas deben ser obligadas a sobrellevar la carga del perdón y la reconciliación, cuestiones muy complejas que incumben planos personales y sociales y a diversos actores, sin perjuicio de fomentar programas en ese sentido, sin instrumentalizarlas, con validez científica sobre sus efectos positivos en la recuperación victimal y el respeto de sus derechos”. (2015, pág. 62)

Es indudable que queda una tarea ingente por delante y que cualquier servicio o medida, por muy acertada que sea, no puede ser la panacea para una herida que quizá tarde generaciones en cicatrizar con garantías, pero moralmente nos corresponde a nosotras como mínimo poner los mimbres e intentar dejar la menor tarea posible a las próximas generaciones. Esta propuesta pretende ser eso, otro mimbre más para que algún día, de alguna manera, podamos componer conjuntamente ese anhelado cesto de convivencia normalizada.

2. LA ESCRITURA DESDE EL NOSOTRAS

Hay voces que aseveran que no es recomendable redactar un texto académico en primera persona; entienden que esos trabajos deben caracterizarse por un tono objetivo, ecuánime e imparcial, sin pretensiones de transmitir opiniones personales. Nada más lejos de nuestro objetivo que el ser objetivas. Rigurosas e imparciales sí, pero tampoco neutrales. Ronald Fraser decía que las memorias siempre son subjetivas y “se ajustan según la necesidad política, social o cultural del individuo en el presente” (Las dos guerras de España, 2014, pág. 215). Sin embargo, somos seres sociales. A lo largo y ancho del Máster, hemos visto que, en el ámbito de los derechos humanos, resulta fundamental hablar de forma inclusiva y, si esto es así, el marco de enunciación correcto bien puede hallarse en la primera persona del plural. Al menos, esta ha sido nuestra elección.

La cuestión es que somos muy conscientes de que, en la escritura del presente TFM, se entremezclan al menos cuatro nosotras. No se trata de un trastorno de personalidad múltiple, sino de la posición desde la que escribimos por momentos.

Comenzaremos por la que más se acerca al yo. Un hecho traumático de motivación política acaecido en 1983 al hermano de mi pareja, vino a derrumbar su mundo y el de su familia con quince años. Al poco tiempo, comenzó nuestra relación, no siendo yo muy consciente del calvario por el que estaban pasando y de las repercusiones sociopolíticas de la violencia colectiva de aquellos momentos. Fue un paulatino aprendizaje. Los primeros años de incertidumbre por la desaparición forzada hasta dar con los cuerpos en Bussot, el juicio por el que fueron condenado políticos y altos mandos de la Guardia Civil de Intxaurrondo –que al poco resultaron liberados–, o la certeza de que detrás de estas graves vulneraciones de derechos humanos se escondía por activa o por pasiva el propio Gobierno español, marcaron el devenir callado de aquellos años. Fueron duros en aquel aspecto, pero finalmente permitieron a mi cónyuge salir de la cripta ya pasados los 40. Ahí empezó otra etapa que nos llevó a reivindicar el reconocimiento de lo sucedido, a acercarnos a otras personas, al activismo por los derechos humanos e incluso a dar el salto a la política (mi mujer) para intentar modificar algunas leyes que considerábamos injustas. En ese recorrido de vida hemos formado una especie de tándem en el que de alguna manera el yo ha dejado de ser importante, lo que me dificulta sobremanera escribir en primera persona del singular. Todo se consulta, todo se acuerda y se desacuerda… Y es que hemos crecido, cambiado y evolucionado juntas.

Abandonada la política, decidimos que era hora de continuar nuestro camino desde la sociedad civil; así, junto a otras personas, creamos en 2019 Berridatzi Elkartea, asociación de la que soy secretario y tesorero (mi suegra es la presidenta). Entre otros fines estatutarios, buscamos sendas de sanación para nuestra herida individual y colectiva; acompañar a las víctimas, principalmente a las olvidadas y oprimidas, o tejer convivencia en el espacio sociopolítico. Este sería precisamente el segundo nosotras. Como se ha visto y se verá, las referencias a la actividad de nuestra asociación están esparcidas por el texto, pero sobre todo hay una que es la que básicamente nos ha traído hasta aquí: el compromiso adquirido con los ejecutivos vasco y navarro, tras la jornada de “Salud mental y víctimas de motivación política” anteriormente citada, para presentarles una propuesta de acompañamiento psicosocial dirigida a personas afectadas por violaciones de derechos humanos en el `caso vasco´. Por lo tanto, la intención es clara: acompasar la redacción del primer borrador de la propuesta, con la presentación de este TFM, modificando lógicamente algunos apartados.

El tercer nosotras sería el nosotras excluyente, ese que creemos que no está, pero que es muy probable que esté, y siempre está al acecho; por lo que rogamos que, si alguien advierte en estas líneas que se nos escapa alguno de ese tercer nosotras, nos lo haga saber y podamos así aprender juntas a sortearlos en el futuro.

En guaraní hay dos vocablos para expresar la idea de “nosotras”. Uno –ore– marca la frontera entre quienes hablan y su comunidad y la “otra”, la que escucha u observa, que queda claramente excluida. El otro –ñande– es un nosotras incluyente, que invita al interlocutor a ser parte de la misma comunidad. Elisabet Jelin sugiere que “las dos formas de memoria, y sus dos usos, corresponden a estas dos nociones de “nosotras” o de comunidad –una inclusiva, la otra excluyente–.^[10] Nadie duda del dolor de la víctima ni de sus derechos a recuperar su vida. Tampoco está en discusión el papel protagónico (en términos históricos) que en diferentes casos tuvieron las víctimas directas y sus familiares como voces iniciales en los emprendimientos de las memorias. Sin embargo, para Jelin, “el tema, más bien, es otro y es doble. Por un lado, ¿quién es el `nosotros´ con legitimidad para recordar? ¿Es un nosotros excluyente, en el que sólo pueden participar quienes `vivieron´ el acontecimiento? ¿O hay lugar para ampliar ese nosotros, en una operación por la cual comienzan a operar mecanismos de incorporación legítima de (nos)otros? ¿Se trata de un ore o un ñande?” (2002, págs. 60-61).

Respondemos a Elisabet Jelin que, desde luego, estamos deseosas de transitar por el ñande, ese cuarto nos(otras) que, en definitiva, debe impregnar todo el proyecto de comunidad que vamos a sugerir. No obstante, brincaremos de un nosotras a otro sin complejos, esperando que en todo momento se pueda entender en cuál nos situamos. Precisamente, una vez finalizada esta primera fase, es desde ese ñande desde donde queremos continuar el recorrido de este planteamiento, al objeto de recabar…

2.1. …nuevas ideas para mejorar la propuesta

Para presentar un texto compartido a las administraciones vasca y navarra –tal y como se ha comentado–, se intentará contar con la colaboración del mayor espectro posible de la sociedad civil que esté interesado en poner su granito de arena en el acompañamiento psicosocial a las personas que siguen sufriendo la violencia de motivación política. De esta forma, pensamos que se proporcionará mayores dosis de pluralidad al documento. En esta primera instancia, presentamos la redacción de forma personal (como TFM), pero, sin duda, esta adquirirá mucha más precisión, riqueza y peso específico a medida que se vayan integrando las matizaciones, aportaciones y sugerencias de las asociaciones, fundaciones y particulares con las que se piensa contactar a partir de febrero, una vez que –bajo la coordinación de Berridatzi Elkartea– los colectivos que nos comprometimos a presentar conjuntamente la propuesta, esto es, Argituz, Berbari Lekua y Ekimen Elkartea, consensuen un primer borrador. Será entonces cuando procedamos a celebrar reuniones individuales con otras agrupaciones de víctimas y organizaciones que centran su actividad en el periodo de memoria reciente, tales como –y por orden alfabético– Bakeola, Baketik, Covite, Egiari Zor Fundazioa, Fundación Fernando Buesa, Fundación de Víctimas del Terrorismo, Gernika Gogoratuz, Gogoan por una Memoria Digna o Red de Personas Torturadas de Navarra.

Tampoco faltarán los contactos con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV, el resto de universidades, el Instituto Vasco de Criminología y los institutos Pedro Arrupe o Valentín Foronda, así como con el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz.

De la misma manera, y antes de presentar el informe a las direcciones de víctimas de ambos ejecutivos, se prevé concertar reuniones con los servicios públicos de salud Osakidetza y Osasunbidea para analizar su infraestructura en salud mental, apuntar posibles protocolos y valorar si se puede crear un servicio específico ad hoc en sus estructuras internas.

En Berridatzi Elkartea también prevemos realizar a lo largo de 2024 más encuentros público/privados con víctimas de distinto signo en las cuatro provincias para conocer sus inquietudes, necesidades y anhelos, encuentros que recogeríamos como nuevas aportaciones para conformar esta idea de comunidad.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El proyecto de acompañamiento psicosocial que se propone implementar no parte de la nada. Hay aspectos ya regulados a través de ciertas leyes, numerosas experiencias de acompañamiento en el ámbito público y privado, así como internacionales, y se han recogido múltiples testimonios sobre qué necesitan las víctimas. Con este estado de la cuestión, lo que se pretende es analizar qué se ha hecho hasta ahora y qué se ha podido hacer, para aprender de esas experiencias previas y, si es posible, integrarlas en un servicio compartido más amplio y holístico que tenga en cuenta la voz de las personas afectadas.

Estudiaremos, por lo tanto, el marco legislativo que regula la aplicación de determinados servicios de salud mental y de justicia restaurativa. Será un camino desde el derecho internacional de los derechos humanos hasta aterrizar en nuestra normativa. Veremos que se nos queda pequeño y que, de ningún modo, nos va a condicionar a la hora de establecer conexiones, futuros organismos o formas de trabajar, pero sí nos va a permitir observar los pasos que se han dado desde las administraciones públicas a raíz de la legislación vigente y ver la manera de cómo utilizar las infraestructuras ya establecidas para poder incorporarlas al propósito que nos trae aquí.

Haremos un repaso para conocer de primera mano la actividad de las administraciones, de la universidad y de los colectivos que trabajan con víctimas en estos quehaceres, y sus carencias y dificultades. Asimismo, existen en el planeta decenas de centros que ostentan similares características. Viajaremos por el mundo a ver qué nos traemos de vuelta en la maleta.

Solo las víctimas saben en su fuero interno lo que sienten. Nadie más. Sin embargo, en ocasiones, muestran dificultades en expresar qué necesitan; si quieren o pueden iniciar el duelo, si el trauma se lo impide, si se sienten víctimas, si quieren dejar de serlo, qué sueñan, qué anhelan, qué quieren para ellas o para su comunidad… Dado que el acompañamiento va a poner el foco principalmente en la persona que sufre, traeremos a colación diversos testimonios que hemos ido reuniendo de viva voz o recopilando de algunos documentos que recogen sus impresiones.

3.1. Marco legislativo

Si bien la legislación vigente no debería suponer ningún corsé a la hora de plantear medidas de acompañamiento psicosocial, resulta de suma importancia conocer qué aspectos ha decidido regular y cuáles no, dónde se incluyen, a quién van dirigidos e incluso qué organismo los debe prestar. En un primer acercamiento, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que, en todo el corpus normativo, es la víctima del delito la única destinataria de estos parabienes y que, en este sentido, van enfocadas todas y cada una de las leyes y preceptos que vamos a analizar. De hecho, de una forma u otra, todas incluyen en su título el término víctima, aunque en ocasiones difieren sobre qué persona o personas van a detentar ese derecho o calificativo.

Asimismo, podríamos considerar que, en cierta manera, las disposiciones de aspecto psicosocial se deberían encontrar presentes con carácter transversal en el desarrollo de los cuatro axiomas universales de verdad, justicia, reparación y no repetición^[11], aunque, como veremos en el análisis de los textos normativos –al menos en algunos–, su inclusión se limita exclusivamente al proceso judicial.^[12]

Con el objeto de alcanzar una perspectiva global, conviene retrotraerse a noviembre de 1985, fecha en la que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 40/34, 1985). En la misma, entre otros aspectos, se realiza una definición muy interesante de qué se entiende por víctima y extiende además ese carácter a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa. Además, dictamina que no resulta indispensable identificar al perpetrador y tampoco que la vulneración se encuentre necesariamente en la legislación penal vigente, es decir, que contempla también lo que se denomina “abusos de poder” (más adelante haremos un análisis de ese término y su aparente relación con determinada legislación vasca y navarra).

Aunque en los principios sobre Acceso a la justicia y trato justo se mencionan también medidas tendentes al acompañamiento psicosocial, es en el apartado de Asistencia donde se especifica con más detenimiento los principios relativos a facilitar un adecuado servicio en esta materia. Así las cosas, estos principios propugnan una atención psicosocial integral no solo implementada por las administraciones, sino también por el papel activo de los diferentes agentes sociales. Además, instan a los colectivos que van a tratar con las víctimas a realizar una formación específica para que, en el desempeño de su labor, sepan atender a estas personas que normalmente se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad. Por último, se abre la puerta a ofrecer asistencia diferenciada adaptándose a las necesidades especiales en función de las características de la victimización.

Veinte años después, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Resolución 60/147, 2005), documento que prevé el mecanismo de las vías administrativas públicas para la restitución, reparación, rehabilitación y satisfacción por los daños sufridos. En concreto, en su punto número 21, se dictamina que “la rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”.

De esta manera, Naciones Unidas otorgaba una suerte de paraguas general para que estos principios protegieran a diversas víctimas y permitieran facilitar un reflejo jurídico en las normativas de los Estados parte y de sus organismos supranacionales. No obstante, resulta de sobra conocido que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son directamente vinculantes, aunque podríamos definirlas como una especie de soft law que interpela directamente a la comunidad internacional a la hora de legislar (Camacho Vinueza, 2022). A juicio de Finn Lauwers, investigador sobre pacifismo y ex-empleado de Naciones Unidas por la delegación belga, “las resoluciones son extremadamente efectivas, porque exponen una conciencia mundial colectiva y eso puede tener una influencia incalculable en el comportamiento de los estados” (Rengel, 2023). Así, por ejemplo, ciertos Estados, como Colombia, han acogido estas disposiciones y las han incorporado en su normatividad interna, dando apertura a la creación de leyes que buscan promover los procesos de reparación integral a las víctimas de sus conflictos armados.

Sea como fuere, la Unión Europea, en el plan de trabajo (Diario Oficial de la UE, 2011) que adopta para reforzar los derechos de las víctimas en los procesos penales, recoge el guante de ciertas recomendaciones de Naciones Unidas y plantea asimismo que “algunas víctimas tienen necesidades específicas debido al tipo o las circunstancias de delito que sufrieron, habida cuenta de las repercusiones sociales, físicas y psicológicas de tales delitos, como sucede en el caso del tráfico de seres humanos, de la explotación sexual de niños, del terrorismo y de la delincuencia organizada. Sus necesidades especiales podrían abordarse en un acto legislativo específico referente a la lucha contra esos tipos de delito”.

Un año más tarde, y en gran parte fruto de este análisis, ve la luz la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (Diario Oficial de la UE, 2012) Con arreglo a esta directiva, son víctimas la propia persona y, en caso de fallecimiento, sus familiares entendidos como tales “el cónyuge, la persona que convive con la víctima y mantiene con ella una relación personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera estable y continua, los familiares en línea directa, los hermanos y hermanas, y las personas a cargo de la víctima”, pero no obstante permite a los Estados miembros poder establecer procedimientos para limitar el número de familiares que puedan acogerse a los derechos establecidos en esta directriz comunitaria. Donde sí se mostró novedosa fue en articular la posible implementación de servicios de justicia restaurativa (reparadora, según el documento de la directiva), aunque establece una serie de condicionantes para que se puedan llevar a cabo, tales como el consentimiento libre e informado de la víctima o el reconocimiento inequívoco del infractor.

El Estado español tardó tres años en trasponer esta directiva y otras disposiciones de obligado cumplimiento a la Ley del Estatuto de la víctima del delito (BOE, 2015). Afortunadamente, en el primer párrafo de la exposición de motivos se argumenta textualmente que “la finalidad de elaborar una ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal”. Sin embargo, el Estatuto restringe en cierta manera los supuestos de víctima indirecta en caso de fallecimiento. Por ejemplo, si en la directiva europea los hermanos y hermanas se incluían siempre, en este caso no debe existir ningún familiar de primer grado o similar para que estas sean consideradas víctimas.

Tras regularse que “toda víctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial (…) a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las administraciones públicas”, la Ley instaura en su artículo 27 la organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.^[13] Por otra parte, observamos que el punto 2 faculta a las comunidades autónomas a rubricar convenios con otras administraciones, así como con entidades sin ánimo de lucro, una fórmula que tal vez se pueda tener en cuenta a la hora de plantear nuestra propuesta.

La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE, 2011) se enmarca dentro de las ya comentadas necesidades especiales que propugnaba el Consejo de la Unión Europea para abordarse en un acto legislativo específico, y fue aprobada solo meses después de conformarse el plan de trabajo. Cabe destacar que el Estado español fue el primer miembro de la Unión Europea en desarrollar una ley específica para las víctimas del terrorismo.^[14]

En esta norma, se estipula (artículo 9) que “las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato y gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y buscando en todo caso su mejor y más pronta recuperación”. En esta redacción parece que no hay prisas y además se prestará a todas las personas consideradas víctimas, sean estas directas o indirectas en el caso de fallecimiento.

Tampoco nos podemos olvidar de las personas que sufrieron las consecuencias de la violencia de motivación política durante el franquismo y los primeros años de la Transición. Para ellas, se aprobó en octubre de 2022 la denominada Ley de Memoria Democrática (BOE) que vino a sustituir a la Ley de Memoria Histórica (BOE, 2007) en la que se determina que “una persona será considerada víctima con independencia de que exista o no autoría conocida de la violación de sus derechos”. En esta disposición normativa, existen escasas referencias a un acompañamiento psicosocial, pero sí que abunda en mandatos de verdad y memoria que pueden aliviar el dolor.

Acercándonos ya a nuestra regulación, ambas comunidades (la navarra y la de la CAV) tienen aprobadas sendas leyes de reconocimiento, reparación o ayuda a las víctimas del terrorismo, de fecha anterior a la ley estatal. En el caso de la vasca (BOPV, 2008), es en su artículo 19 donde se menciona el ámbito de la asistencia psicológica: “pudiendo la persona interesada optar entre los medios públicos adscritos al sistema sanitario de Euskadi o los privados para el tratamiento psicológico prescrito”, siempre hasta cierta cuantía reglamentada. El citado artículo ordena asimismo que “la Administración sanitaria propiciará la creación, dentro de la red de salud mental del sistema público de salud, de recursos especializados para el tratamiento psicológico en caso de acciones terroristas, así como de sus secuelas”. Podemos remarcar igualmente que la norma cree conveniente “potenciar las relaciones de colaboración con aquellas asociaciones, fundaciones y movimientos sociales entre cuyos objetivos básicos se encuentre el apoyo humano y psicosocial a la víctima” (artículo 25.1.J). Por su parte, el Decreto 290/2010, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo regula más en profundidad el acompañamiento psicosocial en su artículo 23.

Por lo que respecta a la ley navarra (BON, 2010), la asistencia psicológica comprende tres tipos (artículo 20): la asistencia inmediata; la asistencia psicosocial de secuelas a la que tendrán derecho tanto las víctimas como los familiares más allegados o personas con quienes convivan de forma estable y, por último, la asistencia psicopedagógica para los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. Además, si fuere preciso, se podrán establecer conciertos con entidades o instituciones privadas para asegurar las prestaciones que los servicios públicos no puedan prestar, financiando a cargo del Gobierno de Navarra los costes de los mismos. A nuestro juicio, se trata de un articulado mejor estructurado que el resto y que deja definido claramente y de forma abierta a qué personas se atenderá y, sobre todo, alude al término secuelas, indicando implícitamente así un tratamiento dilatado en el tiempo.

A pesar de todas estas leyes mencionadas, quedaban todavía muchos dolores sin prescripción legal de reparación, graves vulneraciones sin reconocimiento institucional y determinadas consecuencias sobre hechos traumáticos del llamado “caso vasco” sin contemplar a sus damnificados en ningún texto normativo. Consciente de que una parte importante de estas conculcaciones sin considerar se derivaban directa o indirectamente de violaciones de derechos humanos atribuidas a personas ligadas a los aparatos institucionales, parapoliciales o de extrema derecha, el Parlamento Vasco aprobaba la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 (BOPV, 2016), vulgarmente conocida como ley de abusos policiales, con cierta conexión, aunque no directa, con los delitos de abuso de poder que recoge la declaración sobre los principios fundamentales de justicia de la ONU de 1985.

Y es que este precepto de Naciones Unidas señala textualmente que “se entenderá por `víctimas´ las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”. Como se puede apreciar, la práctica mayoría de las vulneraciones que ampara la ley vasca sí están tipificadas en el código penal (la desaparición forzada, no); lo que ocurre es que, dadas sus características, muchas de ellas no han podido culminar en un proceso penal o este ha sido seriamente obstaculizado, incluso pese a que sus presuntos autores estuvieran identificados. De ahí, la relativa similitud. Anteriormente, el Gobierno Vasco había materializado el Decreto de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 2012) durante la dictadura franquista, que únicamente ofreció una compensación económica.

Tres años más tarde, Navarra aprobaba también la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos (BON, 2019), un texto que, como el vasco, ofrece a estas víctimas derechos bastante más limitados frente a las mismas vulneraciones y que, básicamente, como su propio título indica, se circunscriben al reconocimiento y a la reparación.

De todas formas, dado que es precisamente el ámbito de la reparación el que se analiza, podríamos señalar que se trata de normas valiosas que amplían ostensiblemente el número de personas que legalmente tienen o van a tener derecho a un acompañamiento psicosocial. En Euskadi, esta asistencia se prestará a través de los medios públicos adscritos al sistema sanitario, “y excepcionalmente, cuando esté objetivamente justificado, se admitirá la asistencia psicológica impartida por profesional privado, asumiendo su coste el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco” (artículo 11.4). Por su parte, la norma navarra remite a su ley de ayuda a las víctimas del terrorismo para conceder idénticas prestaciones tanto económicas como sanitarias.

Una vez realizado un repaso al marco legislativo que atañe a las vulneraciones de derechos humanos de motivación política, convendría extraer ciertas conclusiones y, a su vez, plantear determinadas cuestiones que pueden haber quedado en el aire. De esta forma, podría decirse que:

El acompañamiento es individual.

Las diferentes normativas citan con mucha más asiduidad la asistencia psicológica que la psicosocial y, cuando lo hacen, no se especifica exactamente a qué se están refiriendo. En diferentes articulados se menciona también la asesoría jurídica, laboral o administrativa.

Diversas leyes solamente regulan una asistencia a corto plazo y ligada al proceso judicial.

El acompañamiento se plantea exclusivamente para las víctimas reconocidas por las leyes vigentes, lo que delimita sobremanera a las personas que se puede atender.

Si esta no ha fallecido, la asistencia sanitaria es una prerrogativa dirigida únicamente a la víctima.

Varias disponen que es necesario proporcionar al personal de policía, de justicia, de salud o de servicios sociales capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada.

Se reglamentan para toda la Unión Europea los servicios de justicia restaurativa.

Las oficinas de asistencia a las víctimas dependen en el Estado español de los Departamentos de Justicia.

Las comunidades autónomas pueden implementar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para prestar los servicios de asistencia y apoyo, una fórmula que ya sugiere Naciones Unidas.

Las administraciones navarra y vasca priman la utilización de sus servicios de asistencia sanitaria y, en el caso de no ser posible, abren la puerta a que se pueda recibir un acompañamiento privado con financiación pública.

A raíz de estas reflexiones, se nos plantean diversas preguntas: ¿solo la víctima legal tiene derechos?, ¿y qué hay de la víctima no reconocida o de la víctima social?, ¿no tienen derecho a una asistencia pública? Desde la constatación de que es muy difícil legislar con atino sobre estos aspectos, desde luego sí que se echan en falta medidas normativas que facilitaran la sanación colectiva.^[15]

3.2. Prácticas y experiencias existentes

A falta de una política pública de liderazgo en el acompañamiento psicosocial, las administraciones han prestado sus limitados y poco coordinados recursos, adaptándose muchas veces con imaginación al exiguo traje normativo existente, y a las iniciativas que desde las direcciones de derechos humanos decidieron implementar con mayor o menor atino para la toma en consideración del conjunto de víctimas. Esta situación ha tenido como consecuencia que los diferentes colectivos de afectadas, preocupados por la falta de asistencia, hayan tenido que implementar –por supuesto, los que han podido– estos servicios en sus organizaciones; tal vez también por la desconfianza que generaba la polarización existente, prefiriendo de esta forma tener sus propios terapeutas. Otros agentes sociales también se han esforzado en dar cobertura a esta necesidad, pero siempre desde la precariedad económica y haciendo con voluntarismo lo que buenamente podían.

Hay experiencias internacionales que nos pueden guiar por dónde tirar. Al margen de esto, analizaremos los protocolos de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, la labor de las direcciones de derechos humanos, de los colectivos de víctimas y demás agrupaciones que han venido poniendo su granito de arena en este área. Ello nos permitirá escrutar si es posible sacar adelante un proyecto en común desde la sociedad civil. De formalizarse, lógicamente, luego cada una decidirá si mantiene o no sus servicios, pero hay que tener muy en cuenta que la mayoría de las víctimas no están asociadas.

Cabe destacar asimismo que, pese a que determinadas víctimas disponían de una estructura legal que permitía en teoría el acompañamiento psicosocial, la sensación es que en la práctica a pocas les ha alcanzado esa asistencia, al menos desde el ámbito público. Es cierto que ha existido y sigue existiendo una asimetría en el plano de la reparación, pero las necesidades siguen sin estar cubiertas en muchos casos.

3.2.1. Asistencia desde las administraciones

Las oficinas de Asistencia a las Víctimas ofrecen un servicio de carácter gratuito y voluntario, dependiente de los Departamentos de Justicia. Su función principal es prestar información y asistencia integral a todas las personas que son víctimas de un delito o que están en riesgo de serlo. Asimismo, asesoran a los operadores jurídicos, cooperando con ellos con el objetivo último y principal de prevenir y paliar la victimización secundaria y contribuir a la recuperación integral de la víctima. La psicóloga clínica del SAV de Donostia Gregoria Mendiguren señala que su servicio “goza de una gran autonomía de funcionamiento” y que la “atención va dirigida no únicamente a las víctimas directas, es decir, a aquellas personas sobre las que recae directamente las consecuencias del delito, sino también a las víctimas indirectas, como familiares, amig@s, vecin@s”. (Mendiguren, 2018, pág. 150)

Las oficinas cuentan en cada una de las capitales con personal cualificado en los ámbitos jurídico, psicológico y de asistencia social, sobre los que recae, en mayor o menor medida, según su especialidad, la función de la recuperación emocional de las víctimas en todas sus vertientes. Estas son sus páginas web en Navarra y en Euskadi. Por lo que respecta a Navarra, se advierte expresamente que la asistencia está dirigida a cualquier tipo de delito, salvo las “personas afectadas por un atentado terrorista, que se atienden en otra oficina” y remite a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y a la Ley 9/2010 comentada en el capítulo anterior.

En el caso de la CAV, tienen establecido un protocolo que denota muy a las claras qué tipo de asistencia psicosocial es la que ofrecen: acompañar a las víctimas en su relación con el sistema penal. Mendiguren explica que las trabajadoras sociales del SAV realizan la entrevista de acogida. “El/la trabajador@ social es el miembro del equipo que tiene el primer contacto directo con la víctima, su papel, por tanto, es fundamental. Su actuación profesional no sirve sólo de criba, es decir, para delimitar aquellos casos que pueden ser o no susceptibles de ser atendidos por el equipo del SAV, sino también para hacer el mapa situacional de la víctima sobre el que se van a basar las posteriores actuaciones del personal del equipo. Cuando el/la trabajador@ social detecta en la entrevista de acogida la conveniencia de que la víctima inicie una intervención terapéutica, o este recurso es expresamente demandado por ésta, derivará el caso al/a psicólog@. Será el/la psicólog@ quien en las dos primeras entrevistas, dependiendo de la complejidad del caso, hará en una `valoración emocional´. (…) El objetivo de estas sesiones de valoración será establecer una indicación terapéutica”. (2018, pág. 154)

En resumen, se trata de un servicio pegado a la comisión del delito, en el que existe o puede existir un procedimiento penal, por lo que, al parecer, no se ofrece si no se dan las condiciones para celebrar un juicio y tampoco continúa después de que este se haya celebrado. Con estas características, es muy difícil que actualmente pueda encajar ahí alguna persona de las que se quiere acompañar con esta propuesta. Lo que sí nos interesa de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas son los protocolos que tienen establecidos con los diversos profesionales, las derivaciones a otras instancias o las fases del programa de acompañamiento, ya que puede constituir un preciado know how a la hora de establecer formas de actuación en el planteamiento que vamos a realizar.

A día de hoy, las direcciones de víctimas de los Gobiernos vasco y navarro carecen de cualquier infraestructura que se acerque ni de lejos a la de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de los Departamentos de Justicia. Además, parece que tampoco tendría sentido en la actualidad si se utilizara única y exclusivamente para atender a las personas afectadas por violencia de motivación política.

Sea como fuere, como ya se ha citado, existen por ley determinadas asistencias a las que se deben dar cobertura. Eso sí, la víctima tiene que estar reconocida oficialmente, por lo que nos encontramos con el hándicap que sufren las que aún están en ese proceso a pesar de que ya han pasado muchos años desde su victimización.

Recordemos que el Ejecutivo Foral, si fuera preciso, podrá establecer conciertos con entidades o instituciones privadas para asegurar las prestaciones que los servicios públicos no puedan prestar, financiando a su cargo los costes de los servicios y tratamientos individuales requeridos. En similares circunstancias se regula esta asistencia en Euskadi: se prestará a través de los medios públicos adscritos al sistema sanitario, y excepcionalmente, cuando esté objetivamente justificado, se admitirá la asistencia psicológica impartida por profesional privado, asumiendo su coste el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco. Las víctimas del terrorismo pueden elegir. En caso de que la asistencia se realice por medios privados, a las víctimas de las tres provincias se les asigna como máximo 3.500 euros para el tratamiento individualizado, sin menoscabo de que, de forma extraordinaria, se pueda ampliar la ayuda si el facultativo considera que es necesario seguir con la terapia.

Desde el Gobierno Vasco^[16], recuerdan que el primer decreto de ayudas a las víctimas del terrorismo es de diciembre de 1988 y sólo cubría daños materiales. En 1995 hay un cambio sustancial en la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo. “Escuchando a las víctimas, aprendimos que no era suficiente con ayudar a tramitar unos documentos. Necesitaban ser escuchadas, mostrar interés por su persona. Un apoyo humano –comenta Enrique Uribarriena, técnico asesor de la dirección de víctimas del Gobierno de Lakua–. En adelante, escuchar a las víctimas, fue nuestra tarea”. Ese mismo año, 1995, se contempla la necesidad de cubrir la asistencia psicológica, que hasta ese momento no contaban con ninguna ayuda para ello. Tras mantener varias reuniones de trabajo con colectivos de apoyo a las víctimas, se decidió conceder una línea de subvenciones para que atendieran psicológicamente a las víctimas del terrorismo que lo necesitaran. Fue en el año 2002, cuando se establece la ayuda psicológica dentro del decreto de ayudas. “Esto supuso un paso adelante en la atención a las víctimas del terrorismo, pero, en ocasiones, lo que las víctimas necesitan no es un tratamiento psicológico, sino más bien compañía, alguien que les escuche, alguien con quien compartir inquietudes –añade Uribarriena–. Creo que una de las cosas más importantes que se ha hecho es crear grupos de diálogo. Juntar víctimas de distintos victimarios y promover conversaciones entre ellas”. El técnico del Gobierno Vasco señala que hay muchas víctimas que no han contado nunca lo que sucedió en su familia y la única forma de animarles a hacerlo es a través de otra víctima y considera que “muchas veces son más provechosas estas reuniones que una terapia con un psicólogo”.

Existen otras formas de acompañamiento público, como son los reconocimientos públicos, la entrega de informes o iniciativas como las de Glencree, ya lejanas en el tiempo, pero que supusieron un hito en la forma de crear lazos entre diferentes víctimas y de ir más allá del mero hecho de reconocerse en su dolor.

Por lo que respecta al Estado, la asistencia oficial se coordina desde la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que tiene atribuidas las funciones de relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo, actuando como ventanilla única de cualquier procedimiento que puedan iniciar ante la Administración General del Estado, asesorándoles y recogiendo sus solicitudes, que remitirá al órgano competente para su resolución. Su página web (Ministerio del Interior) explica que uno de sus principales objetivos es ofrecer a las víctimas y sus familiares asistencia integral y personalizada a través de programas de atención social, psicológica y laboral.

Este servicio del Ministerio del Interior remarca que la atención directa se realizará en cualquier momento en el que una víctima necesite terapia por razón del atentado sufrido. La cuantía es similar a la estipulada por el Gobierno Vasco, pero, como veremos, puede ser complementada si así se requiere y justifica. Cabe subrayar también que se encuentra instituida una Red Nacional de Atención a las Víctimas del Terrorismo con profesionales formadas y especializadas en asistir en este tipo de vulneraciones de derechos humanos, así como el apoyo en los ciclos educativos hasta secundaria.^[17]

3.2.2. Colectivos de víctimas y otras agrupaciones

La gran mayoría de los colectivos de víctimas de la CAV y Nafarroa están integrados en la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que, además del acompañamiento psicosocial que les haya podido ofrecer el Estado español, sus comunidades o asociaciones, gestiona unas ayudas complementarias “dirigidas a promover su bienestar y a compensar, en la medida de lo posible, las limitaciones personales y económicas que hayan podido producirse como consecuencia de un atentado terrorista”. (FVT, s.f.) Su página web indica que estas ayudas habrán de ser solicitadas a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior o del Departamento Psicosocial de la Asociación de Víctimas a la que pertenezca, quienes se encargarán de elaborar un informe social que será remitido a la Fundación Víctimas del Terrorismo para su análisis, valoración y, en su caso, concesión. La FVT dispone de un folleto informativo (FVT) en el que se pueden consultar los distintos tipos de ayuda, los requisitos para formular la solicitud, la documentación a presentar y plazos de resolución.^[18]

El único colectivo que informa de que posee una estructura fija de acompañamiento psicosocial como tal es la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Cuenta con un equipo de siete personas “altamente cualificadas” y con experiencia en atención interdisciplinar a las víctimas, integrado por psicólogos y trabajadores sociales.^[19]

En el caso de la Red de Personas Torturadas de Navarra –una asociación heterogénea en lo social y lo político–, al tratarse de un colectivo de reciente creación, aún no tienen conformada ninguna infraestructura al respecto. Todavía es demasiado pronto. Por el momento, se esmeran en que se adhiera a la red el mayor número de personas posible y, sobre todo, en animar a que las mismas ofrezcan su testimonio ante la Comisión de Reconocimiento y Reparación que se creó a raíz de la Ley Foral 16/2019. “La reparación me queda hasta grande, porque venimos del subsuelo”^[20], comenta Jorge Txokarro, miembro del colectivo. Mientras imaginan nuevos pasos, se procura crear un clima interno de cuidados mutuos, “para que esas personas no se quiebren. Todo lo intentamos vertebrar desde el cariño. Primero está la persona y después todo lo demás”, añade.

De este breve repaso a las asociaciones de víctimas, se desprenden algunas conclusiones. El acompañamiento psicosocial esencialmente ha surgido y se ha estructurado desde estos organismos y se ha ofrecido principalmente o de forma generalizada hacia las que se consideran víctimas del terrorismo de forma oficial. Los colectivos que reúnen a personas afectadas por graves vulneraciones de derechos humanos al margen de esa calificación oficial de terrorismo han tenido serias dificultades para asistir a sus asociadas, ante una falta de financiación y cobertura pública adecuada que lo permitiera desarrollar en condiciones. Dicho esto, no parece conveniente afirmar que a todas las víctimas oficiales del terrorismo se les hayan facilitado los medios o se les haya informado de que podían acceder a un acompañamiento psicosocial, sobre todo a las de las décadas de los 70 y 80, incluso las de los 90, cuando este aspecto de la reparación estaba muy descuidado o era inexistente en muchísimos casos. Como ya se ha comentado, además no todas las víctimas están asociadas, ni mucho menos, por lo que el arco de personas afectadas susceptibles de poder necesitar asistencia se intuye muy amplio y muy diverso.

Al margen de las asociaciones de víctimas, existen otras agrupaciones sin ánimo de lucro que se han preocupado por tejer bienestar o acompañar a las personas afectadas por violaciones manifiestas de derechos humanos en un contexto de violencia política. Todas ellas tienen un denominador común: el voluntarismo y la falta de medios económicos para hacer frente a sus propósitos con garantía de continuidad. También podemos señalar que los colectivos, por lo general, se han enfocado más a atender a personas sin un reconocimiento oficial de víctimas, personas que normalmente quedaban al margen de una asistencia en las mejores condiciones a no ser que se la procuraran con recursos propios o a través de su entorno más cercano.

Por su lejanía en el tiempo, llama poderosamente la atención el documento fechado en febrero de 1988 Los médicos ante los malos tratos y la tortura, elaborado por Salhaketa, el Grupo Vasco de Médicos contra la Tortura y la Asociación Pro-Defensa de la Salud Pública, en el que se constata que “hay que admitir que los médicos tienen una clara responsabilidad en lo que se refiere a las consecuencias físicas y mentales de la tortura, así como en los intentos de prevenirla” (1988, pág. 3). A lo largo de sus 52 páginas, el escrito establece una guía de análisis para los informes forenses, estudia los dossiers de los juzgados de Bilbao y Donostia, así como de la Audiencia Nacional y de los informes médicos de la Guardia Civil, para finalmente ofrecer orientaciones para el protocolo de actuación en caso de tortura. En este protocolo se remarca que “los síntomas psíquicos suelen ser los más persistentes” y que “también pueden ocurrir cuadros psiquiátricos más graves, como neurosis, depresión, fobias, ataques de miedo, hipocondría, alucinaciones, intento de suicidio… incluso crisis psicóticas”. Asimismo, entienden que el documento constituye una “guía (…) para determinar sus aspectos clínicos, sociales, secuelas, etc… y puede ser una ayuda importante para el personal de salud en la valoración y asistencia a personas torturadas” y a su entorno sociofamiliar.

No pretendemos relatar aquí todos los ensayos e informes que se han redactado sobre estas cuestiones, pero sí nos vamos a parar en uno que aúna un gran número de organismos, que gira también en torno a la tortura, pero que sus recomendaciones bien nos pueden servir para el resto de vulneraciones de derechos humanos. Se trata de Incomunicación y tortura: Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul y lo firman Argituz, la Asociación Española de neuropsiquiatría, Ekimen Elkartea, el Centro de Recursos en Derechos Humanos GAC, Jaiki-Hadi, la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría OME, la Asociación por el Derecho a la Salud Osalde y el Departamento de Psicología Social de la UPV. El libro concluye señalando que “deben desarrollarse dispositivos específicos de atención psicológica para las víctimas, a través de un centro específico que desarrolle protocolos, brinde apoyo técnico o supervisión a equipos de atención primaria o salud mental y brinde asistencia específica individual o grupal en caso de especial complejidad”, y añade que “debe ir unido a medidas de cuidado y acompañamiento psicosocial a las personas que impidan una re-traumatización”. (2014, pág. 274)

Como observamos, estos colectivos, más que asistir, estudian hacía dónde dirigirse y realizan recomendaciones en torno al acompañamiento. Sin embargo, sí que existen otras agrupaciones que han desarrollado asistencias psicosociales a determinadas personas, aunque muchas veces han sido más psico que sociales, dada la reducida infraestructura con la que contaban. Es el caso de Ekimen Elkartea o del instituto vasco de psicoterapia Zubiok. Una de sus miembros, la psicóloga Olatz Barrenetxea remarca que “la atención psicológica era voluntaria y no se recibía subvención para ello, ni siquiera la pedíamos. Era una atención gratuita”. Con el pasar de los años, se lamenta de la carencia de “una mirada psicosocial o generar dinámicas de encuentros más amplios donde se pudieran recoger todas las situaciones de vulnerabilidad que se estaban dando. También faltó construir un equipo de profesionales dispuestos a trabajar con esta mirada y que invirtiera tiempo de su trabajo en este campo”. Sin embargo, cree que ahora ya estamos en otro momento, en el que las posibilidades de crear espacios de cuidado y de atención con garantía son más factibles, así como “poder hacer la denuncia de la realidad vivida desde la colectividad y no tanto desde la confrontación”.^[21]

Por último, podríamos destacar que la comunidad ignaciana –y, en particular, su centro de Loiola– viene desarrollando diferentes convivencias y actividades colectivas enfocadas también a acompañar a personas afectadas por la violencia de motivación política “para poder ofrecer, desde el corazón, una apertura y una escucha atenta al otro, con el que nos sentimos llamados juntos a trabajar por la justicia y la paz”. (López & otras, 2023, contraportada) Fruto de estos encuentros, cinco personas acaban de publicar el libro titulado Los seis anclajes de la reconciliación: guía metodológica para la transformación de conflictos, en el que, entre otros procedimientos, desarrollan el concepto de discernimiento comunitario.

3.2.3. La universidad

La universidad también ha supuesto un polo de impulso para proponer e incluso activar medidas de apoyo hacia las personas que han sufrido violencia de motivación política. Desde el área de humanidades de las cinco universidades que operan en alguna de las cuatro provincias, se ha escrito largo y tendido, realizado seminarios e impartido charlas sobre múltiples aspectos en torno a estas vulneraciones de derechos humanos, pero quizá no mucho sobre cómo atender las consecuencias de las mismas. Tal vez el organismo que más ha reflexionado y publicado sobre estas cuestiones sea el Instituto Vasco de Criminología (IVAC)^[22]. Existen diversas iniciativas a destacar, pero nos vamos a centrar en una que nos parece fundamental mencionar: la guía general de buenas prácticas en el trato con víctimas del terrorismo que evite la victimización secundaria (Varona Martínez, 2015). Tras analizar diferentes opiniones de víctimas y de expertos en acompañamiento, entre sus propuestas, establece una serie de obligaciones para los servicios específicos de atención a las víctimas. Así, indica que “deben ser independientes” y no discriminatorios, tiene que “contar con recursos suficientes”, formar a las profesionales, mantener una planificación continua y conocer las necesidades cambiantes; además, han de poder “coordinarse con otros servicios, públicos y privados, de diferentes territorios para una correcta derivación o tratamiento de los casos”. Plantea asimismo la existencia de una agencia coordinadora de los diferentes servicios que asegure las acciones anteriores y fomente iniciativas de concienciación, formación, investigación e intervención, a la vez que señala que “debe promoverse la confianza de las víctimas en esta agencia”, impulsando “protocolos de actuación compartidos y mecanismos ágiles de transferencia de información” (Varona, 2015, pág. 63).

Con respecto a los servicios de salud física y mental, además de ser gratuitos, la guía considera que “las necesidades psicosociales son tan importantes como las necesidades físicas” y dictamina que se debe “dar un enfoque de salud integral, estableciéndose redes de colaboración interinstitucional e interprofesional, incluyendo los servicios de atención específica a las víctimas públicos y privados”.

Dentro del IVAC, también se encuentra el Laboratorio de teoría y práctica de la justicia restaurativa (LJR, s.f.), un aspecto, el de los procesos restaurativos, que trataremos más adelante en el apartado de herramientas analíticas, clínicas y comunitarias.

Existen otros organismos dependientes de universidades que centran su labor en diferentes ámbitos de los derechos humanos y que, en cierta manera, han tocado, aunque sea de soslayo, estas cuestiones. Así, por ejemplo, el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda (EHU/UPV) ha centrado sus estudios solamente en un aspecto de la violencia política, al menos en cuanto al periodo de memoria reciente se refiere. El Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto quizá tenga una dimensión más internacional y académica que asistencial, aunque también ha elaborado diferentes informes sobre el sufrimiento padecido por algunos colectivos en Euskal Herria.

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos (EHU/UPV) ostenta, entre sus funciones, el asesoramiento institucional y social. En este sentido, ha elaborado diversos informes sobre la implantación y aplicación de las leyes de reparación en la CAPV, señalando la asimetría asistencial que actualmente existe entre personas afectadas, por ejemplo, en Víctimas Invisibles, un libro sobre el desamparo de las víctimas de la violencia institucional. (Landa Gorostiza, 2023) Su titular, Jon Mirena Landa, constata al respecto que estas personas, “en comparación con las leyes de acompañamiento a las víctimas del terrorismo, tienen menores estándares de atención. Desde luego no tuvieron justicia penal, tampoco tuvieron verdad y solo se les reconocía al principio algo de reparación, cuando justicia, verdad y reparación son los tres pilares de la Justicia con mayúscula cuando hay graves violaciones de derechos humanos. Por eso hay víctimas de primera y de segunda, no por ellas”. (Landa Gorostiza, «Una serie de víctimas a las que a partir de 1978 mataron o fueron torturadas no existen para las políticas públicas», 2023, págs. 30-31)

3.2.4. Experiencias internacionales

La propuesta que se va a presentar en este documento no pretende inventar la pólvora (ni mucho menos), sino, del conocimiento de experiencias similares, importar a la comunidad de acompañamiento las que consideremos que mejor se puedan adaptar a nuestro contexto sociopolítico. Veremos que son variopintas, aunque todas tienen el objetivo de mejorar el bienestar de las personas afectadas por la violencia política. Muchas pertenecen a entidades sin ánimo de lucro, las menos son públicas, y alguna que otra mixta. Saber cómo se financian también es importante, así como analizar el catálogo de servicios que cada una presta.

Nuestro viaje comienza en Chile y relatará dos experiencias complementarias. Transcurrido un año del fin de la dictadura, en 1991, el Gobierno chileno, consciente del sufrimiento que había padecido una buena parte de la población, consideró la necesidad de crear una red de acompañamiento psicosocial que denominó Programa de Reparación en Atención Integral en Salud (PRAIS), tomando como punto de partida las capacidades y los conocimientos de diversos organismos de la sociedad civil que ya venían trabajando en este área en plena dictadura y que actualmente siguen siendo interlocutores de esta institución. El programa tiene un conjunto de redes en el sistema de salud y 29 hospitales con equipo PRAIS en las principales ciudades del país. Una de sus impulsoras, la psicóloga Elizabet Lira relata que “ya se ha atendido a más de 8.000 personas”.^[23] En un principio, se estipuló un plazo, pero inmediatamente se vio que debía continuar “hasta que termine la demanda”. Asimismo, inicialmente se incluyó en el programa sólo a las personas reconocidas como víctimas. Sin embargo, enseguida se creyó “imprescindible incorporar a torturados, personas en el exilio, otras que habían perdido su trabajo o los detenidos…, y a su entorno familiar más cercano”, lo que ha elevado la cifra de afectados susceptibles de ser acompañados en el programa a unas 800.000 personas. Lira indica que “el 20% de los inscritos han necesitado de tratamiento de salud mental, pero el acompañamiento va mucho más allá del hospitalario, ya que se trata de un daño público y político”.

Por ello, este programa gubernamental se complementa con la labor de un número considerable de ONGs. Una de las más activas es el Centro de Investigación y Tratamiento del Stress (CINTRAS, s.f.), que nació en 1986 y tomó ese nombre para poder ejercer su actividad durante los años de la dictadura. Lorena López Osorio, psicóloga del centro defiende mantener la independencia y su propio equipo de acompañamiento –aunque también se apoyan en el programa público–, remarcando la importancia “no sólo de la competencia profesional, sino de una confianza política”^[24] con las personas afectadas. Cree además que la “terapia es imprescindible, pero no suficiente para la reparación, si paralelamente esta no conlleva verdad, justicia y memoria”.

En Perú tenían una preocupación: cómo demostrar ante las instancias oficiales los daños psíquicos producidos por la violencia política para que no fueran refutables. Por este motivo, la psicóloga y experta en trauma Yenny Lloret Fernández considera una victoria la aprobación de la Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional, un manual protocolario avalado por el Gobierno del país andino y elaborado junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una coalición de ONGs que trabajan en defensa de los derechos humanos en Perú. Yenny Lloret pertenece a una de ellas, el Centro de Atención Psicosocial (CAPS, s.f.) organismo que “busca reforzar capacidades tanto en el área de psicoterapia individual y grupal, como ofrecer orientación y acompañamiento social”.^[25]

Sin salir de los Andes, llegamos a Bolivia para conocer el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI, s.f.), que tiene como misión acompañar a estas personas en un proceso de rehabilitación integral, extendiendo esta tarea a su núcleo familiar y comunitario. También se encargan de capacitar equipos interdisciplinarios para que puedan asistir a personas afectadas por violencia de Estado y de formar en derechos humanos y salud mental a poblaciones afectadas por represión política. Uno de los principios del ITEI es no crear la demanda, sino responder a ella. Pese a que se han establecido diferentes relaciones con instituciones gubernamentales, uno de sus fundadores Andrés Gautier remarca “la importancia de la independencia, tanto política como financiera”^[26]. Por este motivo, y dado que la mayor parte de los fondos se recaban desde Naciones Unidas, el ITEI dispone de una estructura en Ginebra. Otra fundadora, Emma Bolshia remarca asimismo que, en su constitución, cuando se debatió el nombre de este organismo, “se descartó denominarlo centro, porque daba la sensación de algo estático”, pero, “aunque a algunos les parecía un poco fuerte, sí decidimos mantener el término violencia estatal”.

Cambiamos de continente para aterrizar en Sudáfrica, en el Instituto para la Sanación de los Recuerdos (Institute for Healing or Memories, s.f.) de Ciudad del Cabo, fundado en 1998 por Michael Lapsley. El Taller de Sanación de los Recuerdos (del que nos hemos tomado la licencia de importar el nombre de alguna manera) se desarrolló por primera vez para funcionar en paralelo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (1996-1997), creando plataformas adicionales para aquellos que deseaban compartir sus experiencias y ser escuchados con compasión. Lapsley explica en su libro Reconciliarse con el pasado que en 1993 participó en la creación del Centro de Traumas para Supervivientes de la Violencia y la Tortura, con una importante financiación del centro Dignity de Copenhague y del Gobierno danés con una mirada más centrada en lo individual. Tras varios años de actividad, el centro entró en crisis por diversas circunstancias y entonces decidió afrontar otra aventura con tintes más creativos y holísticos, poniendo el foco en la sanación colectiva a través de los talleres.^[27] Este se inicia con la cena del primer día y concluye tras el almuerzo del tercer día. Intentan crear un sentido de comunidad entre las personas, muchas de las cuales nunca se han visto antes. Entre las normas básicas, está la de observar la más estricta confidencialidad y escuchar respetuosamente a los demás sin formular críticas ni dar consejos. Estas orientaciones son cruciales para crear un espacio seguro y sagrado donde cada persona se sienta respetada y valorada. Lapsley lo resume así: “simplificando mucho, es, en el fondo, un viaje de un fin de semana desde el dolor hasta la esperanza”. (Lapsley, 2014, pág. 228)

La siguiente escala nos lleva a Europa, concretamente a Dinamarca. Dignity (Dignity, s.f.), fundada en 1982, es una organización independiente de derechos humanos que se financia con fondos públicos y trabaja en más de 40 países, empleando a unos 140 personas, con un centro en Copenhague de tratamiento especializado para supervivientes de la tortura gravemente traumatizados. Tiene activados convenios con más de 30 ONGs e instituciones de investigación locales e internacionales de todo el mundo. El tratamiento gratuito lo realiza un equipo interdisciplinar formado por médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales y psicólogos. La clínica colabora con un cuerpo permanente de intérpretes que tienen conocimientos y experiencia en las prácticas terapéuticas. El equipo ayuda a los supervivientes de la tortura, a otros refugiados y a sus familias. El tratamiento familiar tiene como objetivo mapear los desafíos y recursos de cada una, así como las necesidades individuales de tratamiento de sus miembros. Como parte integral del tratamiento, se realizan reuniones de red donde representantes de los organismos públicos que colaboran con la familia tienen la oportunidad de participar junto a ella y el equipo de Dignity.

Nuestro viaje termina en Belfast, capital del norte de Irlanda. Allí se encuentra Relatives for Justice (RFJ, s.f.), donde trabajan 20 personas. Esta institución independiente recibe el apoyo económico de la Unión Europea, a través del programa PEACE PLUS (Parlamento Europeo). En la jornada sobre Salud mental y víctimas de motivación política, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la actividad de Relatives for Justice en voz de su CEO, Mark Thompson, y su subdirectora, Andrée Murphy. Mark relata que, conscientes de que “el metaconflicto seguía en marcha y que había creada una jerarquía de víctimas, decidimos intentar poner fin a esta situación creando espacios seguros, dando confianza, ofreciendo empatía, no juzgando, con reconocimiento, generosidad y esperanza”.^[28] Ese modelo holístico, además de un tratamiento psicológico, pasa por utilizar terapia artística, ir de paseo o sentarse en un banco… A las preguntas de si aquí necesitábamos protocolos de acompañamiento y una organización específica, su respuesta a ambas fue categórica: sí. Relatives for Justice nació para atender a personas de una parte del conflicto, pero muy pronto se dieron cuenta de que “no podíamos trabajar en compartimentos estanco, sino que había que hacerlo de forma colectiva, pero lo que sí ha funcionado es luchar contra la impunidad venga de donde venga”. Por ello, Thompson puso en valor que “hemos salido de nuestra propia comunidad para atender a otras comunidades, porque hay que fomentar la esperanza y fomentar la autonomía; y hay que pensar en grande”. Con respecto a las víctimas (han atendido alrededor de 4.000 personas), dijo que “intentamos devolverles su humanidad, pero nunca las ponemos en un pedestal, no todas son personas ideales”.

Andrée Murphy añadió que crear espacios seguros y ofrecer ayuda profesional es básico y, en esta labor, “la sociedad civil conoce mucho mejor las necesidades y esos pasos que hay que ir dando sin dañar a nadie”.^[29] En un principio, la administración norirlandesa financiaba como máximo 6 sesiones en traumas muy extremos, y ya. “Se habla de políticas centradas en las víctimas, pero lo que nosotros vemos y necesitamos es trabajar junto a estas personas. Esto va de colaboración con la administración, pero los políticos no pueden decir, en un momento dado, déjennos a nosotros que ya sabemos qué hay que hacer”, advirtió.

Volvemos pues de este viaje con una maleta cargada de algunas ideas que tal vez puedan ser extrapolares a la comunidad que planteamos conformar. Por el momento, destacaremos algunos puntos en común de estas seis experiencias:

Todas menos una, han surgido de la sociedad civil, y la que no, para comenzar su andadura, se basó en las experiencias de las ONGs de Chile con las que continúa colaborando.

La estabilidad en la financiación, que normalmente es pública, supone un factor clave que además otorga independencia.

Promueven la cooperación con la administración, pero reivindican la autonomía de la institución que se ha conformado.

Algunas se dedican a acompañar a una victimización determinada, principalmente tortura, pero muchas destacan la importancia de no trabajar únicamente con un determinado colectivo de personas afectadas.

Todas sin excepción inciden en la trascendencia de acompañar también a la familia y al entorno más cercano.

Muchas destacan el nexo de unión entre la sanación individual y la colectiva, lo que les hace establecer programas que faciliten atender a este aspecto más comunitario.

Las más, ofrecen un acompañamiento holístico e interdisciplinar, allende de la terapia clínica.

Varias hablan de espacios seguros, como lugares o contextos donde las personas puedan hablar sin ser juzgadas.

Consideran que no hay que poner plazos al acompañamiento, ni una fecha de caducidad al ente que se pueda constituir.

3.3. El sentir de las víctimas

Nadie elige ser víctima, pero cada víctima es alguien y alguien diferente. A veces, las juntamos, o se juntan, en función de su víctimización y parecen tener un mensaje unívoco o cohesionado a través de sus asociaciones. Sin embargo, existen elementos y necesidades comunes que trascienden más allá de cualquier clasificación y, al contrario, otras necesidades que son específicas de cada quien. En este apartado, vamos a intentar recoger algunos de estos anhelos, peticiones y reproches que han trasladado tanto a la comunidad de la que forman parte como a esas instituciones obligadas a prestar bienestar individual y colectivo.

En una primera aproximación, observamos que, en los años 70, 80 y 90, el apoyo psicológico y muchas veces el social para con las víctimas era del todo inexistente:

“Personalmente nadie me ha ayudado ni me ha apoyado en nada desde que ocurrió el atentado, a excepción de mi familia y amigos cercanos. Creo que ser víctima del terrorismo en el País Vasco condiciona tu vida hasta tal punto que no cuentas a nadie lo ocurrido y lo haces casi invisible a la sociedad. No existe respeto hacia nosotros y eso lo ves, lo sientes y lo vives cada día de tu vida cuando ves manifestaciones, carteles, opiniones, etcétera”^{^[30]} (IVAC, 2011-2013)

Incluso algunas que disponían de leyes que teóricamente les amparaban, se sintieron también abandonadas. “Mi experiencia con la administración de justicia ha sido nefasta. Todas las acciones que hemos llevado a cabo han sido porque personalmente la familia lo hemos hecho. Nadie de la administración de Justicia, ni de la Audiencia Nacional, ni de la policía se ha puesto jamás en contacto con nosotros” (IVAC, 2011-2013).

Soledad es la palabra más reiterada:

“Hace años las víctimas estábamos solas, hemos estado muy apartadas, he llegado a decir que mi familiar murió en un accidente, en mi núcleo de amistades nadie sabía nada. Mis hijas lo han sabido cuando han sido mayores para que lo pudiesen entender y no les causara problemas. Por mi carácter he ido saliendo, pero mi hermana aún está tocada, aunque paso hace tantísimo tiempo…” (IVAC, 2011-2013)

Sin apoyo psicológico. “Nadie me ayuda, nadie me dice vamos a ver qué se puede hacer con mi caso … aquí me moriré tomando ansiolíticos y antidepresivos y con dolores físicos a consecuencia de la depresión … Cada vez va a peor”. (IVAC, 2011-2013)

También varias víctimas sentían una categorización de las mismas. Asimetrías. “Porque no se ha hecho nada por resolver el caso de mi padre y hay una discriminación importante dentro de las víctimas en general”. “Me preocupa la diferencia entre víctimas, que haya víctimas de primera y de segunda y no se ayude por igual”. (IVAC, 2011-2013)

Hubo asimismo una homogeneización del acompañamiento, si es que verdaderamente existió. Desde luego, no se hizo de forma coordinada:

“Sí, veo una carencia en las ayudas que se dan a las víctimas y es que no están individualizadas … Siendo víctima del terrorismo te presuponen ciega y diseñan las ayudas como si estuvieras ciega, pero yo estoy coja … hay que ajustar los recursos que pueda haber a las necesidades de cada persona … Te encuentras en una dicotomía, hay ayudas, pero no sirven o no puedes acceder … y la gente no te entiende”. (IVAC, 2011-2013)

Asistimos a historias de encapsulamiento; de silencio, de intentar no hacer daño a quien más quieres. “Mis hijos no hablan mucho del tema. Ahí lo tienen. Son tan cabezones que me quieren proteger a mí no hablando del tema. También les resulta difícil hablar de ello con sus propios hijos, pero a mí me hace más daño no hablar del tema. No sé cómo estarán ellos, lo intuyo porque soy su madre” (IVAC, 2011-2013). Ese encapsulamiento sin ayuda profesional puede alargarse sine die. Lo que parece claro, a tenor de la opinión de las víctimas, es que se necesita un clic, una catarsis que debería ir de la mano de un acompañamiento. El tiempo –como decíamos– no lo cura todo, ni mucho menos. Nunca es tarde. Siempre es ahora:

“Fue como un tema tabú, quizá para proteger … nunca hemos sabido el dolor que ha podido sentir … cada uno lo hemos vivido de diferente manera, no sé por qué, si por la fuerza de cada uno, de todos los hermanos, solo una tuvo problemas graves…, de estar más muerta que viva … Cada mente es un mundo… No tuvimos opción de ir a un psicólogo y muchas veces no decías nada por no hacer más daño … Después de años, salen cosas … cuando los expertos hablan de un plazo de meses para recuperarse, no creo que sea así”. (IVAC, 2011-2013)

Pero, además, por aquella época, en que la violencia política comenzó a mitigarse, existían voces que dejaban lugar a una esperanza individual y colectiva: “la clave es convertir tanto dolor en conciencia…”(IVAC, 2011-2013)

No obstante, hacer clic, salir de la cápsula para tomar conciencia es complicado. “Bueno, así esta entrevista me está moviendo muchas cosas ¡eh! muchas cosas, muchas cosas ¡eh!… Y me está haciendo unas preguntas que ¡hostia! rebobinar muchas situaciones y (…) cosas que no he trabajado. Hay cosas que pensaba que las tenía muy trabajadas, más elaboradas, pero, no”. (Fundación Buesa, 2009, testimonio 56)

Entre todas las cuestiones analizadas con las personas afectadas, entre todas sus penas y reivindicaciones, merece la pena destacar una idea: las víctimas piden a la sociedad una mejor atención sanitaria y apoyo institucional. Necesitan sentirse protegidas y amparadas por la administración que les gobierna. A todos los niveles, local, territorial, autonómico y estatal:

“Creo que funciona bastante bien el tema económico, las ayudas económicas, y tal y cual. Pero falta, desde luego, el apoyo psicológico (…) vamos, que tendría que haber un equipo permanente, gratuito, y bueno… que sea permanente. Porque uno, ¿cómo se acostumbra a perder a su pareja, a su hijo o a su hermano?… A eso no te acostumbras nunca”. “Las víctimas lo que necesitan en primerísima instancia es apoyo psicológico y luego soluciones materiales”. (F.Buesa, testimonio 57)

Es patente, coinciden en una demanda común: quiere que la sociedad les reconozca. Una cuestión clave, determinante para que las personas afectadas puedan afrontar y superar con garantías el trauma sufrido es que la sociedad se posicione con claridad y de manera determinante sobre la falta de justificación que tienen los hechos que les tocó vivir y la carga que desde entonces soportan. Demandan apoyo social, lo necesitan; y reconocimiento oficial para que nadie olvide lo sucedido y no vuelva a pasar. “Pues lo primero, un reconocimiento público o exigir por lo menos a las instituciones públicas un reconocimiento y no solamente para unas víctimas, sino para todas las víctimas”. (F.Buesa, testimonio 58)

Todos estos testimonios pertenecen a un periodo en la que tal vez aún no se vislumbraban salidas claras a afrontar el duelo o parecía que el lado correcto era reivindicar unilateralmente asistencia sin la percepción de que paralelamente se necesitaba un esfuerzo o recorrido personal. Las administraciones tampoco ayudaban. En esta última década, tal y como se ha comentado, la salud mental ha salido definitivamente a la palestra en el marco de la opinión pública y, por otra vertiente, es probable que se haya advertido de una forma más nítida la necesidad de generar convivencia, ya que ni las víctimas ni nadie parece que puede vivir aislada indefinidamente.

En este sentido, y poco a poco, algunos reconocimientos vienen llegando desde las instituciones, lo que permite tratar las heridas con nuevas recetas que antes no teníamos:

“Yo era un niño. Tuve que crecer muy rápido. La asistencia psicológica no existió y nos tuvimos que apoyar en la familia. A partir de entonces, fuimos luchando por la verdad y por la reparación. Después de muchos años, en nuestro caso, el Gobierno nos ha pedido perdón. Significa paz interior, que se mojen es algo muy importante. Esto viene a reparar algo simbólicamente, pero seguimos sin una reparación plena… y sin justicia y sin verdad.” ^{^[31]}

A veces, parece que ya todo ha pasado, pero el recuerdo no está sanado, vuelve y hay que tratarlo:

“Cuando salí de la cárcel viví unos meses de euforia y de repente empezaron a salir ataques de ira injustificados, reacciones desproporcionadas, sentimientos de humillación que previamente no me hubieran dañado… Le llamé a la psicóloga y le dije que no sabía quién era. Me ha ayudado a entender qué estoy viviendo y a relativizar qué siento en cada momento cuando tiene relación con lo que nos hicieron en aquellos calabozos”. (Moreno, 2023)

Paso a paso, pero sí, vivimos otro tiempo. Por eso, Marta Buesa subraya “la necesidad de que la sociedad, tras la violencia, debe crear espacios y procesos de sanación social. Estos espacios contribuyen a que se lamenten las pérdidas y se invite a los victimarios a empatizar con el sufrimiento de las víctimas”. (Olalde Altarejos, 2021, pág. 145)

Así, una víctima de atentado que a su vez pertenece a un grupo en el que algunos de sus miembros fueron a su vez victimarios lamenta…

“…la sensación de que no nos importaba nada el dolor de los demás. Veía el sufrimiento de los compañeros y para mí era lo más parecido a una guerra. Ahora me doy cuenta del dolor que nosotros también causamos. Esto me ha llevado a participar en procesos restaurativos y acercarme a aquellas víctimas que también sufrieron por nuestros actos y que, hay que decirlo, no siempre fueron los correctos. Sí, he sentido esa necesidad”.^{^[32]}

Estamos en 2023. El objeto de presentación de una de las cuatro víctimas invitadas al círculo organizado el 19 de abril por Berridatzi Elkartea en Donostia fue unas semillas de borraja. “Toda semilla necesita caer en tierra para germinar, para echar raíces, y la borraja, a pesar de su exterior espinado, si la sabemos preparar y cuidar, es la reina de las verduras”.^[33] Vuelve a escucharse la importancia de las raíces. Otra aportó un rompecabezas: “está formado por muchas piezas y todas son únicas. Las tendemos a juntar por colores, pero cada una tienen su lugar, hasta la más rara. Me resuena que hacer un puzle es mirar y soñar con una convivencia respetuosa, sin apreturas”.

Es evidente que se trata de personas que han hecho un recorrido vital, que son otros tiempos y que acudieron al encuentro con el firme convencimiento de que hay que construir comunidad. No todas están preparadas o quieren participar. Ni mucho menos. Las que acudieron a la Casa de la Paz, donde se celebró la jornada/encuentro, necesitaron estar en silencio durante largo tiempo, sobre todo dada la “violencia psicosocial” de entonces. “¿Qué necesitamos ahora? –pregunta y se responde otra– Necesitamos verdad sobre todo lo que ocurrió, necesitamos responsabilidad, pero sobre todo sanar vínculos entre las personas”. Una y otra vez surge ese deseo volver a engancharse a la colectividad. “Yo hubiera necesitado poder tener un espacio seguro, porque lo que nos pasó era muy difícil tratarlo. Necesitaba oportunidades de reconexión. A mí me acompañó una sensación de vacío interior que aún la sigo teniendo a veces”. Para ello, solicitan puntos de encuentro. “Yo pediría buscar lugares para sanar vínculos, tejer, porque estamos llamados a estar juntos”. “Compartir espacios y conocer a otras víctimas ha sido muy positivo en mi proceso personal. Tenía el grifo de las emociones cerrado, pero hay un momento que tienes que afrontar que no puedes estar ahí de por vida”.

Asimismo, destacan que antes de afrontar el plano colectivo, se ha de “reconstruir primero a la persona y luego reconstruir el tejido social”. Lo más habitual fue encapsular el dolor (es una sensación que se repite en la mayoría de las víctimas), pero todas confían en salir de esa cápsula alguna vez. Lo que ocurre es que el camino suele ser complicado. “Sobrevivir era bunkerizar. Contar lo justo para que no me haga daño y taparlo para intentar volver a vivir”. Normalmente se necesita ayuda para salir de ahí. “35 años después tuve acompañamiento psicológico. Al principio, empezar a hablar me removió todo, y caí en una profunda depresión que no sabia de dónde venía. Poco a poco, ese camino empezó a reconducirse y pongo en valor el escuchar a personas que han pasado por algo similar”. Otras no contaron con ayudas públicas: “en nuestro caso, acudimos a un psicólogo privado”. Al final, muchas consiguen salir y es cuando quieren aportar a la sociedad: “tantas noches gritando, llorando en soledad… ahora, que nos permitan encontrarnos, que nos den esos espacios de libertad, ahora queremos exteriorizarlo”.

Para poder canalizar todas estas necesidades, las cuatro víctimas tuvieron peticiones tanto a la sociedad como a la administración. Solicitan “a las instituciones que sean valientes, que inviertan en innovación social, sin reparar en estrategias electorales, con una cultura restaurativa. Me atrevería a pedir profesionales formados en este área”. A las víctimas de este círculo les duele la mirada desenfocada dependiendo de quién cometa las vulneraciones de derechos humanos: “necesito que empecemos a medir todo con la misma vara, con responsabilidad ética”. “Debemos repensar la mirada –dice una segunda–. Mirar al otro de otra manera. Aún existen submundos en Euskadi que no se quieren mirar. Nuestro destino es compartido. Está interrelacionado. En mi caso, quiera o no tengo un vínculo con las personas que asesinaron a mi aita. Hay un anhelo en mí de que reconozcan mi dolor. Y creo que sería bueno también para ellos, que reflexionen sobre ese momento en el que quedó suspendida su humanidad”. Paradójicamente o no, les preocupan sus ofensores: “¿qué vamos a hacer en la sociedad con los torturadores?”, se pregunta otra.

Por último, destacan la importancia de que se realicen más círculos de estas características, incluso en un plano público. “¡Qué enriquecedor es esa escucha abierta, con conexión, sensibilidad y cuidado mutuo!”, dice una, mientras que otra añade que “estos encuentros nos permiten también abordar temas en los que probablemente no estemos de acuerdo o lo veamos diferente, pero la sensación es que se puede hablar de todo”.

Recapitulando, nos encontraríamos con que:

La gran mayoría de las víctimas del siglo pasado –al menos hasta mediados de los años 90, cuando se tomó conciencia de la importancia de su atención–, no recibieron acompañamiento psicosocial o este fue muy limitado. Sufrieron soledad y sensación de abandono.

Cada víctima es un mundo y tiene necesidades distintas.

Ha existido una asimetría en el apoyo a las víctimas, pero no solamente en función del agresor.

Los actos de reconocimiento institucional también son actos de reparación y acompañamiento.

Todas al unísono piden un apoyo psicosocial coordinado, permanente y específico a las consecuencias de la violencia de motivación política.

Muchas han mantenido su trauma encapsulado o en el búnker durante años e incluso durante varias décadas.

Para salir de la cápsula, normalmente han necesitado de acompañamiento psicosocial, pero además el proceso ha requerido de un recorrido individual.

Una vez fortalecidas las raíces del equilibrio personal, es cuando determinadas víctimas sienten la necesidad de reconectarse con la sociedad de la que forman parte. Al objeto de conseguirlo, muchas de ellas reclaman la importancia de establecer lugares seguros de diálogo. El fin último parece estar en querer sanar vínculos con las personas y volver a encontrarse de alguna forma en la construcción de sus comunidades.

A algunas les preocupa el papel de los victimarios en esa convivencia y son partidarias de que estos reciban también un acompañamiento adecuado a sus necesidades.

Otras están dispuestas a salir al ágora, al espacio público, pero para ello demandan a las instituciones que sean creativas, valientes y se alejen de cualquier cálculo sobre si sus políticas al respecto suman o restan votos.

3.4. Más allá del abordaje desde la víctima

La psicóloga y experta en trauma Yenny Lloret Fernández explica que “siempre evito utilizar la palabra víctima. Me oiréis hablar de supervivientes o de afectadas. Es que el término víctima no incluye ni mucho menos a todas las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos. Y además muchas tampoco se encuentran cómodas en esa calificación”.^[34] Esto es un hecho irrefutable. Así, se podría afirmar que la expresión víctima detenta multitud de aristas, comprende variedad de acepciones y no se trata para nada de un concepto pacífico.

Sin entrar en mayores disquisiciones (varias de ellas ya anteriormente comentadas), cabe remarcar que, en principio, sólo las personas legalmente reconocidas como víctimas de violencia de motivación política por alguna normativa estatal o autonómica –y sus familiares más cercanos– pueden acceder a la cobertura pública de un acompañamiento psicosocial, es decir, para poder ser atendidas por las instituciones, implícitamente tienen que autoproclamarse víctimas. Y, como dice Yenny Lloret, esto no es cómodo para algunas. Puede resultarles un término identitario, antagonista, pasivo y/o paternalista. Las hay quienes creen que fue una consecuencia más de su militancia. Otras que reclaman su derecho a dejar de serlo algún día. Existen también las que, al no haber fallecido, prefieren denominarse supervivientes. Las que matizan que su familiar fue o es la víctima y que ellas no lo son (familiar de víctima). O las que se decantan por trascender el marco e incluir a todas las personas que sufrieron o que resultaron afectadas. Luego están las que, considerándose víctimas o no, su vulneración no se encuentra recogida en ninguna ley. Francisco Etxeberria señala que, en la gran mayoría de los delitos, “nadie está esperando a ningún informe para poner en marcha procesos reparadores”^[35] y se pregunta por qué en los casos de violencia de motivación política sí. El psiquiatra Iñaki Markez opina que “el término víctima puede cristalizar una identidad poco apta para el cambio, mientras el de sobreviviente sitúa a la persona en una posición adecuada para la psicoterapia y retomar el control vital, aunque con desventaja para reivindicar derechos”. (Violencia colectiva y salud mental: contexto, trauma y reparación, 2014, pág. 131)

Sea como fuere, a día de hoy, únicamente las víctimas oficiales, y sus familiares o su ámbito más cercano, tienen a priori la opción de utilizar los escasos y poco coordinados servicios psicosociales que las instituciones ponen a su disposición. No obstante, es justo reconocer que las administraciones han actuado con cierta flexibilidad y que, además, son conscientes de que la vulneración de derechos no afecta solo a la salud mental de la persona que la ha sufrido directamente, sino que se expande cual círculos concéntricos a todo un entorno familiar o afectivo que debe ir dotándose de herramientas para afrontar ese día a día a veces tan difícil. “Las familias son las eternas olvidadas; no se las ha acogido y han sufrido en silencio lo que ocurría”^[36] y, paralelamente, han sido vitales en el camino de la recuperación; merece la pena hablar de su papel y de la importancia que tienen para que las personas que aún continúan sufriendo vuelvan a tocar tierra, a echar raíces en su comunidad, a reencontrar su ubicación en aquel bosque del que, de alguna manera, fueron desterradas tras el hecho traumático.Será en el punto cuatro.

Ofensores, responsables, victimarios, perpetradores, agresores… Aquí tampoco hay un término de consenso. Dominick LaCapra argumenta que existe la posibilidad de que haya un trauma del perpetrador que debe reconocerse y elaborarse en alguna medida si es que los victimarios han de distanciarse de su compromiso anterior con prácticas e ideologías mortíferas. (Escribir la historia; escribir el trauma, 2001)

Las experiencias de cierto acompañamiento también para con los ofensores se han dado en el `caso vasco´, principalmente en la preparación de los procesos restaurativos que han tenido lugar dentro y fuera de las cárceles ligados únicamente a un agente victimizador. Comenzaron con la vía Nanclares y, a día de hoy, se encuentran muy extendidos. Una de las personas facilitadoras de esos encuentros, Julián Ríos Martín subraya que “este aprendizaje vital nos ha enseñado a percibir la humanidad de quien ha cometido delitos gravísimos. No justificamos sus comportamientos, sino que los distinguimos de la esencia humana, que se mantiene intacta, incuestionable, y que se esconde a veces en los espacios más profundos del alma”. (Rios Martín, 2013, pág. 183)

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿hay una cripta del ofensor? ¿Podría ser que haya encriptado su propia humanidad? Y si esto fuera cierto, ¿cómo puede hablar? ¿se merece un acompañamiento psicosocial? Y, como comunidad, ¿necesitamos o es conveniente acompañarle?

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, remarca que “Euskadi tiene competencias en prevención de la criminalidad, en seguridad y orden públicos, en políticas sociales, en administración de justicia y en ejecución penitenciaria. Por ello, dentro de lo establecido en la legislación penal y penitenciaria, podemos alinear la actuación de los poderes públicos vascos hacia un modelo orientado a prevenir el delito, reparar las consecuencias del delito y procurar la reinserción y no reincidencia de quienes acabaron delinquiendo”. (EJ/GV, 2023) ^[37]

4. HERRAMIENTAS ANALÍTICAS, CLÍNICAS Y COMUNITARIAS PARA ABORDAR LA PROPUESTA

En este capítulo no se persigue realizar un análisis pormenorizado de las técnicas psicológicas y psiquiátricas, pero, sin embargo, entre otras cosas, sí se pretende entender los procesos, sus estadios y los beneficios que las mismas conllevan al objeto de abordar con garantías una propuesta holística de acompañamiento psicosocial y ver en qué aspectos aún no explorados se podría incidir. Para ello, además de conceptos más clásicos, hablaremos de la resiliencia, de la escucha vulnerable o de los espacios seguros.

De repente, todo se viene abajo. O no. También puede tratarse de un fino reguero que, gota a gota, acaba por inundar el ser. Un hecho puntual o un cúmulo de varios. Incluso puede heredarse. “Lo que es obvio es que el trauma es una experiencia que trastorna, desarticula el yo y genera huecos en la existencia; tiene efectos tardíos imposibles de controlar, sino con dificultad, y, tal vez, imposibles de dominar plenamente” (LaCapra, 2001, pág. 61). Diríamos que el trauma es la experiencia no asimilada que no se puede simbolizar ni poner palabras, una experiencia que no ha podido ser lenguaje y esto crea silencio. La palabra trauma procede del griego y significa herida. Si miramos a la definición de Real Academia Española, encontramos que en su segunda acepción se define como “choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente” y, en su tercera acepción, como “emoción o impresión negativa, fuerte y duradera”. Sin embargo, existen otras definiciones que añaden que deja un residuo permanente, o una última que se refiere a “respuestas extraordinarias emocionalmente abrumadoras ante sucesos vitales incontrolables” (B, Greenberg, Boyd, & H, 1987, págs. 314-325).

Además, en sucesos de violencia política, la intención de provocar daño deliberadamente a manos de otro ser humano supone un mayor factor de riesgo psicopatológico. Las lesiones psíquicas más frecuentes son los trastornos adaptativos (con estado de ánimo deprimido o ansioso), el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. En este sentido, los esquemas cognitivos previos de las personas interactúan con la experiencia de haber vivido el hecho traumático y “dan lugar a creencias y pensamientos negativos voluntarios e involuntarios sobre la naturaleza del mundo, sobre la amenaza personal y sobre la competencia del yo para hacerle frente”. (Fernández Marrero, 2021, pág. 78)

No obstante, las personas reaccionan de forma variable. “Algunas víctimas pueden quedar marcadas de por vida y, presas del rencor, de la amargura y, simplemente, del desánimo, llevan una vida anodina y sin ilusión; otras, tras una reacción psicológica intensa, son capaces de hacer frente al dolor, de readaptarse parcialmente a la situación y de atender a sus necesidades inmediatas; y hay otras, por último, que sacan fuerzas de flaqueza del dolor, prestan atención a los aspectos positivos de las realidad, por pequeños que estos sean, y son incluso capaces de embarcarse en proyectos de futuro ilusionantes” (Echeburúa Odriozola, 2018, pág. 96). ¿Y esto de qué depende? Diríamos que existen múltiples factores (individuales, relacionales, sociopolíticos…) que hacen que cada persona reaccione de manera diferente al trauma, condicionando asimismo su posterior capacidad para afrontar el duelo.

Resiliencia

Más allá de las teorías de la vulnerabilidad, una de las líneas de investigación victimológicas más prometedoras en la actualidad se centra en los factores de protección, resistencia y resiliencia ante la víctimización. El término resiliencia, aunque no hay consenso en su definición, hace referencia a la adaptación positiva que tienen algunas personas, la capacidad para mantener o recuperar la salud, a pesar de las experiencias adversas. La resiliencia sería un proyecto dinámico, diferente a la invulnerabilidad, que se desarrolla ante los reveses. La médico forense experta en psiquiatría Ana Eugenia Abásolo señala que “es una capacidad que se iría adquiriendo con la exposición progresiva a las pequeñas frustraciones de la vida, que va creando herramientas personales que podrían ser útiles ante las grandes adversidades. Se explica por un funcionamiento similar al de las vacunas”. (2018, pág. 111) Esta resistencia al estrés tiene que ver con la presencia de fortalezas en las habilidades de regulación emocional y en las habilidades prosociales. Al parecer, “la mayor o menor resiliencia de una persona se relaciona, en buena medida, con el tipo de apego que ha experimentado en la infancia” (Echeburúa Odriozola, 2021, pág. 557).

Una de las personas que más tempranamente ha teorizado sobre este concepto es el psiquiatra Luis Rojas Marcos, quien asevera que “la resiliencia no se apoya en cualidades excepcionales, sino en recursos que traemos al mundo, desarrollamos a lo largo de la infancia y adolescencia, y practicamos de adultos en nuestro vivir diario”, pero “el hecho de que la resiliencia se forje sobre la base de nuestras cualidades innatas no quiere decir que estas no puedan ser favorecidas, estimuladas, protegidas y restauradas durante los años definitivos de su desarrollo e incluso más tarde” (Superar la adversidad: el poder de la resiliencia, 2010, pág. 219). Además, asegura que, si nos lo proponemos, todas podemos trabajar para fortificar los ingredientes de esta capacidad y demás elementos protectores. El también psiquiatra Pau Pérez se cuestiona quién es resiliente. “¿Es un elemento objetivo o subjetivo? ¿Quién es el dueño de los síntomas? ¿Existen personas resilientes o recursos resilientes? Me gusta más la segunda opción”.^[38] Pérez cree que no hay tácticas universales, pero sí que existen maneras de elaborar la resiliencia y cita como ejemplo el Sumud (Wikipedia)^[39], que consiste en resistir anclado a las raíces (otra vez las raíces) y a ser capaces de construir vínculos ante cualquier adversidad. “Un enfoque resiliente es también circunscribir las emociones negativas y pensar que la persona perpetradora es capaz de hacer cosas muy buenas. La idea no es perdonar, sino no querer el daño para nadie”. En definitiva, la resiliencia tiene algo de innato, de resistencia y de autoestima, pero también de ser humano con todas las letras; nace, crece y puede desarrollarse si la sabemos cuidar. Ahí está el reto de esa comunidad de acompañamiento que se quiere conformar.

Por el contrario, también hay personas que jamás consiguen completar su periodo de duelo y es el recuerdo quien les controla a ellas y no al revés. Parecen condenadas a sufrir y merecen que se les ofrezca acompañamiento, pues viven en el y del pasado eternamente, sacralizando la memoria y condicionando sus posibilidades de convivencia en la comunidad. Cuando no se puede o no se quiere, el duelo queda congelado y eso impide cambiar, crecer, sentir nuevas emociones y estar abierto a nuevas etapas de la vida. En ocasiones, el duelo se transfiere de generación en generación, y muchas familias se deciden a guardar silencio, por vergüenza o miedo, o para proteger a los miembros más jóvenes de aquel doloroso pasado que “se transmite de forma no verbal y en gran parte a través del inconsciente. En muchas familias hemos heredado, sin darnos cuenta y sin desearlo, aspectos nocivos del impacto emocional de lo que vivieron nuestros abuelos. Esta es la llamada transmisión generacional” (Valverde Gefaell, 2016). No obstante, Clara Valverde alerta que “si el pasado fuera realmente pasado, hablar de sus repercusiones emocionales, de los duelos, de su impacto sobre nuestros inconscientes, no causaría tanto malestar. Cuando hablar de ello resulta difícil y altera, nuestro pasado aún no ha pasado”.

Pese a todo, el psiquiatra Iñaki Markez coincide en que “vivir una experiencia traumática es sin duda una situación que modifica la vida de una persona y, sin quitar gravedad y horror de estas vivencias, no se puede olvidar que en situaciones extremas el ser humano tiene la oportunidad de volver a construir su forma de entender el mundo y su sistema de valores” (2014, págs. 87-88). Por lo tanto, cuando se vive una experiencia traumática, se torna necesario que la colectividad ponga las condiciones necesarias que permitan acompañar los duelos desde un prisma psicosocial dirigido a la sanación de unas heridas que, en muchos casos, pueden perdurar para siempre.

Aliety Fernández Marrero señala al respecto que las intervenciones psicosociales ante las graves violaciones de derechos humanos de motivación política “deben comenzar enseguida a su ocurrencia, para prolongarse durante todo el tiempo que sea preciso hasta garantizar que los grupos de mayor riesgo hayan conseguido superar la situación” (2021, pág. 333). No ha sido el caso, al menos para la mayoría y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar la propuesta.

el aparentemente simple ejercicio de hablar

Todos los expertos coinciden en que es conveniente iniciar el acompañamiento psicosocial de forma individualizada. A juicio del médico Karmelo Bizkarra, “para curar hay que arriesgarse en el camino hacia el mundo interior y no hay que tener prisa. El alivio de los síntomas puede ser rápido, pero la curación lleva su tiempo” (2005, pág. 16). Y nos sugiere un pequeño poema japonés o haiku: No corras / Ve despacio / Donde tienes que ir es a ti solo. Habrá personas que, con esta asistencia, les será más que suficiente para restablecer de alguna manera su día a día; y habrá otras que puedan sentir la necesidad de participar en proyectos o procesos de ámbito más colectivo. Lo que está claro es que, para esto último, ha de existir un cierto grado de equilibrio particular. El apoyo individual normalmente siempre es necesario (hay que respetar también a la que no lo desea)^[40], pero puede resultar insuficiente para hacer frente a los problemas interpersonales planteados. “En la terapia de grupo, la acogida afectuosa, el contacto físico consolador y el apoyo incondicional recibido de otras víctimas puede actuar como un bálsamo para sus profundas heridas emocionales” (Echeburúa Odriozola, 2023, pág. 116). Es decir, recapitularíamos señalando que puede haber personas que han sufrido violencia política y no necesiten o no quieran ningún tipo de acompañamiento; puede que otras requieran sólo de atención personal; algunas, privada y, posteriormente, encontrarse con otras; y, finalmente, las que únicamente desean intervenir en dinámicas grupales. A todo ello debería de dar cabida la comunidad de acompañamiento que se va a plantear. Sin embargo, habría que estar atentas para no correr el riesgo de “patologizar a personas que no tienen ninguna patología”.^[41] Existe un amplio abanico de actividades alternativas que se pueden y se deberían de ofrecer e impulsar antes de una posible terapia clínica; muchas de ellas tienen que ver con el simple ejercicio de hablar. “La curación es auditiva”, recalca escribiendo con letras mayúsculas John Paul Lederach. (Cuando la sangre y los huesos claman: Travesías por el paisaje sonoro de la curación y la reconciliación, 2014, pág. 91)

Espacios seguros

Pero, ¿qué hay que cuidar para que la persona que quiera hablar se beneficie de ser escuchada en condiciones seguras? Aitziber Blanco Goikoetxea, Mar Puga Arcos e Ignacio Ángel Pérez Macías, en su informe (aún en borrador) Construyendo Espacios Seguros^{^[42]}, constatan que es difícil definir una hoja de ruta; más bien piensan en algunos elementos que en su conjunto pueden constituir un tipo de brújula que oriente los pasos a dar. Algunos de los que proponen son:

Poner el foco en las personas. Es necesario conocer de forma directa y profunda el nivel de vulnerabilidad de las personas, su biografía vital, el origen del trauma social o político, el nivel de desamparo o de victimización secundaria.

La percepción de peligro. En la medida en que construir un espacio seguro implica el acercamiento a las víctimas, supone afrontar el riesgo de generar daño. A la hora de conocer la percepción de peligro de cada persona es importante no quedarse en la literalidad de las peticiones, sino ahondar en los miedos que subyacen.

El uso del lenguaje. El lenguaje que da lugar, que acoge, el lenguaje de los derechos humanos contribuye a la humanización, porque se asienta en la dignidad de las personas.

Promover el aprendizaje y la sanación. El compartir nos permite desarrollar capacidades, construir fortalezas, estrategias de afrontamiento e integrar herramientas. Transitar dolores y situaciones similares. El dolor no se discute. Sin competir por la legitimidad del dolor y del sufrimiento.

Acordar los mecanismos compartidos que generen una percepción de seguridad. Es lo que permite que la vulnerabilidad pueda aflorar. Lo interesante es que cuando aparezca la inseguridad, la vulnerabilidad pueda acogerla y resignificarla. Co-crear con la persona o personas es vital para que los valores y necesidades de su momento presente puedan estar presentes en esa escucha, en esa conversación.

Mirada de igualdad-horizontalidad. Igualdad de condiciones. Los espacios seguros en ningún caso pueden ser creados de arriba a abajo y de forma desconectada a la realidad de las víctimas. No podemos mirarlas desde arriba, se trata de ponernos a su lado y acompañarlas en su proceso.

Acoger las necesidades de las personas. Requiere el arte de ver a la persona más allá de sus pensamientos, más allá de sus actitudes, para desvelar sus necesidades esenciales, que a menudo son comunes más allá de las emociones que pueda estar sintiendo y de las ideas que pueda expresar. A diferencia de una escucha terapéutica o psicológica, que se centra en la dimensión intrapsíquica de la escuchada, el interés central del proceso psicosocial recae en la dimensión “interpsíquica”: aquella que es en relación con los hechos, las demás personas, y en especial, el otro o la otra.

Evitar la victimización secundaria, terciaria y cuaternaria.

Carácter relacional y no transaccional. Evitar acercamientos transaccionales y buscar acercamientos relacionales. Respetar los tiempos de hablar y de callar. Cuidar los tiempos. Evitar la instrumentalización política.

No caducidad. Vigencia de los espacios seguros.

Devolver el control a la víctima. En contraposición a miradas paternalistas desde las que la víctima es una mera receptora o sujeto pasivo, desvalida e incapaz de tomar las riendas de su vida. La escucha contribuye a desactivar algunos de los miedos más profundamente arraigados en estas personas que son la exclusión y la utilización.

Como se observa, estos espacios seguros demandan un trabajo previo de alta cocina para las profesionales que desempeñan su labor en el campo de la facilitación, y un ejercicio no menos complejo para la persona que participa. La escucha es de vital importancia y existen múltiples formas de hacerlo. Nos pararemos en una de nuevo cuño que plantea Andrea García: la escucha vulnerable, término que “no implica ni la justificación ni la negación del dolor sufrido, sino la toma de conciencia sobre los factores que las originan, las conexiones con causas históricas y estructurales y con otras violencias que al silenciarlas se perpetúan. En la escucha vulnerable no se eliminan los antagonismos desde una idealizada reciprocidad o un ilusorio consenso. Lo que planteo aquí no es una fórmula, sino una invitación a ampliar la mirada y a caminar hacia el reconocimiento de las distintas violencias, teniendo en cuenta asimismo que hay contextos que posibilitan y otros que imposibilitan este tipo de escucha” (García González, 2022, pág. 234).

Con este planteamiento, Andrea García invita a establecer contextos (¿espacios seguros?) que permitan mover, remover y desplazar, abrir debates y problematizar binarismos. Nos habla también de que el desconocimiento deja de ser un lugar de comodidad y se favorece la corresponsabilidad. A modo de sucinto resumen de lo que sugiere, se destacan tres frases de su ensayo Calla y Olvida: “la escucha vulnerable permite entender las violencias y genera una apertura que habita la incomodidad y genera movimiento; es una escucha en la que la silla se tambalea, las certezas se desestabilizan, las dicotomías jerarquizantes se desafían; es una escucha que reconoce la diferencia y no ignora las desigualdades y dinámicas de poder y la posición que tenemos en ellas” (García González, 2023, pág. 125).

Michael Lapsley también quiso ir más allá del tratamiento del trauma individual cuando fundó el Instituto para la Sanación de los Recuerdos de Sudáfrica, donde la escucha forma parte de su ADN; en el instituto, se combina la orientación profesional, la formación de capacidades y el asesoramiento personal, con los talleres que buscan el “restablecimiento de la humanidad” en las comunidades. “El nombre de este proyecto, Ndabikun, significa `ahora es mi turno´, expresión con la que se subraya el doble enfoque del programa: por un lado, el reconocimiento de la contribución del colectivo y, por otro, la insistencia en que este asuma su responsabilidad personal a la hora de recurrir a la ayuda disponible. (…) La necesidad aún persiste” (2014, pág. 327), comenta en su libro Reconciliarse con el pasado.

Caminar restaurativamente

Como busca reconciliarse con el pasado el caminar restaurativamente, otra forma de sanación, que no de justicia, ya que, a nuestro entender, el nombre no le hace precisamente justicia, sino que, como señala el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, “se trata más de encontrarse, de dialogar con reflexión entre el responsable y la víctima sobre el hecho traumático que acaeció; no veo que trate de hacer justicia”.^[43] Por tanto, convendríamos más bien en denominarla círculo, camino o proceso restaurativo en el sentido de que lleva aparejado una evolución –a veces, revolución– en el interior de las personas que forman parte de estos encuentros. Tal vez se haya instaurado internacionalmente el término justicia debido a que su desarrollo normativo ha estado ligado desde sus inicios a la mediación penal (Caaveiro Ameneiro, 2021). Es más, son precisamente los departamentos de Justicia de las diferentes administraciones los que ofrecen este servicio. Ponemos como ejemplo el del Gobierno Vasco. (EJ/GV, Servicio de Justicia Restaurativa)

A las personas que llevan años sufriendo no les sirve que nos ciñamos a este más que interesante modelo para determinadas situaciones que, sin embargo, se encuentra muy pegado a la comisión del delito. Hablamos de ensanchar los muros y las miras. Para nosotras, caminar restaurativamente conforma una segunda oportunidad para el ofensor y, en ocasiones, una necesidad para la persona o el familiar que sufrió la vulneración de derechos humanos. Annabel Martín cree que “esta nueva ruta de vida para el victimario supone una salida del modelo de justicia retributiva y una entrada en la ética de la restauración” (Martín & Rodríguez, 2019, pág. 120).

De vez en cuando, en diversas ciudades del mundo, se realizan “encuentros de encuentros restaurativos”. Entre los días 20 y 23 de noviembre de 2023, el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) organizó en Donostia uno en el que reunió a personas del País Vasco, Bélgica, Alemania, Israel y Palestina, Italia, Norte de Irlanda, Escocia y Ucrania, que tenían en común la participación en diálogos tras la violencia política; una buena oportunidad para conocer diferentes experiencias de sanación. Los procesos restaurativos, sin crear falsas expectativas y con sus propias limitaciones, puede aportar aspectos de interés, aunando la ética del cuidado con el compromiso con los derechos humanos; es una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad, e igualdad de cada persona, crea entendimiento y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, personas ofensoras y comunidades. Sin embargo, en opinión de Esther Pascual ^[44], “la realidad es tan poliédrica que necesita una respuesta de lo más variado. Se necesita un proceso de paz que aborde muchos temas diferentes. (…) Pero esto no se consigue a través de los encuentros. Tiene que haber voluntad política para sanar estas heridas” (Martín & Rodríguez, 2019, pág. 121).

Al margen de actitudes y aptitudes, es verdad que el trauma personal no se desvanece fácilmente. Según numerosas investigaciones, el tiempo que no se ha utilizado para elaborar acciones constructivas en torno al duelo, para poner palabras a las emociones y emociones a las palabras, empeora el impacto personal y de la transmisión generacional, en una gran necesidad de barreras, de dividir, de separar lo nuestro de los otros. Sanar se vincula con la idea de recuperar la salud perdida, de restablecer, de traer de vuelta la dignidad o el derecho perdido para acceder esa “ética mínima” común que propugna Adela Cortina^[45] (Gomá & Cortina, 2023). Las violaciones de derechos humanos unidas a motivaciones políticas suelen tender a penetrar en el tejido social y dejar a las comunidades con heridas. En la medida en que las personas puedan tener sus emociones dañadas, la sociedad también puede experimentar perjuicio en sus emociones colectivas. Las relaciones y la confianza entre los colectivos que pueden percibirse antagónicos están deterioradas por la violencia y esto deja a las comunidades necesitadas de curación.

Lo conocido, lo de siempre, lo que habitualmente hacemos las personas es proteger lo nuestro y defendernos, mientras a su vez demandamos que otras se muevan y nos reconozcan. Las políticas públicas deberían intentar reconducir esa dinámica y facilitar un cambio de perspectiva para transitar de esa demanda de reconocimiento a sinceros ofrecimientos de dignidad humana, de futuro compartido y sanación social (Lederach, 2007). La sanación debería permitir tomar decisiones individuales y colectivas en beneficio propio y del interés común, sin que estén influidas directa o parcialmente por creencias y lealtades heredadas desde situaciones históricas de violencia social.

–Tiene gracia que ahora pretendan igualar el dolor y te pidan que pienses en los que sufren –observó–. De los suyos, claro. Durante décadas no les han importado los huérfanos ni las viudas ni el daño que hacían, y ahora que ya no pueden hacerlo hablan de piedad.

–La empatía con el enemigo es un arte jodido. No sólo para ellos.

–¿Crees que hay que pedirles perdón por algo?

–No todo se hizo bien, y quizá, es solo una duda que tengo, no sea buena idea que todas las denuncias de torturas que no llegaron a una condena judicial se deje, como se ha dicho, que las vea una comisión sólo de ellos, que va a tratar de ponernos a la peor luz posible.

–¿Qué propones tú?

–No sé. Quizá sería más inteligente que el Estado auspiciara una comisión de verdad independiente, y que el resultado final fuera una reparación de lo que ahí saliera que es justo reparar.^[46] (Silva, 2020, págs. 455-456)

Por lo tanto, ponemos en valor el concepto de responsabilidad afectiva, que estriba en ser capaces de expresar nuestras necesidades y emociones siendo respetuosas con las emociones de la otra persona. O lo que es lo mismo, tener consciencia de que lo que decimos y hacemos tiene un impacto en los demás y que los vínculos que establecemos con otros implican un cuidado mutuo.

Esos contextos los conoce muy bien Carlos Martín Beristain, que propugna que, “en el proceso de retejer relaciones sociales entre grupos cuya relación ha sido fracturada por la violencia, se necesita establecer mecanismos de diálogo y colaboración que favorezcan: 1) el respeto y reconocimiento mutuo de las personas, culturas y formas de organización; 2) la colaboración en base a objetivos comunes (por ejemplo, servicios, actividades sociales, etc.); 3) la participación de los diferentes grupos sin exclusiones en las actividades de encuentro o colaboración, buscando la afirmación personal y colectiva; 4) la búsqueda de espacios comunes, la ruptura de barreras físicas psicológicas de forma recíproca, mediante un proceso que favorezca el restablecimiento de la confianza; 5) la relación entre grupos erarios o sociales que tengan elementos de autoidentificación mutua y que pueda contribuir a superar los estereotipos sobre el otro grupo (por ejemplo, jóvenes)” (Justicia y reconciliación: el papel de la verdad y la justicia en la reconstrucción de las sociedades fracturadas por la violencia, 2000, págs. 32-33).

Terminaremos este apartado con el papel que juegan y han jugado las familias y el entorno más cercano. Cuando sucede un hecho traumático, es este núcleo el que ha permitido en muchas de las ocasiones que la persona afectada haya podido sobrellevar mejor las heridas, aunque indirectamente ellas también las soportaran. Han sido las acompañantes, las psicólogas y las psiquiatras, las que han hecho que el mundo personal no se desmoronara del todo. Han sido el bosque que ha mantenido el árbol en pie para que, poco a poco, pudiera volver a fortalecer sus raíces. Las que han facilitado la reconexión con la comunidad, las que – al estar a caballo entre ambos universos– tendieron lazos entre lo individual y lo colectivo. Sin temor a equivocarnos, podríamos determinar que no existe mejor acompañamiento psicosocial que el familiar en su expresión más amplia; pero, a veces, no hay más remedio que tirar de un pequeño o de un gran empujón profesional, y eso es lo que, sin lugar a dudas, debe facilitar la administración en colaboración con la sociedad civil.

Estas son algunas de las herramientas analíticas, clínicas y comunitarias que se proponen implementar. Ahora nos toca plantear fórmulas para apuntar posibles modelos de gobernanza y atisbar estructuras que organicen los servicios que las presten.

5. PROPUESTA(S) PARA CREAR UNA COMUNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

La sociedad asiste actualmente a un interesante debate sobre la necesidad de transformar el modelo de cuidados hacia la innovación, la participación y la personalización de los diferentes servicios sociales. En este sentido, múltiples instancias abogan por reconocer los cuidados como un derecho colectivo en el que los poderes públicos han de ser aval de los mismos. Diríamos que esa obligación de las instituciones por garantizar el bienestar de la ciudadanía podría resultar incluso más indispensable si cabe en el caso de las personas que han sufrido violencia política. Aunque también nos gustaba red, esa cultura de lo común que propugnamos nos reafirma en el término comunidad. Por lo tanto, la comunidad que se propone crear debería constituirse como un servicio público de atención integral a las necesidades de reparación individuales y colectivas, configurado en una red especializada y multidisciplinar cuya finalidad sería prestar asistencia coordinada para dar respuesta a las personas que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las graves vulneraciones de motivación política acaecidas durante el periodo de memoria reciente en el `caso vasco´.

Siguiendo las recomendaciones de los expertos y atendiendo a experiencias similares analizadas en el documento, se propone un proyecto que nazca de la sociedad civil, goce de total independencia y sea financiado con los recursos públicos suficientes para articular un sistema de acompañamiento psicosocial comunitario, con independencia del tiempo que haya pasado desde el hecho traumático. Una atención que no prescriba, sin fecha de caducidad, porque los tiempos de las personas que sufren no son los tiempos políticos o administrativos, sino que estas solo se deciden a hablar cuando están preparadas para hacerlo.

Asimismo, se sugiere un modelo de gobernanza participativo, con redes de colaboración interinstitucional y codiseño de políticas, que se desarrolle a través de una agencia coordinadora encargada de generar protocolos de actuación compartidos y de supervisar el buen funcionamiento de esta comunidad de cuidados a la que proponemos denominar Sendaoroi.

Así las cosas, consideramos recomendable que el ente o agencia que coordine todas estas políticas de acompañamiento —el núcleo duro de Sendaoroi– se encuentre estrechamente ligada a la estructura de primera atención que más adelante desarrollamos. La duda es si convendría hacerlo en dos estructuras o en una sola. De esta manera, además de acompañar a las personas usuarias, podrían implementarse desde allí tanto esa formación específica que calificamos de fundamental para el conjunto de las profesionales, como la gestión administrativa y ejecutiva del modelo de cogobernanza que finalmente se vaya a instaurar.

Vaya por delante que, de ninguna manera, el propósito es constituir una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) –obviamente trasciende con amplitud nuestros mucho más limitados fines–, ni seguir a rajatabla los Principios de París (Asamblea General de Naciones Unidas, 1993), pero sí reflexionar en torno a la posibilidad de recoger en cierta forma el espíritu que emanan estos organismos en términos de independencia y pluralismo.

Por lo que respecta a la financiación pública, al margen de las ayudas de la sociedad civil, se apuesta por la aprobación de partidas presupuestarias ad hoc en las diferentes instituciones vasco-navarras que se adhieran al proyecto. En cuanto a otras posibles fuentes de ingresos, invitamos a explorar la posibilidad de acceder al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura (ONU), programa que subvenciona la asistencia psicosocial para este tipo de graves vulneraciones de los derechos humanos. Cabe recordar también que la institución irlandesa Relatives for Justice recibe el apoyo económico de la Unión Europea, a través del programa PEACE PLUS (Parlamento Europeo), un plan para reforzar la paz, la reconciliación y la cooperación transfronteriza entre Irlanda y el Norte de Irlanda. Tal vez sea cuestión de consultar con la UE si puede ser factible establecer un programa de características similares para este nuestro proyecto, lo que sin duda le dotaría de un gran valor añadido.

La comunidad Sendaoroi, aunque probablemente fuera a tener su sede en un bien inmueble, no queremos ligarla a un lugar físico, sino más bien desearíamos plantear el proyecto como un macroespacio seguro; incluso podríamos hablar de una mobil home, con un alma itinerante que vaya allí donde pueda ser necesaria.

En definitiva, lo que se pretende constituir es una red que genere confianza y ayude a recuperarla, que fomente la esperanza de que es posible un futuro mejor para nos(otras) todas y que nos acompañe en los caminos de la convivencia después de tantos años entre encrucijadas. Transitando estas veredas, Sendaoroi ansía explorar nuevos senderos que nos acerquen…

5.1. …a formas de estructurar la comunidad

La tendencia del conjunto de las instituciones por una nueva cultura de lo común, en la que por encima de todo debe primar el interés general, nos habla de transparencia y de participación ciudadana en la gobernanza. También nos dirige hacia un modelo de cooperación y colaboración entre las administraciones públicas y los diferentes agentes sociales, con un concepto clave: el de la sostenibilidad social, tan de moda en los últimos tiempos. En este contexto, el modelo de cogobernanza público/privada de la comunidad de acompañamiento que proponemos es una consecuencia lógica de todo el argumentario que transpira el documento.

No se nos puede escapar el hecho de que hemos elegido ex profeso el término de comunidad de acompañamiento psicosocial al objeto de alejarnos de la idea conceptual de un centro físico donde se fueran a desarrollar todas y cada una de las coberturas asistenciales que se proponen en este documento. Si bien es cierto que proponemos una especie de núcleo duro (agencia) que coordine en cierta forma la actividad holística de la red en su conjunto, también lo es que plantearemos “externalizar” los servicios más especializados aprovechando la infraestructura institucional y la experiencia de determinados profesionales que ya vienen desempeñando su labor ligada al periodo de memoria reciente en aras de la convivencia, del fomento de los derechos humanos y de la salud mental.

A) Acompañamiento de primera instancia

Cualquier servicio de asistencia a la ciudadanía de calidad requiere de una atención cercana para garantizar su eficiencia y eficacia, máxime cuando, como en este caso, se trata de cuestiones tan delicadas que es necesario gestionar con mimo y dulzura. De forma habitual, los servicios de atención primaria se realizan combinando tres canales: presencial, telefónico y telemático, precisando de una infraestructura estable para un óptimo funcionamiento.

Por lo tanto, el papel de este equipo resultaría primordial. Y es que, en ocasiones, de la impresión, de la complicidad o del buen entendimiento que se genere en esa primera toma de contacto, dependerá el mayor o menor grado de confianza en el servicio de la persona usuaria, que, de inicio, lógicamente tal vez muestre ciertas dudas o recelos, dada la situación por la que está atravesando. Asimismo, esa primera entrevista facultará al profesional para hacerse con una composición de lugar de los servicios que probablemente se vayan a necesitar de entrada.

Para ello, es del todo imprescindible contar con un equipo permanente y dotarse de unos protocolos bien engrasados que permitan en todo momento saber cómo actuar, qué pasos dar y hacia dónde dirigir el acompañamiento ante los diferentes servicios asistenciales que finalmente se implementen.

El personal de este servicio de atención primaria requeriría previamente de una formación y una capacitación específica acorde a la importancia del papel que desempeñan. Estamos pensando en trabajadoras sociales, graduadas en víctimología, psicólogas, asesoras jurídicas…y personas con sensibilidad especial o que hayan ejercido su labor en el ámbito de los derechos humanos. Afortunadamente, las graves vulneraciones de motivación política finalizaron hace más de una década. Por lo tanto, no se necesitaría una asesoría legal para atender de urgencia a las personas afectadas. Lo que sí sería recomendable estructurar es un servicio de asistencia administrativa y jurídica que diera cobertura a las posibles gestiones que se puedan precisar por parte de las personas usuarias en determinados trámites o a la hora de conocer los derechos que les asisten en los diferentes textos normativos.

Además del primer contacto directo con las personas que han sufrido vulneraciones de motivación política y con sus familiares, el personal del equipo, en las sesiones que se requieran, iría recabando los datos para analizar cuál sería el camino más idóneo a recorrer basándose en los protocolos que vayan a establecerse. En todo caso, este primer nivel de atención debería ser la puerta de acceso a cualquier servicio de la comunidad de acompañamiento. De esta manera, sería interesante que las distintas administraciones, comités de valoración derivados de determinadas leyes, fundaciones, asociaciones y demás agrupaciones pusieran en conocimiento de Sendaoroi los eventuales casos que consideraran susceptibles de acompañamiento, lo que requeriría de una coordinación previa con todos estos organismos. Claro está que los particulares también podrían acudir motu proprio para informarse de o informar a este servicio de primera instancia.

Siempre desde el respeto más absoluto a la decisión de la persona que está sufriendo, asimismo podrían establecerse modos de acercamiento a aquellas sobre las que, pese a no solicitarlo, existan señales relativamente objetivas de que quizá podrían necesitar determinada asistencia.

Sin embargo, este primer nivel de atención no debería limitarse únicamente a “clasificar y derivar”, sino que podría ofrecer un acompañamiento informal que beneficiara de alguna manera en lo cotidiano. Sin caer en la dependencia, nos referimos a ejercicios tales como sentarse en un banco, ir de paseo, tomar un café o hacer la compra, espacios que facilitan que la persona usuaria se sienta escuchada y reconocida. A veces, no es necesario más. Se trataría, por tanto, de facilitar actividades imaginativas, incluso artísticas, que aportaran píldoras de equilibrio y de reconexión emocional sin estar ligadas una terapia clínica al uso.

No obstante –y tomando como modelo las oficinas de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco–, si la miembro del equipo detectara en la entrevista de acogida la conveniencia de que la persona usuaria iniciara una intervención terapéutica, podría derivar el caso a la psicóloga o psicólogas de primera atención; serían ellas quienes, en las dos primeras sesiones dependiendo de la complejidad del caso, podrían realizar una valoración emocional. El objetivo de estas entrevistas sería establecer una indicación y derivar a la persona a los servicios de atención psicológica o psiquiátrica si se considerara conveniente. Lo que se persigue con la inclusión de psicólogas en el equipo multidisciplinar de primera atención es tener profesionales dedicadas y formadas para asistir específicamente en este tipo de graves vulneraciones de derechos humanos.

Este servicio estaría enfocado a una atención individual. Sin embargo, también hemos constatado en este trabajo el deseo de algunas personas por compartir opiniones, sentimientos y dolores con otras fuera de su núcleo relacional o familiar, y del efecto sanador que, según numerosos estudios, reporta tanto en lo particular como en lo colectivo. Se entiende que esta tarea supera este primer nivel de atención y que habría que estructurarlo en el siguiente apartado.

B) Facilitación del bien común

Las personas somos seres sociales y, aunque sea caer en el tópico, la realidad es que hay más cosas que nos unen de las que nos separan. En ese anhelo por gestionar el sufrimiento individual y por sanar los recuerdos, parecen existir cuestiones fundamentales, como son la reparación social y el papel de los vínculos colectivos. Buscamos recuperar la confianza en nosotras mismas y en las demás, volver a conectar con la comunidad. “Lo que me pasó a mí, no se lo deseo a nadie”, subrayan al unísono numerosas víctimas, es decir, aunque no sepamos cómo canalizarlo, en la mayoría de las ocasiones, todas deseamos el bien común. Existen numerosas formas de caminar hacia ese objetivo sin necesidad de que medien terceras personas, pero sí se cree indispensable conformar una red estable de facilitadoras cuya misión sea favorecer estos encuentros en un entorno seguro donde se pueda hablar con tranquilidad, confianza y sin que nos hagan daño. Y es que, como señala Montserrat Iniesta, “no se va al ágora sólo para mirar, sino para intercambiar, mediar y charlar” (Iniesta Gonzalez & Iniesta, 2009, pág. 492).

Al preguntar a ChatGPT sobre el término facilitadora, obtenemos una respuesta bastante aceptable: “es una persona que ayuda a guiar y gestionar los debates y actividades de un grupo con el fin de lograr objetivos o resultados específicos”. Actúa como una tercera parte neutral que promueve la comunicación abierta, fomenta la colaboración y garantiza que se escuche a todas las participantes y se valoren sus contribuciones. Una facilitadora no suele adoptar un papel activo en la conversación, ni aportar soluciones, sino que sirve de guía para ayudar a los miembros del grupo a generar sus propias ideas y llegar a sus propias conclusiones.

Actualmente, ya se vienen desarrollando en Hego Euskal Herria diversas iniciativas de espacios de diálogo que cuentan con la participación de facilitadoras en posesión de ciertos conocimientos del `caso vasco’; aunque entendemos que no es una condición sine qua non, ello les permite conocer el contexto de memoria reciente en el que se dieron estas graves vulneraciones de derechos humanos y entender ciertos aspectos subyacentes. Así, algunas facilitadoras están acompañando en los procesos de convivencia que vienen desarrollándose en diferentes municipios vascos, otras han posibilitado círculos de reparación del daño entre personas con victimizaciones de diferente signo, o también participan en la iniciativa más conocida, los procesos de diálogo restaurativo entre responsables y víctimas, principalmente en las cárceles, pero también fuera de ellas.

Queremos poner en valor el importante papel dinamizador de las facilitadoras y los métodos de escucha desde el respeto a la dignidad humana de todas las personas. Con este proyecto de comunidad, además de impulsar procesos para la sanación individual y colectiva, se pretende favorecer caminos novedosos que generen convivencia, como, por ejemplo, explorar fórmulas para restaurar heridas sin que obligatoriamente tengan que existir víctimas o victimarios directos, sino que a veces participen voluntariamente personas como representantes de un colectivo, entidad o institución que, por los motivos que fuere, causaron daño a la persona sufriente. Asimismo, se plantea imaginar más allá de las recetas ortodoxas de lo que se denomina justicia restaurativa. Otra idea es que, a medio plazo, nos atrevamos a que algunos encuentros puedan salir de un entorno seguro y semi-privado al espacio público. “Hay que sacar este círculo de esta sala y darle visibilidad”, decía el CEO de Relatives for Justice.^[47] Puede que ahora no sea el momento, pero tiene que llegar

Para que estas y otras iniciativas florezcan, se entiende necesario organizar unas jornadas dirigidas a profesionales de diferentes disciplinas que aborden el acompañamiento psicosocial en su conjunto y sean el embrión para ampliar el listado de personas con capacidad contrastada para facilitar estos encuentros. Por el momento, sí se podría contar con una decena de expertas que, de una manera u otra ya vienen desempeñando esta labor, tanto en el ámbito académico como en el sociocomunitario. Así, apostamos por encargar/externalizar esta tarea a profesionales particulares que, a buen seguro, dotarán de mayor agilidad y flexibilidad al servicio.

C) Atención psicológica y psiquiátrica

Evaluar las técnicas de asistencia de salud mental y servicios que se pueden implementar contando con el asesoramiento de psicólogas y psiquiatras que han atendido a víctimas de violencia de motivación política es sustancial. Desde una perspectiva global, observamos que el acompañamiento debe ofrecer seguridad, un trato digno, reconocimiento, información y acciones de reconstrucción y rehabilitación encaminadas a retomar el control de la vida. Sin embargo, a veces no es suficiente con aplicar las medidas y acciones que se han desgranado en los apartados anteriores. Cuando se torna necesaria una terapia clínica para tratar daños psicológicos de calado, hasta el momento, las administraciones no se han dotado de protocolos o de programas de atención desde la sanidad pública, derivando los casos de apoyo psicoterapéutico a consultas privadas en la mejor de las situaciones.

Los servicios públicos de salud Osakidetza y Osasunbidea poseen redes de salud mental en las cuatro provincias: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.^{^[48]} Se trata de servicios genéricos que carecen de personal o de unidades especializadas para tratar daños psicológicos derivados de la violencia de motivación política.

El psiquiatra Iñaki Markez critica las “insuficientes” iniciativas institucionales en este ámbito y considera que “en un proceso de reparación clínica debemos evaluar el trabajo a desarrollar, identificar los problemas, tener un conocimiento amplio del contexto socio-ideológico, desarrollar redes de intervención, mantener un seguimiento y evaluación, abrir e implicar al sistema de salud público, identificar situaciones de riesgo y preparar estrategias de intervención para las personas que requieran mayor atención terapéutica. Hablamos de intervenciones a medio y largo plazo para las víctimas que muestran sufrimiento psicológico.” (2014, págs. 169-170)

En consonancia con estas recomendaciones, se plantea desarrollar programas de capacitación para profesionales públicos y privados de la salud mental que les dote de herramientas para atender de forma específica a las personas que han sufrido violencia de motivación política. Asimismo, se propone a los servicios vascos y navarros de salud que implementen una unidad especializada en estos casos dentro de sus redes de salud mental. Se trataría de que, desde Sendaoroi o desde las direcciones de derechos humanos, se derivara a las personas usuarias que lo necesitaran a esas unidades públicas especializadas. Paralelamente, se podría crear otra red de psicólogas y psiquiatras del ámbito privado que pudieran asistir a estas personas en el caso de saturación o falta de medios de los servicios públicos, o por preferencia o indicación de las usuarias a fin de ser atendidas por un profesional concreto. Para todo ello, sería necesario establecer los correspondientes protocolos.

D) Asistencia laboral

Las personas que han sufrido o ejercido violencia presentan a menudo dificultades para incorporarse al mundo del trabajo. En este área se plantea ofrecer una orientación junto con los servicios públicos de empleo para encontrar una salida laboral adecuada a estas situaciones particulares.

El Servicio Vasco de Empleo Lanbide, a través de un programa especializado, tiene articuladas medidas para “facilitar la orientación e inserción laboral de quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos de singular gravedad como consecuencia de un acto terrorista”. Dicho programa ofrece un sistema de acompañamiento gratuito que permite desarrollar actuaciones en materia de orientación para el empleo, con el objeto de mejorar la ocupabilidad de estas víctimas o reorientar, en su caso, su vida profesional, a partir de un plan personalizado de inserción laboral. Para ello, basta con rellenar un formulario en internet para que Lanbide se ponga en contacto con la persona solicitante.

Mientras, la administración navarra, al objeto de prestar la mejor atención en el ámbito laboral de aquellas personas que como consecuencia de un acto terrorista sufran daños que les imposibiliten para el normal desempeño de su puesto de trabajo, también tiene “planes de reinserción profesional y programas de autoempleo que, siempre con carácter gratuito, permitirá la mejor adaptación de dichas personas a la actividad laboral. Además, generará las ayudas que estime oportunas para facilitar a los afectados la creación de nuevas empresas” (BON, Ley Foral 9/2010, artículo 22). La responsabilidad de estos programas recae sobre el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare.

El planteamiento sería que Sendaoroi firmara un convenio con Lanbide para extender este programa especializado a cualquier persona que las direcciones de derechos humanos consideraran con datos objetivos que hubiera sufrido graves vulneraciones de derechos humanos de motivación política, sin esperar a que la misma sea reconocida oficialmente como víctima por alguna de las leyes que se encuentren en vigor en ese momento.

5.2. …a todas las personas que siguen sufriendo

Hay que estar del lado de las que sufren. No importa quién sea. Bajo ese insistente mantra que recorre el documento, abogamos firmemente por acompañar a toda persona que lo necesite y lo requiera. Olvidémonos de si le ampara alguna ley o no. Las leyes humanas están muy por encima de las leyes de los humanos. Olvidémonos de si son reconocidas como víctimas o no. Olvidémonos de si se conocen a los autores o no. Olvidémonos de si se trata de personas que sufrieron directamente la vulneración o pertenecen a su entorno más cercano. Olvidémonos de si a su vez fueron responsables. Olvidémonos incluso de si únicamente fueron ofensores. En estos “olvidos” cargados de memoria, hay una sola cosa que debemos recordar: que existen personas que siguen sufriendo las consecuencias de aquellos años de violencia y, como sociedad, nos corresponde y beneficia atender a su dolor.

¿Y cuál es la pauta que debe regir este acompañamiento? Muy simple. Aunque resulte paradójico, trabajar junto a esas personas sin centrarse en ellas. También es primordial acercarse a todas y no trabajar en compartimentos estanco en función de quién causó el daño. Este ejercicio puede requerir de cierta “despolitización” en la asistencia, en el sentido de que la terapeuta o la acompañante tiene que obrar sin ningún tipo de prejuicios. Ello no quiere decir que no haya que tener en cuenta el contexto en el que se produjo el hecho traumático y las circunstancias sociopolíticas de cada cual, sino que nos referimos a que no influya de ninguna manera en los servicios que se presten y en el modo de hacerlo. Sin embargo, no hay que hacerlo todo igual. Al contrario, en ese acercamiento se cree esencial intentar acompañar a la persona ofreciéndole un traje a medida en función de sus particularidades.

Pero ¿cómo nos acercamos y por qué se torna necesario atender a todas las que lo necesiten? La identificación para el acercamiento podría venir de informes, de bases de datos, de asociaciones, de comisiones de valoración, de los propios familiares y amigos… Es una cuestión compleja que se debería analizar pausadamente para no irrumpir bruscamente en la privacidad de estas personas. No obstante, se plantean ideas tales como enviar cartas a las víctimas reconocidas o en proceso de reconocimiento, acercarse a través del entorno más cercano, que lo haga la asociación a la que pertenece o sea afín, llamadas telefónicas para dar a conocer el acompañamiento que se presta, etcétera.

La atención a todas las personas afectadas por la violencia acaecida en el `caso vasco´ debe ser una máxima innegociable. Carlos Martín Beristain considera que “todos los sufrimientos tienen que ser reconocidos, no solo aquellos con los que nos sentimos afines políticamente” (2023). Pero no solamente por este motivo, sino porque no se puede desvincular el impacto individual de una perspectiva social, dado el carácter político de las violaciones de derechos humanos, la importancia del contexto y las respuestas institucionales. Si se utilizaran compartimentos estancos, perderíamos esta perspectiva de subordinar los intereses del individuo a los de la sociedad en general. Lou Marinoff asegura que “la medida de nuestra valía como seres humanos no es el éxito en servirnos a nosotros mismos, sino el éxito en servir a los demás”. (El ABC de la felicidad: Aristóteles, Buda y Confucio, 2006, pág. 706).

Está claro que hace falta tiempo para hablar, que hay que ir despacio, pero hay que ir. Hay que arrancar, máxime cuando se trata de dolores que llevan décadas en el interior de las personas sin ser atendidos adecuadamente. “Andamos todos muy tarde. Hay una sensación de que no vamos a acabar nunca”^[49], observa taciturno Paco Etxeberria,

El reto de Sendaoroi sería facilitar esos caminos y diálogos de reconexión. Acercarse a las personas que han sufrido para que, si es posible, en el futuro puedan llevar una cicatriz que apenas duela, o solamente quizá en ocasiones, como esa vieja herida que a veces molesta un poco cuando anuncia tormenta.

Con todo ello, buscamos caminar hacia una especie de pacto social que mire de frente a los problemas no resueltos que dejó la violencia de motivación política en el periodo de memoria reciente, acompañe y reconozca a todas las personas que la sufrieron y establezca políticas públicas de no repetición –esa gran olvidada– tendentes a mejorar la convivencia real y subliminal.

EPÍLOGO: LAS RAÍCES, EL ÁRBOL…Y LOS BOSQUES

Honi ha-Má’ggel vio una vez, durante sus viajes, a un anciano plantando un algarrobo. Le preguntó cuándo creía él que el árbol iba a dar sus primeros frutos.

–Dentro de setenta años –fue su respuesta.

–¿Acaso esperáis, anciano, vivir setenta años y comer el fruto de vuestro esfuerzo?

–Yo no me encontré un mundo desolado cuando entré en él –respondió–, y al igual que mis padres plantaron árboles para mí antes de que yo naciera, así los planto yo para aquellos que vendrán después de mí.

Talmud

¡Qué importante es la tierra! Cultivar, plantar y esperar para que, luego, si todo va bien alguien pueda recoger sus frutos. Y qué difícil es hacerlo en tierras inhóspitas, arar entre piedras. Una virtud, la de crecer en condiciones adversas, que –aseguran– posee el algarrobo. En las antiguas civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo, este árbol era considerado un símbolo de alimento, tenacidad y memoria colectiva, un punto de contacto entre el pasado y el presente. Lo califican de mnemotopo (y es un bello concepto, algo así como ‘memoria cultural’ o de lugar, una planta en la que confluyen las tradiciones, la historia, y el vínculo emocional de las generaciones). Así, en Andalucía muchos ejemplares centenarios van unidos a nombres de personas y a antiguos relatos.

El algarrobo y su soledad. Su porte de amplia copa, su longevidad que puede llegar a siglos y sobre todo su sistema radicular para aclimatarse a la falta de agua, han hecho de él un árbol mítico. En un ejemplo de actitud resiliente, sus raíces se extienden entre 30 y 40 metros en busca de humedad y de los nutrientes necesarios para sobrevivir. Aparentemente no necesita compañía, ni está preparado para habitar bosques. O puede que no haya tenido más remedido que adaptarse a ello. Ahí, bien plantado, asentado en sus raíces infinitas, nos recuerda el Sumud. “El algarrobo es Dios: él jamás llora; el algarrobo es diablo: nunca reza; no necesita nada en su grandeza; nada pide jamás, ni nada implora”. (León Barandiarán) Y siendo así, sin solicitar nada a cambio, nos demuestra una bondad sempiterna a la hora de ofrecer sus dulces frutos al caminante.

Ya para los druidas el milenario olivo encarnaba la ternura, la amabilidad, la paz y la alegría, aquellas palomas portando esperanza entre sus picos. Y qué decir del pino canario, con esa capacidad para sobrevivir a las llamas. Gracias a su corteza, puede reverdecer en tan sólo dos años. Muchas otras coníferas exudan resina cuando se produce una herida, lo que impide la entrada de hongos y otros organismos patógenos.

Sí, los árboles simbolizan la esperanza, la vida que conecta todas las formas de creación, esa tonalidad verde que, no por casualidad, hemos querido dotar de presencia en este negro sobre blanco. También existen ejemplares considerados sagrados, como lo es para muchas vascas ese roble antiguo al que piden conservarse lozano, en primavera eterna, para que dé y extienda su fruto por el mundo. Ese mundo en el que viven tantos árboles de la vida, del conocimiento, tantos árboles mágicos… Nos agrada pensar que tal vez, de una forma u otra, todos lo sean.

Aunque no todos los árboles somos algarrobos u olivos, o gozamos de una corteza especialmente protectora. Los más, tendemos a vivir en comunidad, en eso que llaman bosque. Quizá no necesitamos raíces tan profundas, pero ¡qué profundidad atesoran nuestras raíces! Nos ayudan a mantenernos en pie, a alimentarnos, a tocarnos, a conectar por debajo sin que nos vean. Conscientes de la relevancia de las raíces, algunos árboles, sobre todo los más viejos, sacamos parte de las nuestras al exterior. Tal vez son señales de creernos arraigados en lugares seguros, confiando en que la tempestad no pueda derribarnos, ni a los míos ni a nosot(otros).

Pero, a veces, pasa. Caemos. O se nos debilitan las raíces. Al fin al cabo, en cierta forma, todos somos vulnerables. Es cierto que el bosque, sea pequeño o grande, nos ayuda a mitigar esos embates que llegan sin avisar, pero nadie está a salvo completamente. Hay algunos árboles, como nuestros amigos los canarios, que renacen de la quema sin más. Existen otros a los que sus heridas les permiten medianamente sobrevivir y prefieren que no nos aproximemos demasiado. La mayoría, sin embargo, agradece que el resto extendamos nuestras raíces protectoras hacia ellos, para que, poco a poco, puedan ir fortaleciendo y sanando las suyas. Seguramente en el futuro sean ellos los que las acerquen para sostener a otros.

Aunque nuestra situación sea más delicada o suframos peor los achaques del invierno, aplicando un cuidado mutuo, procuramos que la primavera nos alcance por igual:

Al olmo viejo, hendido por el rayo

Y en su mitad podrido

Con las lluvias de abril y el sol de mayo

Algunas hojas verdes le han salido…

Admiramos a los ejemplares que se encuentran en el extremo del bosque; son los que nos proporcionan el bienestar en el interior. Es curioso, juntos favorecemos que llueva más asiduamente y con menor intensidad, permitiendo mantener un clima ideal para nuestra pervivencia y la del ecosistema.

Más allá de nuestras lindes, tan cerca y tan lejos de los caminos, existen otros bosques que no pueden ser tan diferentes al nuestro. Lo sabemos por las semillas que nos han traído los animales que vienen a alimentarse con nuestros frutos. Muchas han germinado aquí –y probablemente algunas de las nuestras, lo han hecho allí–. Todavía predominamos las hayas, pero también vivimos robles, castaños, nogales y otras variedades. Es verdad, las estaciones no nos afectan por igual, tenemos nuestras particularidades y no siempre las entendemos del todo. Estamos los de hoja perenne y caduca, los frutales y las coníferas, pero en términos generales podríamos decir que la diversidad nos sienta bien. Entre todos formamos el bosque y vamos aprendiendo a cuidar lo nuestro y de los nuestros, del bien común.

Además de los animales, en ocasiones, recibimos también la visita de unos seres extraños. A veces, nos queman, nos talan o nos hacen desaparecer; otras veces, nos podan para crecer con más fuerza, nos abrazan o nos traen otros ejemplares diferentes con los que debemos aprender a convivir. Nuestro bosque acoge a todos sin preguntar. A la ardilla y al zorro, al búho y al oso, al musgo y al helecho, al insecto, y a otras especies… Entran y salen cuando les place, porque saben que nuestras raíces permanecerán ahí si quieren volver, si nieva, si arrecia tormenta, si viene el lobo (que también será bienvenido). Aquí, todos los que habitamos el bosque tenemos nuestra función particular, pero la nuestra, la del bosque es procurar mantener en pie a cualquier especie de árbol independientemente de las inclemencias sufridas. Y es que nuestro bosque tiene alma y, en el alma de cada árbol, se encuentra el bosque.

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^[1] Testimonio recogido por Olatz Dañobeitia de Ainara Gorostiaga en el parlamento de Navarra, dentro de las iniciativas denominadas Hitzorduak (citas) organizadas por el Foro Social buscando crear un espacio seguro para el diálogo y construcción de convivencia. (6 de abril de 2017).

^{^[2]} La paciente, a sus 25 años, acude a tratamiento de pareja debido a los problemas de relación que presenta. Está diagnosticada de TEPT y un trastorno de ansiedad.

^{^[3]} Palabras de Pili Zabala en el círculo de diálogo con distintas personas afectadas por el `caso vasco´ celebrado el fin de semana del 27 al 29 de octubre de 2023 en Olazti (Nafarroa).

^{^[4]} Situación de violencia colectiva multilateral de motivación política producida a partir de finales de los años 60 principalmente en Euskal Herria, pero que se extendió e implicó también a los Estados español y francés durante décadas.

^{^[5]} No vamos a negar que se trata de una traducción, aunque un tanto sui generis, del Instituto para la Sanación de los Recuerdos de Sudáfrica, organismo fundado por Michael Lapsley, un sacerdote anglicano comprometido en la lucha contra el apartheid, que recibió en 1990 un paquete-bomba y, como consecuencia, perdió sus manos y uno de sus ojos. Tras este atentado, el padre Lapsley percibió la necesidad de sanación y reconciliación de la Sudáfrica del pos-apartheid y redescubrió su vocación: usar su experiencia traumática para promover la sanación de otros, primero en Sudáfrica, y después también en todo el mundo.

^{^[6]} Huelga decir que Sendaoroi no hará ningún tipo de distinción y acogerá en su casa a toda persona que sufre, independientemente de quién o qué se lo provocó.

^[7] “Solo se reivindicaba el cumplimiento de los derechos humanos cuando afectaba a un colectivo y no cuando afectaba a otro”.

^[8] Asociación de la que soy miembro secretario/tesorero.

^[9] Intervención de Pau Pérez en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023).

^[10] Los vocablos en guaraní no están acentuados, ya que en esa lengua toda palabra que termina en vocal es aguda. La pronunciación es “oré” y “ñandé”.

^[11] Estos cuatro axiomas han ido emergiendo en la esfera global del derecho internacional de los derechos humanos como los marcos para entender el abordaje legitimo a los procesos de violencia política.

^[12] El marco jurídico, por lo tanto, nos va a dar una buena pista sobre cómo encajar la propuesta, pero se insiste en que ello no puede ser óbice para transitar más allá del encaje normativo si lo que se quiere es dotar al proyecto de un enfoque holístico y heterodoxo en favor de la salud y la convivencia.

^{^[13]} Cabe señalar que anteriormente, la Ley 35/1995 de Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y Contra la libertad sexual ya contemplaba en su articulado de Servicios de Atención a la Víctima en todo el Estado. A pesar de que se amplía el espectro de víctimas que pueden recibir acompañamiento psicosocial, llama la atención que las citadas oficinas se articulen en los departamentos de Justicia y no, por ejemplo, en Servicios Sociales. Y llama la atención porque en el espíritu de la ley se asevera que se pretende ampliar el espectro más allá de los tribunales. En cuanto al ámbito de violencia de motivación política que nos compete, quizá ninguno de los dos departamentos sean las áreas más adecuadas, sino que institucionalmente podría tener mejor encaje en las direcciones y/o viceconsejería de derechos humanos.

^{^[14]} Era el único miembro de la UE en el continuaba activa la violencia colectiva de motivación política, lo que aceleró el proceso ante la presión de determinados colectivos de víctimas. Bien es verdad que los deberes estaban muy adelantados en parte por el liderazgo de un Gregorio Peces Barba que luchó por ella años antes, cuando era alto comisionado, siendo destinataria en sus orígenes “para el conjunto de las víctimas del terrorismo, incluido el llamado terrorismo de Estado” (Rodríguez Uribes, 2022, pág. 13). Más tarde, estas víctimas fueron excluidas por el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) a través de una enmienda en los Presupuestos Generales de Estado para 2013.

^{^[15]} Es lo que pretendía, entre otros fines, el grupo político Elkarrekin Podemos cuando en febrero de 2020, justo un día antes de disolverse la cámara, presentó en el Parlamento Vasco la proposición de Ley de Derechos Humanos para la Consolidación de la Paz (2020), un texto que además ambicionaba englobar a todas las víctimas en un mismo precepto normativo, con el objeto de superar la legislación vigente que segrega a las mismas y a sus derechos en función del victimario. De esta manera, se proponía velar por la salud pública de la ciudadanía afectada por la violencia de motivación política durante el periodo de memoria reciente, aplicando un planteamiento de sanación integral a los problemas sociales y conductuales que causaron un sufrimiento individual y un deterioro en la calidad de vida de la comunidad. Se planteaba asimismo configurar una unidad especializada y un servicio público cuya finalidad fuera prestar asistencia y/o atención coordinada para dar respuesta a las personas que así lo soliciten en los ámbitos jurídico, psicológico, y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa y terapéutica que fueran pertinentes. Sin embargo, acabada la legislatura, el texto no se retomó en la presente, por lo que no existe nada regulado al respecto.

^[16] Información recibida el 30 de noviembre de 2023 tras la solicitud realizada al Gobierno Vasco para conocer iniciativas que destacarían a lo largo de estos años y que tal vez pudieran ser desconocidas.

^[17] El Ministerio del Interior, en cooperación con las comunidades autónomas y en el marco de la normativa que regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, “desarrollará las medidas necesarias para que los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, que como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación del RD 671/2013, padezcan problemas de aprendizaje o adaptación social, puedan recibir apoyo psicopedagógico prioritario y gratuito». (Navarro, V., & otras, 2015, pág. 118)

^[18] De cara a realizar propuestas para conformar una comunidad de acompañamiento, puede resultar interesante el modelo de gestión de ayudas complementarias que tramita la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en el sentido de que es un organismo público/privado quien se encarga de coordinarse con la administración y ver la forma de poder asistir o financiar la asistencia psicosocial que se requiera.

^[19] En este sentido, señalan que “el Departamento de Psicosocial de la AVT trabaja en la detección y diagnóstico de factores de riesgo; detección y evaluación de factores psicopatológicos asociados al hecho traumático (atentado terrorista); asesoramiento técnico y apoyo a las personas con dificultades; proposición y articulación de itinerarios psico y socio terapéuticos, educativos, formativos y de orientación laboral; apoyo en el acceso a talleres, programas de ocio, tiempo libre y salud; y fomento de la creación de redes sociales y el trabajo en red” (AVT, s.f.) Además, –aseguran– el equipo de psicosocial desarrolla actividades de atención psicológica, orientación e inserción socio-laboral, atención social, gestión de ayudas sociales, asistencia a juicios, solicitud de subvenciones y organización de talleres y actividades con los asociados, entre otras.

^[20] Intervención de Jorge Txokarro en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023).

^[21] Información reportada por Olatz Barrenetxea el 4 de diciembre de 2023 tras la solicitud para que realizara un breve resumen de las iniciativas en las que ha participado. cómo se han financiado, y también, si fuera posible, las carencias y dificultades que ha encontrado en el camino.

^[22] La persona que hasta este año 2023 ha sido director del IVAC, José Luis de la Cuesta Arzamendi, ostenta la presidencia del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, un foro en el que por el momento no tienen presencia las personas afectadas por el terrorismo de Estado.

^[23] Intervención de Elizabet Lira en la jornada Salud mental y víctimas de motivación política, organizada por Berridatzi Elkartea. (19/04/2023)

^[24] Intervención de Lorena López Osorio en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023)

^[25] Intervención de Yenny Lloret Fernández en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023)

^[26] Intervención de los fundadores del ITEI, Andrés Gautier y Emma Bolshia, en la jornada Salud mental y víctimas de motivación política, organizada por Berridatzi Elkartea. (19/04/2023)

^[27] “El taller –explica Lapsley– constituye una poderosa experiencia a nivel psicológico, emocional y espiritual, que a menudo califico de engañosamente sencilla. Esto se debe a que parece fluir inevitablemente y sin tropiezos desde el principio hasta el final. Este sentido de inevitabilidad nace de una secuencia de actividades diseñadas minuciosamente y supervisadas atentamente por un equipo de facilitadores adiestrados en la flexibilidad y el sentido de percepción necesarios para ir animando con suavidad a los participantes en su recorrido. Lo ideal es poder organizar el taller en régimen de internado, para que los participantes puedan verse libres de las ocupaciones, de las distracciones y, en muchos casos, las complicaciones de su vida diaria. El número habitual de participantes es de unos veinticinco, a los que se añade un facilitador para cada grupo pequeño de cinco o seis personas, y un facilitador principal encargado de marcar la pauta y presidir las sesiones del grupo completo”. (Lapsley, 2014, págs. 295-296)

^[28] Intervención del CEO de Relatives for Justice, Mark Thompson, en la jornada Salud mental y víctimas de motivación política, organizada por Berridatzi Elkartea. (19/04/2023)

^[29] Intervención de la subdirectora de Relatives for Justice, Andrée Murphy, en la jornada Salud mental y víctimas de motivación política, organizada por Berridatzi Elkartea. (19/04/2023)

^[30] Utilización de extractos de entrevistas con víctimas del terrorismo en la CAPV, considerados como ejemplos de su percepción de la situación o de buenas o malas prácticas. Estos extractos proceden de investigaciones anteriores del Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC-KREI) realizados entre los años 2011 y 2013.

^[31] Palabras de una víctima de violencia institucional en el círculo de diálogo con distintas personas afectadas por el `caso vasco´ celebrado el fin de semana del 27 al 29 de octubre de 2023 en Olazti (Nafarroa).

^[32] Participante de un círculo organizado por Berridatzi Elkartea en febrero de 2022.

^[33] Extractos de las impresiones del círculo con cuatro víctimas de diferente signo celebrado en la jornada Salud mental y víctimas de motivación política, organizada por Berridatzi Elkartea. (19/04/2023)

^[34] Conversación informal tras la intervención de Yenny Lloret Fernández en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023)

^[35] Intervención de Paco Etxeberria en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023).

^[36] Intervención de Olatz Barrenetxea en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023).

^[37] Participación de la consejera en la apertura del curso académico del Instituto Vasco de Criminología IVAC-KREI 2023-2024

^[38] Intervención de Pau Pérez en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023).

^[39] En árabe significa firmeza o perseverancia constante; un valor cultural, un tema ideológico y una estrategia política que surgió por primera vez entre el pueblo palestino al experimentar la opresión y organizar la resistencia ante la ocupación israelí tras la guerra de los Seis Días de 1967.

^[40] ¿Cómo pensar los dispositivos de salud comunitaria para aquellas personas que no quieren realizar ese proceso?

^[41] Intervención de Paco Etxeberria en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023).

^[42] La asociación Berridatzi Elkartea ha encomendado a estas tres personas la redacción de un informe en el que se teorice, se diagnostique y se desarrollen reflexiones sobre estos espacios (borrador de noviembre de 2023).

^[43] Encuentro personal con el relator especial de la ONU sobre verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición en la oficina del Ararteko en Bilbao el 1 de diciembre de 2023 para conversar con sobre el “encuentro de encuentros” celebrado en la CAPV entre los días 20 y 23 de noviembre.

^[44] Alma mater de la vía Nanclares.

^[45] La «ética mínima» tendría como base el concepto de dignidad humana. Para Adela Cortina, “la clave es respetar esa dignidad. Y respetar quiere decir no instrumentalizar a los seres humanos, ni con vistas a la política ni al dinero, y sí empoderarlos para que puedan seguir adelante. Porque, como decía Kant, tienen dignidad y no un simple precio”. Entrevista en la revista ethic junto Javier Gomá.

^[46] Conversación entre los oficiales Bevilacqua y Chamorro en la novela El mal de Corcira.

^[47] Intervención del CEO de Relatives for Justice, Mark Thompson, en la jornada Salud mental y víctimas de motivación política, organizada por Berridatzi Elkartea. (19/04/2023)

^[48] Ofrecen diferentes niveles asistenciales que pasan por la atención de la salud mental y la asistencia psiquiátrica –que incluye el diagnóstico y seguimiento clínico, la psicofarmacoterapia y las psicoterapias individuales, de grupo o familiares–, y la asistencia ambulatoria especializada, en régimen de ‘hospital de día’ y de hospitalización para procesos agudos, reagudización de procesos crónicos, o realización de tratamientos o procedimientos diagnósticos.

^[49] Intervención de Paco Etxeberria en la jornada Tortura: pasos hacia la reparación, organizada por la Red de Personas Torturadas en Navarra. (17/11/2023).